La Cámara de Senadores, con mayoría justicialista, votó favorablemente dos mensajes enviados por el Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe que buscan optimizar los recursos legales para combatir el delito. De esta manera, convirtió en ley el mensaje 4.462 del Ejecutivo de "regulación del destino de los bienes y derechos patrimoniales secuestrados, depositados, decomisados, cautelados en causas judiciales", que a su vez modifica artículos del Código Procesal Penal de la provincia, y giró a Diputados el mensaje 4.465 que introduce otras modificaciones al Ministerio Público Fiscal.
La nueva ley establece un régimen para los bienes, derechos patrimoniales, productos e instrumentos que fueran objeto de secuestro, depósito judicial, cautela previa o decomiso en causas judiciales como consecuencia de la investigación de delitos o contravenciones.
El Tribunal podrá adoptar desde el inicio de la Investigación Penal Preparatoria y a pedido de parte, las medidas cautelares que entienda suficientes para asegurar la custodia, administración, conservación, ejecución y disposición de los bienes o derechos patrimoniales que sean instrumento, producto, provecho o efectos relacionados con la actividad ilícita de acuerdo a la presente ley. Ello, a los efectos de poder restituirlos a sus legítimos propietarios cuando
correspondiera o disponerlos por parte del Estado provincial, conforme lo establecido en el Código Procesal Penal de Santa Fe.
El paquete de reformas al código procesal penal que obtuvo media sanción busca darle más facultades a fiscales y jueces y que haya mayor resguardo de la acción punitiva, estableciendo criterios más amplios para la prisión preventiva y los allanamientos.
El senador Raúl Gramajo (PJ, departamento 9 de Julio) resaltó la labor realizada por los legisladores en la Comisión de asuntos Constitucionales que preside, en particular del representante de General López, Lisandro Enrico.
Gramajo calificó a la reforma como "una pieza jurídica importantísima como herramienta para el poder judicial" y señaló que se necesita que "jueces y fiscales interpreten cabalmente la voluntad de los legisladores que entregan reformas para la sociedad pueda vivir mejor con más tranquilidad y seguridad de sus vidas y bienes".
Por su parte, Enrico puso de relieve "el trabajo de la Cámara alta en la materia, todos los senadores están comprometidos con la seguridad, esta es la tercera vez consecutiva que se aprueban modificaciones a las leyes y códigos penales".
En este sentido destacó que "el Senado interpreta a la seguridad como un derecho humano, las reformas otorgan derechos al querellante en un andamiaje legal que busca proteger a la víctima".
Otros cambios:
En el instituto del juicio abreviado se establece mayor rigurosidad en el procedimiento cuando se trata de delitos graves.
En el caso de penas mayores a 6 años se exigirá la conformidad no solamente del fiscal regional sino también del fiscal general de la provincia.
En el caso de la flagrancia se obligará a la policía a detener a los imputados mientras que en el presente sólo existe la posibilidad de detención.
Sobre la prisión preventiva los jueces van a tener mayor facultad de dictarla, manteniendo los mismos presupuestos pero solo con recaudos de verosimilitud del derecho y peligro de fuga o la proporcionalidad del delito.
En el caso de los allanamientos seguirá siendo obligatoria la autorización del juez previa al procedimiento del fiscal, pero se ampliarán los márgenes que hoy son de 12 horas, de 8 a 20, y se podrán realizar durante las 24 horas del día.
