La Legislatura provincial impulsa jornadas sobre combate a la economía del delito

La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe pondrá en agenda esta semana la problemática de la economía del delito. Lavado de activos, corrupción y defraudaciones al fisco y a privados, serán algunos de los temas en debate. Todos ellos vinculadas, en muchos casos, al narcotráfico y al crimen organizado.

A partir de un proyecto de la diputada provincial Lionella Cattalini, se desarrollará un ciclo de jornadas de debate con diversos ejes temáticos que arranca el miércoles próximo con un primer tema: “Lavado de activos. Abordajes interdisciplinarios, estructuras societarias y de mercados”. Las próximas convocatorias serán: “Transparencia, cumplimiento normativo, planificación fiscal y económica” (21 de junio), “Prevención e investigación administrativa de actividades que generan ganancias ilícitas” (27 de junio), e “Investigación y sanción penal de delitos económicos” (5 de julio). La apertura y primer encuentro tendrá lugar en el auditorio del Colegio de Abogados de Rosario (buleva Oroño 1542) y participarán especialistas de diferentes áreas y disciplinas a nivel local, regional, nacional e internacional.

El presidente de la Cámara baja, Pablo Farías, explicó que las jornadas apuntan a “entender y estudiar el fenómeno de las economías ilícitas para impulsar las reformas que sean necesarias y avanzar en la identificación, prevención e investigación de los delitos que tienen que ver con una utilización ilícita e ilegal de los mercados y la economía. Luego de ello, en un segundo momento, también evaluar la persecución y sanción de estas actividades inusuales y sospechosas”.

Farías remarcó que participará el conjunto de diputadas y diputados provinciales y que la convocatoria alcanza a colegios y consejos profesionales, universidades y diversos sectores del Estado e instituciones intermedias en todos sus niveles y poderes. En ese sentido, advirtió que se trata de “un problema que requiere ser abordado de manera integral, comprometiendo a todos los actores sociales”, y rescató tanto el proyecto ordenanza para la Detección de Lavado de Activos presentado por el intendente de Rosario, Pablo Javkin, como las iniciativas de concejales de otras fuerzas políticas de la ciudad. “Sin ese compromiso y ese trabajo mancomunado, todo intento por entender, identificar y prevenir estos fenómenos sería en vano, aislado y espasmódico”, dijo.

“Vamos a escuchar a los especialistas y expertos para ver, sobre todo en nuestro rol de legisladores, con qué herramientas contamos y qué nuevas normas necesitamos. Es decir, qué es lo que debe ser pensado y creado, sin superponer esfuerzos ni avanzar en cuestiones sobre las que no tenemos competencias, pero tampoco quedarnos de brazos cruzados esperando que las soluciones lleguen desde arriba”, sostuvo el titular de la Cámara baja.

En ese orden, Cattalini recordó que “las principales bandas narcocriminales de Santa Fe fueron desactivadas a partir de las políticas de seguridad provinciales, sus responsables fueron capturados por la autoridades santafesinas y están siendo juzgados por delitos que tramita la justicia provincial, en el marco del nuevo sistema procesal penal vigente desde 2014. Todo eso sucedió mucho antes de que actuara la justicia federal, pese a que el narcotráfico es un delito de ese orden”.

diputados (2).jpg

Lionella Cattalini, diputada provincial del socialismo.

También rescató otras medidas con las que Santa Fe, como Estado subnacional, avanzó en distintos frentes, por ejemplo, la creación de la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, la Secretaría de Coordinación de Seguridad en Competencias Deportivas; y la Subsecretaría de Delitos Económicos en 2012. En la actualidad, dichas dependencias fueron desarticuladas.

En ese recorrido, la legisladora también puso de relieve que Santa Fe es desde 2016 la primera y única provincia en contar con una Ley de Decomiso (Nº 13.579), que a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de bienes y derechos patrimoniales (Aprad), subasta los bienes decomisados a bandas delictivas.

A modo de síntesis, Farías señaló que se trata de “evaluar lo qué falta o no se encuentra funcionando y, por lo tanto, debe ser pensado y creado para dotar tanto al Estado en todos sus niveles como a la sociedad civil de los instrumentos para hacer frente a una de las problemáticas centrales de este tiempo”.