Gil Lavedra: "En derechos humanos, Argentina abrió un camino a nivel mundial"

El radical Ricardo Gil Lavedra, ex integrante de la Cámara Federal que realizó en 1985 el histórico Juicio a las Juntas, está reconfortado por los procesos por crímenes de lesa humanidad que se están llevando adelante.

En diálogo con LaCapital, el diputado nacional electo por el Acuerdo Cívico analizó la situación de la Justicia, se refirió al escenario de mayor diálogo que avisora después del 10 de diciembre y planteó que Cobos "no puede liderar la oposición".

Gil Lavedra asistió en Rosario a la entrega de premios de un concurso organizado por la Facultad de Derecho sobre el Juicio a las Juntas y a impulsar el Instituto de Políticas Públicas (que preside) de la UCR, que en breve tendrá una filial local.

—¿Cómo valora el Juicio a las Juntas, a 25 años?

—Fue fundacional, ya que se trató de un proceso que quedó incrustado en la transición democrática. El devenir posterior, la etapa del olvido y perdón, y ahora esta última, donde se retoma el tema de la justicia, tiene que ver con la posibilidad de saldar las cuentas del pasado por esas violaciones masivas a los derechos humanos.

—¿Cómo evolucionó el criterio para este tipo de crímenes?

—El Juicio a las Juntas se realizó con la aplicación del derecho común argentino. No se aplicó ninguna regla del derecho internacional porque Argentina no era parte en ese momento de los tratados internacionales, y porque el derecho internacional en derechos humanos no tenía el desarrollo que tiene hoy. Estos conceptos de crimen de lesa humanidad, de juzgamientos sin prescriptibilidad, no existía. Las reglas de Nüremberg, de eso se trata, no habían tenido en los 80 la consolidación internacional que tuvieron en los 90. Argentina abrió un camino cuando en el mundo no se hablaba de estas cuestiones. Los términos de justicia transicional, justicia retroactiva, se inauguraron a partir de la experiencia argentina.

—¿Cómo observa el desarrollo del Poder Judicial en estos años de democracia?

—Con vaivenes. En la década del 90 hubo un claro retroceso por la interferencia del poder político. La Justicia argentina aún no cobró conciencia de cuáles son sus facultades dentro del sistema institucional. Los jueces no sólo están para tutelar los derechos individuales, también están para controlar al poder. La ciudadanía tiene razón en sentirse escandalizada, creo que los jueces han sido débiles, dependientes, por miedo, por falta de seguridad... La Justicia tiene una deuda pendiente con la sociedad en estos dos rubros.

—¿Cómo afectó la reforma del Consejo de la Magistratura?

—La modificación que introdujo el gobierno kirchnerista rompió el equilibrio que decía la Constitución ya que estableció un poder de veto del gobierno para las designaciones y las remociones de jueces. Creo que, esto se discutió en la campaña electoral, vamos a cambiar el Consejo para garantizar la independencia de los jueces. Pero también hay que introducir otras reformas: cambiar el jurado de enjuiciamiento y el sistema de subrogancias. Es una vergüenza, entre jueces federales y nacionales, Argentina tiene unos 950 jueces, hay 216 cargos vacantes en manos de jueces subrogantes, que son jueces precarios, dóciles al poder, que no están en las condiciones necesarias de independencia e imparcialidad.

—¿Y esto por qué ocurre?

—Porque el Consejo había establecido un sistema de subrogancia que la Corte declaró inconstitucional, entonces el Congreso sancionó una ley que ordenaba al Ejecutivo establecer una lista de abogados que pudieran subrogar en esos casos. Una ley pésima, pero ley al fin. Y, que hasta que el Ejecutivo no lo hiciera, seguirían los subrogantes anteriores. El Ejecutivo no ha llevado adelante lo que la ley prescribía, en consecuencia los 216 jueces precarios siguen en funciones.

—Me parece que los jueces deberían superar instancias que verifiquen su idoneidad.

—Por eso mismo vamos a cambiar este sistema. O vamos a hacer un banco de jueces, que los concursos establezcan una mayor cantidad de jueces que queden a la espera de las vacantes, pero ya con el acuerdo del Senado, le vamos a dar un mayor plazo de validez a los concursos y de ahí seleccionar a los aspirantes.

—¿El Poder Judicial no tiene nada que ver?

—No es responsable. Es responsable el Ejecutivo y el Congreso. El Congreso, que hasta el presente es soldado obediente del Ejecutivo.

—¿Cómo está la interna radical?

—La convención nacional estableció que el radicalismo marche con otras fuerzas afines, la Coalición Cívica y el Partido Socialista. Ese el Acuerdo Cívico, y sobre ese lema ganamos las elecciones del 28 de junio. Muchos creemos que es necesario profundizar el fortalecimiento de la UCR, porque no es posible establecer políticas de largo aliento, programas sostenidos, si no tenemos un sistema de partidos políticos fuerte.

—¿Qué opina de la situación de Cobos?

—Cobos es un aspirante a candidato, que tiene muy buena consideración social, pero hay que actuar con mucha cautela, porque es el vicepresidente de la República. El mismo manifestó que quiere cuidar los límites institucionales, y el radicalismo también. El vicepresidente no puede liderar una oposición, por lo que tendrá que ir canalizando con cautela sus aspiraciones y los tiempos necesarios para que, si las circunstancias están dadas, pueda competir para ser candidato a la Presidencia.

—¿Cree que Cobos debe renunciar?

—Es una situación rara, porque no es usual que un vicepresidente encabece una oposición. Esto lo dirá él, cuál es el manejo de los tiempos. No hay que apresurarse en el lanzamiento de candidaturas. El tiempo dirá cuál es el momento en que él pueda plasmar su legítima aspiración.