La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó al Estado nacional el pago de una deuda de alrededor de 15.000 millones de pesos a la provincia de San Luis en concepto de detracciones indebidas de fondos de la coparticipación. La decisión, que fue tomada por mayoría —con los votos de los ministros Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti— abrió una gran expectativa en Santa Fe que tiene una demanda similar ante el tribunal superior por una acreencia que alcanza a valores históricos los 23.500 millones de pesos pero actualizada supera los 80 mil millones.
El gobernador, Miguel Lifschitz, dijo ayer tener "expectativas" de que en las próximas semanas la Corte Suprema emita un fallo favorable a Santa Fe, para que el Estado nacional salde su deuda y advirtió que, según cálculos de la provincia, "la Nación adeuda unos 80.000 millones de pesos".
Esa cifra era la que había calculado la provincia a fines del año pasado cuando presentó la demanda por estos fondos.
"La Corte ya sentó jurisprudencia en este tema en 2015 cuando le dio la razón a las provincias que habíamos reclamado; estimamos que en las próximas semanas habrá un fallo similar para Santa Fe", dijo el mandatario.
Más temprano, el ministro de Economía santafesino, Gonzalo Saglione, consideró que este fallo es "un antecedente positivo" para Santa Fe. "Es un tema jurídico y no quiero opinar sobre esas decisiones, pero entiendo que si la cuestión de fondo es la misma y hubo un fallo idéntico en 2015 para ambas provincias y ahora se resolvió esto para San Luis, seguramente se hará igual en el caso de Santa Fe", dijo el funcionario.
La decisión de la Corte Suprema de pagar a San Luis la deuda que mantiene con esa provincia fue avalada por Maqueda, Lorenzetti y Rosatti, pero el presidente del tribunal Carlos Rosenkrantz se excuso de intervenir, porque antes de ser parte del mismo había actuado como abogado de Santa Fe por la misma causa.
En el juicio promovido por San Luis, la Corte declaró inconstitucional un decreto del Poder Ejecutivo Nacional que autorizaba al Estado a detraer unilateralmente un porcentaje de los fondos coparticipables que correspondían a la provincia. La actual sentencia es consecuencia de la dictada el 24 de noviembre de 2015, cuando se consideró inconstitucional la detracción de impuestos a las provincias para financiar a las administraciones nacionales de Seguridad Social (Ansés) e Ingresos Públicos (Afip).
A partir de entonces, tanto San Luis, como Santa Fe y Córdoba _provincias que habían recurrido a la Corte para saldar el tema_ comenzaron a cobrar en forma mensual la coparticipación sin las retracción del 15 por ciento de Ansés y 1,9 por ciento de Afip. Sin embargo, quedó sin saldar la deuda histórica.
Para hacerse de esos fondos las provincias tomaron distintos caminos: San Luis lo judicializó, mientras que Santa Fe y Córdoba plantearon una mesa de negociación con la Nación para acordar actualizar montos y formas de pago.
A fines de 2015, la Corte había intimado a las partes para que en 30 días informaran sobre posibles acuerdos relacionados con la cuantía y el plazo de cumplimiento de la sentencia, pero "ese propósito _recordó en el fallo de ayer_ no se ha alcanzado".
En el caso de Santa Fe, después de realizar varias propuestas sin éxito, entre las que se encontraban la aceptación del pago con obras y bonos o títulos a largo plazo a cambio de la deuda que a fines del año pasado estaba actualizada por encima de los 54 mil millones de pesos, la provincia eligió el camino de la Justicia. A fines de noviembre de 2018 el propio gobernador Lifschitz presentó en la Corte el reclamo para el pago.
Lifschitz recordó ese proceso. A diferencia de San Luis, que después del fallo de 2015 pidió al máximo tribunal que estableciera el monto de la deuda actualizado, Santa Fe intentó una "negociación con el gobierno" que "no prosperó", indicó el gobernador.
"Nosotros preferimos primero intentar una negociación con el gobierno que no llegó a buen puerto y que confirmó lo que algunos pensaban que es el gobierno no tenía intención de saldar esa deuda", declaró Lifschitz, quien elogió la "buena predisposición" del ministro del Interior, Rogelio Frigerio.
Según el gobierno provincial, la deuda alcanzaría un monto de unos 80.000 millones de pesos, pero Lifschitz aceptó que "podría ser menos" el criterio de actualización que aplique la Corte Suprema.
Cómo se paga
San Luis pretendía aplicar a la liquidación por el período enero de 2010 (ese año se firmó un acuerdo de "desendeudamiento" con provincias, que no suscribió) a noviembre de 2015 la tasa activa del Banco de la Nación Argentina más la capitalización de intereses.
Sostuvo que la suma a cobrar debía ser equivalente al financiamiento de las obras públicas que no pudo realizar por carecer de esos fondos y que cualquier otra tasa permitiría un "enriquecimiento sin causa" del Estado nacional.
El Estado nacional ofreció primero un 6 por ciento anual y luego, la "tasa pasiva" que publica el Banco Central de la República Argentina, postura que finalmente aceptó la Corte.
Expuso además que debido al fallo de 2015 y "en virtud del diálogo institucional cuya responsabilidad cabe a las autoridades superiores de la organización constitucional", el 16 de noviembre de 2017 celebró un acuerdo con 22 provincias (San Luis no firmó) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado "consenso nacional", para "resolver todas las cuestiones judiciales pendientes".
La Corte "aprobó" la liquidación practicada por el Estado nacional y distribuyó "en el orden causado" las costas del juicio por "cobro de pesos".
