El PJ santafesino convocó a una reunión para evaluar la situación de los diputados "díscolos"

La votación de la ley que habilitó la reforma de la Constitución de la provincia dejó al descubierto la crisis interna que atraviesa el Partido Justicialista (PJ) de Santa Fe. La división que se evidenció en la Legislatura es también el reflejo de lo que pasa en el territorio: un partido a la deriva y sacudido aún por la derrota electoral perdiendo no solo la Gobernación sino además diluyendo su poder en el Senado y en la Cámara de Diputados.

En ese estado de incertidumbre, este viernes fue convocado el Concejo Ejecutivo provincial del PJ. En ese ámbito institucional se analizará la situación que rodeó al peronismo en el debate y posterior votación de la ley de necesidad de reforma de la Constitución. El bloque que conduce el exgobernador Omar Perotti le ofreció al oficialismo votos cruciales para que prosperara el proyecto reformista.

La bancada, con excepción de Walter Agosto, voto a favor de la ley, por lo que sus integrantes podrían sufrir alguna sanción disciplinaria. Se trata de los diputados Perotti, Celia Arena, Marcos Corach y Sonia Martorano.

Estos cuatro diputados votaron a favor del proyecto que impulsó el oficialista frente Unidos, a pesar que la conducción del PJ provincial, con Guillermo Cornaglia a la cabeza, había rechazo el proyecto y comisionado a los legisladores peronistas a votar en contra. El resto de los legisladores del peronismo se hallaron a esa decisión, menos el grupo que comanda Perotti.

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Antes que el proyecto de reforma llegara a Diputados para su tratamiento, la jefatura del PJ realizó al menos dos reuniones para fijar posición. En la primera, con un duro documento, el peronismo criticó el proyecto argumentando que solo le interesaba la reelección de Maximiliano Pullaro y pidieron dos meses para discutirlo con más tiempo.

En ese primer cónclave, los diputados referenciados en Perotti fueron y rubricaron el documento. En el segundo, a días de que el dictamen aterrizara en Diputados, pegaron el faltazo. El único que se desmarcó de ese bloque de cinco miembros fue Agosto, el ex ministro de Economía en la gestión Perotti.

Tras ese acto de “desobediencia”, desde la conducción se alertó que podrían ser expulsados. Pero hay un detalle formal: es el Congreso del partido y no el Consejo Ejecutivo el que tiene la potestad para aplicar una sanción a los díscolos.

Lo que puede pasar el viernes es que se fije una hoja de ruta para analizar la situación y que de esa reunión se convoque al Congreso partidario.