La carga horaria en Argentina es una de las más exigentes del mundo y está vigente desde hace casi un siglo. La iniciativa espera para ser discutida en el Congreso nacional
Será la tercera vez que el Congreso aborde la posibilidad de reducir la jornada laboral.
Tras seis meses que giraron en torno a la ley Bases y al paquete fiscal, el Congreso vuelve a enfocarse en otros proyectos que ya fueron presentados y esperan ser debatidos, como es el caso de la reducción de la jornada laboral. Hay varias iniciativas en carpeta que serán revisadas, en primera instancia, por la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
Los proyectos buscan modificar la ley 11.524, vigente desde 1929 y que contempla una jornada laboral con un máximo de 48 horas y hasta 9 horas por día, lo que representa una de las cargas horarias más exigentes de América Latina y el mundo.
El próximo encuentro de la comisión se dará el martes, a las 11, donde se espera una nueva ronda de invitados tras la última reunión del 6 de junio, donde contrastaron sus miradas abogados laboralistas, empresarios y representantes de organizaciones sindicales.
La comisión, presidida por el radical Martín Tetaz, busca avanzar en el tratamiento de diversos proyectos de ley que comenzó a analizar desde octubre del 2023. Los textos son impulsados por Unión por la Patria (UP), el radicalismo, el Frente de Izquierda (FIT), la Unión Cívica Radical (UCR) y el socialismo santafesino.
Las iniciativas impulsadas por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky —secretario general de la CTA—, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.
En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo —secretario general de la Asociación Bancaria— propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.
Los proyectos de Eduardo Valdés (UP), Nicolás Del Caño (FIT) y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza (UP) y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.
A su vez, es parte del temario el proyecto de Vanesa Siley que establece el derecho a la “desconexión digital” referido a la limitación de la disponibilidad de la persona trabajadora en horarios que excedan la jornada laboral a través de dispositivos digitales a fin de garantizar el pleno ejercicio de su tiempo de descanso.
Por su parte, desde la UCR impulsaron uno de Tetaz que propone la creación del régimen optativo “Jornada Laboral Alternativa”, que permite que cada sector pueda reflejar en el convenio colectivo de trabajo propio de su actividad una o más opciones diferentes de jornadas laborales, teniendo en cuenta las necesidades y características propias del desarrollo de cada actividad. Establece, además, que sea experimentado a modo de prueba durante el plazo de entre tres y seis meses.
En muchos países de la región y también en otros continentes se pudo avanzar en los últimos años con reformas que acortaron la jornada laboral, con argumentos multidimensionales, como por ejemplo la posibilidad de ampliar el mercado formal de trabajo y la cantidad de trabajadores, la reducción del estrés laboral, un mejor balance entre la vida personal y la laboral, y una mejora del rendimiento y la productividad.
Esta es la tercera vez que el Congreso aborda la propuesta de reducir la jornada laboral ya que en 2015 tuvo dictamen, pero nunca se trató en el recinto de Diputados, y el año pasado se devolvió a debatir estas iniciativas en diferentes reuniones informativas donde participaron autoridades nacionales, provinciales, organizaciones sindicales y empresarias.