La oposición exigió debatir en el Congreso el rol de las FFAA

Dirigentes de distintos espacios de la oposición cuestionaron ayer la decisión del gobierno nacional de habilitar a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de "seguridad interior" y reclamaron que se discuta ese cambio en el Congreso.

El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria (FpV) consideró como una "degradación de la democracia y el estado de derecho" el cambio en la política de defensa anunciada por el presidente Mauricio Macri, al tiempo que reclamó que el tema sea debatido en el Congreso.

"Desde 1983 es una política de Estado separar la defensa nacional de la seguridad interior. Involucrar a las Fuerzas Armadas en asuntos de narcotráfico es ilegal y en países como México, Colombia y Brasil fracasó, lo que generó una revisión de esa decisión", advirtió el bloque opositor.

En esa línea, el jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, destacó que ni siquiera Estados Unidos aplica la doctrina que ahora impulsa Macri, ya que ese país "mantiene la diferencia de roles y separación entre Defensa y Seguridad".

"Como en tantas otras cosas, Macri atrasa y busca distraer a la ciudadanía con cuestiones ineficaces e ilegales", advirtió el ex ministro de Defensa nacional, en declaraciones a La Ocho.

Además, Rossi enfatizó: "Quieren militarizar el país. Casualmente, cuando recrudece la crisis social por el ajuste y el pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), apelan a la demagogia punitiva y continúan su degradación de la democracia y el estado de derecho".

En sintonía, el diputado nacional del Frente Renovador (FR) Felipe Solá dijo que "si quieren reformar las Fuerzas Armadas y derogar las leyes existentes, que vengan a discutirlo al Congreso".

Por su parte, el dirigente del MST Alejandro Bodart advirtió que la medida anunciad apro Macri "es el inicio de un camino para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir frente a la hipótesis de la conflictividad social".

En tanto, la detenida líder de la Túpac Amaru, Milagro Sala, consideró: "Macri da asco. No puede ser que quiera parar la indignación de miles de argentinos con esto".

Asimismo, la directora de Seguridad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Paula Litvachky, atribuyó la medida a que el gobierno "necesita sobredimensionar el aparato de seguridad en épocas de conflictividad social".