El ex jefe de Hinchadas Unidas Argentinas (HUA) Marcelo Mallo y su hija Brenda, ambos detenidos en el marco de la búsqueda de los prófugos del Triple Crimen, llegaron poco antes del mediodía a declarar en la fiscalía de la localidad bonaerense de Brandsen.
Padre e hija, acusados de supuesta tenencia ilegal de armas de fuego, descendieron de un móvil de la policía bonaerense e ingresaron a la sede judicial en medio de un tumulto de uniformados, camarógrafos y periodistas.
El tío de Mallo desvinculó a su pariente y a la hija de la fuga de los condenados por el triple crimen, los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Víctor Schillaci, evadidos hace ocho días del penal de General Alvear, y relacionó el asunto a una supuesta disputa política.
“Todo esto es un asunto político, a Aníbal Fernández no lo pueden ir a allanar y van y allanan a otros”, manifestó el hombre, que además negó que Mallo y su hija hayan visitado en prisión a los condenados por el Triple Crimen.
“Jamás visitaron ninguna penitenciaría de la provincia de Buenos Aires lo único que visitaron fue el penal de Marcos Paz porque ellos trabajan con una ONG”, sostuvo el tío del exjefe de HUA.
Con respecto a las armas encontradas en las casas de Mallo y su hija, el hombre aseguró que “son de Marcelo Mallo”, confió que los investigadores “llamaron al Registro (Nacional de Armas) y ya lo saben” y adelantó que luego de que declaren “van a salir” en libertad.
La declaración indagatoria de Mallo y su hija será encabezada por el titular de la UFI de Brandsen, Mariano Sibuet,
En los allanamientos realizados ayer a las casas de Mallo y su hija fueron secuestradas una pistola 9 milímetros, municiones, un revólver 357 y otro 38 milímetros, además de balas y una picana eléctrica.
Ninguno de los dos poseía registro del armamento por lo que fueron detenidos, acusados de tenencia de armas de guerra, según confiaron las fuentes.
En paralelo, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, decidió en las últimas horas el desplazamiento de los jefes de la DDI de Quilmes, después de que se revelara una presunta vinculación de oficiales de esa dependencia con los delincuentes prófugos.
La Cámara alta provincial había propuesto la prohibición total y Diputados aprobó el texto pero introdujo modificaciones
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