La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, indagó ayer al detenido prefecto Angel
Volpi, quien sorpresivamente pidió ampliar su declaración indagatoria en el marco de la
investigación por la muerte del ex prefecto represor Héctor Febres. La jueza debía establecer ayer
la situación procesal de los detenidos por la causa, entre ellos la esposa e hijos de Febres, pero
la medida se demoró a raíz del nuevo testimonio de Volpi. Al cierre de esta edición, Claudio Cacio,
abogado de los familiares del represor asesinado, estimaba que la magistrada resolvería a más
tardar hoy al mediodía la situación procesal de los implicados.
La sorpresiva decisión de Volpi de ampliar su declaración indagatoria
demoró la resolución de la jueza sobre los implicados, dijeron fuentes judiciales, quienes
explicaron que Arroyo Salgado podría completar esta madrugada la redacción de la resolución que
impondría la prisión preventiva de los prefectos Volpi y Rubén Iglesias.
La magistrada también decidirá si procesa o dicta la falta de mérito de
la viuda de Febres, Stella Maris Guevara, y de los hijos del represor, Héctor Ariel y Sonia
Marcela, quienes quedaron presos tras el hallazgo del cuerpo de su padre en las dependencias de la
Prefectura Naval del Delta, donde estaba preso por violaciones a los derechos humanos.
Febres, un ex prefecto de 66 años que estaba acusado de haber integrado
el aparato represivo de la Esma, fue hallado muerto por ingesta de cianuro cuatro días antes de la
fecha fijada por el Tribunal Oral Federal 5 para dictar sentencia en el juicio que afrontaba por
tormentos a cuatro prisioneros.
Volpi estaba encargado de custodiar a Febres, que en la noche previa al
hallazgo del cadáver compartió una cena con amigos o familiares en su lugar de detención. Iglesias,
en tanto, era jefe del Destacamento Delta donde estaba detenido Febres, bajo un régimen de arresto
privilegiado.
Obligada por los pasos procesales, la magistrada debía resolver ayer la
situación de los detenidos con vistas a profundizar la pesquisa en torno a la muerte de Febres.
En principio se habló de un ataque cardíaco, pero la autopsia determinó
que Febres ingirió cianuro. Por esa razón, una de las hipótesis indica que se lo habrían
suministrado mediante engaños, diciéndole que era una pastilla para algunas de sus afecciones de
salud.
Primero, la jueza ordenó arrestar a cinco prefectos por las condiciones
de seguridad de Febres y apenas se supo el resultado de la autopsia sumó a la lista a la viuda y
los hijos porque habían estado con él horas antes de la muerte.
Según se supo, la jueza tiene probado que la escena del hecho fue
modificada: entraron al lugar los propios familiares, apareció un vaso sobre la mesa y desapareció
la computadora personal de Febres que, no obstante, fue recuperada cuando la magistrada se enteró
de su existencia de forma casual.l