Foto: Archivo / La Capital.
El legislador de la UCR posó la lupa sobre la deuda histórica.
El senador provincial Felipe Michlig brindó detalles sobre la incidencia económica que tendrá para las 32 localidades del departamento San Cristóbal la distribución de los montos por coparticipación derivados del acuerdo Santa Fe-Estado nacional por el cobro del fallo de Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, se refirió a la estimación del impacto que tendrá en la coparticipación de cada municipio y comuna el aporte del 1,9 por ciento para financiar a la Afip, complementariamente al referido acuerdo, según monto estimado anual en base a proyección coparticipación federal de 2022.
Al respecto, el legislador manifestó que “esas estimaciones que realizamos junto al equipo técnico del interbloque provincial de la UCR son en base a los coeficientes de distribución de coparticipación a municipios y comunas provisorios 2022”.
En ese sentido, consideró: “Con esos parámetros, el mencionado acuerdo es absolutamente negativo porque con esa actualización la acreencia de la provincia y de los municipios y comunas sufre una merma de 70 por ciento respecto del poder adquisitivo que se les despojó en su momento. Además de que se pagará en bonos, y es sabido que los mismos tienen una depreciación de aproximadamente el 50% de su valor nominal”.
“De igual modo —agregó— el aumento del dólar en las últimas semanas y la inestabilidad económica imperante torna lo acordado aún más perjudicial para el patrimonio provincial y de los gobiernos locales, siendo que Santa Fe aceptó el pago en pesos, cuando el dólar libre estaba 230 pesos y, a los 20 días, ya estaba en 340 pesos”.
“También llama poderosamente la atención que la operatoria la suscribió el gobernador (Omar Perotti) intempestivamente con un ministro de Economía (Martín Guzmán) que, al día siguiente, renunció a su cargo, máxime si atendemos que Perotti avanzó en la firma sin previa consulta y sin brindar detalles de los alcances del convenio a los intendentes y presidentes comunales (partes interesadas del mismo por el porcentaje que les corresponde por el sistema de coparticipación), como tampoco se informó oportunamente a los partidos políticos con representación parlamentaria”.
“Respecto al aporte de 1,9 por ciento para financiar a la Afip, también repercute directamente en los gobiernos locales, por lo que estos dejarán de recibir por coparticipación en dinero, según lo estipulado en el acuerdo. Por eso, no hay dudas, este tema debe ser discutido en la Legislatura y tener o no la adhesión legal y política correspondiente”, resaltó el radical.
Agregó que, “en el caso que los montos definitivos se determinen utilizando los coeficientes que rigieron durante los años donde se aplicaron las detracciones de coparticipación que motivaron los fallos de la Corte (2003 a 2015), surgirán diferencias con esas estimaciones”.
“Las diferencias mayores, en defecto, resultarán para las localidades que actualmente reciben coparticipación en carácter de municipio, pero que durante las detracciones de coparticipación a que refieren los fallos eran coparticipadas como comunas (San José del Rincón, Florencia, Suardi, San Guillermo, Romang, Pueblo Esther, San Jerónimo Norte, San Vicente y Sauce Viejo). Y las comunas de Colonia Teresa, Los Tábanos y Hardy no tendrían monto a cobrar dado que no existían como comunas cuando se efectuaron las detracciones de coparticipación que motivaron los fallos de la Corte”, detalló el senador.
Por otra parte, a los montos estimados se les deberán deducir los aportes que haya recibido el municipio o comuna respectivo para obras de pavimento, instrumentados mediante los convenios celebrados en el marco de la ley Nº 13.751 y decreto 3.085/18.
Ocho años después del caso, la fiscalía pidió tres años de prisión condicional y diez de inhabilitación para el cirujano Damián Bifarello, acusado de actuar con negligencia e imprudencia en una intervención que derivó en una infección severa, shock séptico y falla multiorgánica.
Por Patricia Martino
Por Rodolfo Parody