La Cámara de Diputados de la provincia decidió ayer involucrarse de lleno en la investigación sobre el presunto espionaje ilegal que habría montado Marcelo Sain cuando estuvo al frente del Ministerio de Seguridad. El recurso institucional que encontraron los legisladores no es en sí novedoso: la creación de una comisión de seguimiento, que estará integrada por un legislador de cada bloque.
La iniciativa partió de la diputada Ximena Sola (PRO) y fue avalada de forma unánime por todos los bloques de la Cámara baja. Se notó en la sesión que fue un acuerdo amplio y muy trabajado, donde incluso el bloque peronista mostró su aval, pero nadie del oficialismo participó del debate, que operó como una suerte de catarsis en la que no solo se multiplicaron las condenas políticas hacia Sain sino que las imprecaciones también alcanzaron al gobernador Omar Perotti.
El jefe del bloque oficialista, Ricardo Olivera, aguantó toda la andanada de discursos en riguroso silencio y sólo abrió la boca para advertir que su bancada no iba a prestar acuerdo si se aceptaba una modificación de último momento que quiso hacer Fabián Bastía. El legislador (UCR Evolución) quería que Perotti también fuese investigado como partícipe del presunto delito.
Objetivos
“La comisión tendrá por objeto el seguimiento de las causas y hechos en relación a la actuación del Ministerio de Seguridad en la gestión a cargo de Sain con la finalidad de elaborar informes bimestrales detallando el curso de las acciones llevadas a cabo y remitiendo el mismo a la Cámara, realizando las denuncias correspondientes ante la Justicia y/u organismos competentes producto de los resultados arrojados por el desarrollo de su labor”, sostiene el proyecto sobre la finalidad que tendrá la comisión.
Entre las funciones atribuidas a la flamante comisión están: recabar todos los datos que estén a su alcance sin entorpecer las investigaciones que lleva adelante la Justicia, además de elaborar y publicar los informes bimestrales.
La conformación de la comisión de seguimiento se aceleró a raíz de las explosivos audios que se filtraron de la causa, que lleva casi un año en trámite y por la que todavía no hay ningún imputado.
La causa se abrió en noviembre del año pasado, cuando en dos allanamientos en las oficinas del Ministerio de Seguridad se secuestrara material que probaría espionaje ilegal a dirigentes políticos, empresarios y periodistas. En esos operativos se secuestraron, además, los teléfonos del equipo de colaboradores de Sain, de los que surgieron, en audios filtrados a la prensa, datos que comprobarían una serie de delitos, entre ellos el tráfico de influencias entre estamentos del Estado.
Sola, la autora del proyecto, justificó la creación de la comisión en que los hechos que se le atribuyen a Sain son de “extrema gravedad institucional”. Y agregó que un ministerio que debía encargarse “de cuidar a los ciudadanos se dedicó a ejercer persecución judicial y política”.
Juan Cruz Cándido, del bloque UCR, dijo que Sain no actuó solo sino que lo hizo con la venia de Perotti. También involucró al diputado nacional Roberto Mirabella en esa movida ilegal. Recordó, en ese sentido, que hay un audio en el que Sain le pide a su equipo que reúna datos para ligar en una causa a Maximiliano Pullaro con un ex jefe policial acusado de narcotráfico.
Cándido también refirió al audio del secretario de Justicia provincial, Gabriel Somaglia, cuando le avisa a Sain que hizo firmar una orden por un magistrado para darle legalidad a la intervención de un teléfono previamente pinchado.
Joaquín Blanco, titular de la bancada socialista, se preguntó qué hizo el gobierno como querellante en la causa y esbozó una crítica por la lentitud en la imputación fiscal. “La sociedad se está enterando de esto no por las audiencias en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) sino por los audios que se filtró a la prensa”, indicó.
El legislador socialista dijo que Sain produjo “un daño profundo” y que constituyó “una verdadera empresa criminal” en Santa Fe. También advirtió que las responsabilidades no se agotan en el ex ministro de Seguridad y criticó el “escandaloso silencio” del gobernador. “No se va a poder esconder para siempre”, cerró.
Nueva convocatoria
En otro orden, Diputados volvió a citar al ministro de Seguridad, Rubén Rimoldi, y a la secretaria de Administración Financiera de esa cartera, Ana Morel.
Es para que expliquen la ejecución presupuestaria de la emergencia en seguridad y del Servicio Penitenciario provincial.
Rimoldi había asistido el miércoles pasado a la comisión de Seguridad Pública de la Cámara baja, pero brindó explicaciones que no dejaron satisfecha a la oposición.