Tras tres año de litigio, la petrolera estatal
YPF el Estado, entregará este jueves a la Justicia el contrato completo firmado con la compañía estadounidense Chevron para la explotación de Vaca Muerta.
La Cámara federal, integrada por los jueces Carlos Grecco, Clarda Do Pico y Rodolfo Facio, ordenó a YPF cumplir con la entrega de toda la documentación en el plazo de 5 días que había sido fijado por la jueza de primera instancia. En caso contrario, dispuso, deberá librarse mandamiento de secuestro de dicha documentación y remitir copia de las actuaciones a la Justicia penal para que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia.
Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que la petrolera cumplirá este jueves antes del mediodía con el mandato judicial de dar a conocer todos los detalles del entendimiento con Chevron, un documentos venía guardado bajo llave por las cláusulas de confidencialidad comprometidas.
La Sala I de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo federal había confirmado en julio el rechazo a planteos realizados por YPF contra la intimación que realizó la jueza de primera instancia para que cumpla con la sentencia, que la obliga a hacer públicas las cláusulas del acuerdo firmado con Chevron.
El Gobierno de
Cristina Kirchner había auspiciado el 16 de julio de 2013 un entendimiento entre YPF y sus subsidiarias y la corporación Chevron Corporation para la explotación conjunta de hidrocarburos no convencionales en "Vaca Muerta", en la provincia de Neuquén.
El entonces senador socialista por Santa Fe Rubén Giustiniani pidió informes a la justicia sobre ese acuerdo, el cual la Corte Suprema nacional hizo lugar en noviembre de 2015 a su requerimiento para que YPF mostrara los detalles y las cláusulas secretas del convenio, basándose en el derecho a la información pública.
YPF había cumplido parcialmente con el trámite judicial al entregar cuando aún era conducida por Miguel Galuccio una copia del contrato al Juzgado Contencioso Administrativo Federal 7, pero con las cláusulas sensibles tachadas, lo cual llevó a la Justicia a avanzar en la causa y exigir el contrato completo.
La jueza Cristina Carrión de Lorenzo ordenó en marzo de este año ejecutar el fallo de la Corte sin restricciones en la información y fijó una multa diaria si no se cumplía con la sentencia a partir de los cinco días hábiles posteriores a la notificación de las partes.
La causa avanzó con interposiciones de la petrolera controlada por el Estado nacional hasta que el 14 de julio pasado la Cámara dijo que la firma debía cumplir con el pronunciamiento de la Corte Suprema y entregar "una copia íntegra del contrato involucrado".
La entrega de los documentos fue resistida por el
kirchnerismo cuando estaba en el Poder, mientras el macrismo se quejaba por el incumplimiento del mandato judicial, aunque después de las elección y la consecuente asunción del nuevo Presidente Mauricio Macri, la postura fue la misma.
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, cambió rotundamente su postura sobre la confidencialidad del contrato y, en un documento oficial, avaló la postura de la petrolera estatal, que pedía mantener en reserva determinadas cláusulas del convenio.
Cuando era diputada, Alonso había cuestionado con dureza a la gestión kirchnerista por respaldar la decisión de la compañía de no hacer público parte del contrato e incluso había celebrado el fallo de la Corte Suprema que obligó a YPF a difundir la totalidad del contrato.
