La Asamblea Legislativa de Santa Fe votó por unanimidad a María Cecilia Vranicich como fiscal general de la provincia, quien se convirtió así en la principal autoridad del esquema de persecución penal, jefa de los fiscales de las cinco regionales de la provincia, y orientadora del modo en que serán priorizados los delitos a perseguir. Será la primera mujer en ocupar ese cargo, el principal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde que hace nueve años se puso en marcha la institución. Sucederá a Jorge Baclini.
Los miembros de ambas cámaras del Congreso provincial avalaron también a Estrella Moreno Robinson como nueva conductora del Servicio Público de Defensa de la provincia. Reemplazará en el cargo a Jaquelina Balangione.
La Comisión de Acuerdos de la Legislatura produjo dictámenes favorables para la mayoría de los postulantes: cuatro fiscales y cuatro defensores regionales. Pero pidió la votación en particular en el recinto para el propuesto a defensor regional de Rosario, Gonzalo Armas, y para el fiscal regional de Rafaela, Orlando Toniolo, a quienes la oposición fue reticente a impulsar. Ninguno fue votado por la Asamblea Legislativa.
En Rosario será fiscal regional María Eugenia Iribarren, que hace dos años ejerce interinamente ese cargo, tras la destitución de su antecesor Patricio Serjal.
Fueron aprobados también los pliegos para fiscales regionales de Jorge Nessier (Santa Fe), Matías Merlo (Venado Tuerto) y Rubén Martínez (Reconquista)
Lo mismo ocurrió para los cargos de defensor regional de Jorge Miró (Santa Fe), María Valeria Lapissonde (Reconquista) y Carlos Flores Zanella (Rafaela).
Asimismo, la Asamblea Legislativa convalidó el pliego de Leandro Mai, que será auditor general del MPA.
Vranicich es abogada penalista de la Universidad Nacional de Rosario. Trabajó en el estudio particular de Héctor Superti durante la década del 90. Se distinguió en especial por su labor en la defensa que desde ese despacho realizaron de Graciela Dieser, la esposa del ex juez Carlos Fraticelli, cuyo planteo defensivo finalmente aceptado por la Corte Suprema Nacional por falta de imparcialidad de las instancias juzgadoras en la provincia fue la base que obligó a Santa Fe a modificar su sistema de enjuiciamiento penal.
Cuando el propio Superti asumió el Ministerio de Justicia en la gestión de Hermes Binner el principal cometido fue justamente la implementación del modelo acusatorio de juicio. En esa cartera Vranicich fue secretaria de Transformación de Modelos Judiciales durante la gestión de Antonio Bonfatti. En 2016 concursó para ser auditora general de gestión del Ministerio Público de la Acusación y ganó el cargo.
Vranicich proviene entonces del riñón de la reforma penal que se implementó de manera plena en febrero de 2014 y mantuvo con legisladores intercambios usuales en los seis años que condujo la auditoría del MPA. Fue funcionaria de gestiones del Frente Progresista pero es hija de un ex presidente comunal de Los Molinos de orientación justicialista. Para llegar al cargo donde finalmente la convalidó la Legislatura quedó primero en una terna junto a los camaristas penales de Rosario Javier Beltramone y de Santa Fe Roberto Prieu Mántaras. En una acción que provocó sorpresa el gobernador Omar Perotti eligió como candidata a fiscal general a Vranicich, lo que produjo aprobación mayoritaria en sectores diversos de la política y en ámbitos judiciales.
Palo por palo
Antes de votar a cada uno de los postulados hubo un debate con posiciones encontradas sobre el trámite de concurso que terminó con estos nombramientos. "Buscamos darle un blanqueo a una serie de errores desde que el concurso que nació", dijo el diputado radical Julián Galdeano. "Desde la oposición tuvimos madurez para acompañar lo que se podía acompañar", señaló, al recordar el turbulento proceso que derivó en las designaciones, donde nueve jurados renunciaron y el secretario de Justicia fue apartado del trámite. "Fue un proceso muy complejo donde algunos quisieron pasarse de listos", dijo Galdeano.
El diputado socialista Joaquín Blanco sostuvo que en este proceso se hicieron visibles actores que están en contra del modelo de juicio que rige desde 2014. "Hubo una clara avanzada contrarreforma del sistema penal. Por acción y omisión el gobierno de Santa Fe ha hecho todo para dificultar la acción del MPA y la acción de los fiscales. Estamos esperando qué pasa con el caso de casinos ilegales en Rafaela que esta impune y tuvo relación con el poder politico. Cerramos ahora un proceso sumamente complejo de este concurso, que tuvo un escándalo sin antecedentes, que fue la separación del secretario de Justicia Gabriel Somaglia del concurso, cuando se demostró que había fijado una fecha para sortear los jurados a las 24 horas del anuncio, lo que se hizo a las 7 de la mañana, y se descubrió que un miembro del jurado tenía relación con él".
Una toma de la Asamblea Legislativa, esta tarde, en la que se eligió fiscal general a Cecilia Vranicich y a Estrella Moreno como defensora provincial
Blanco sostuvo que también hubo un problema "en en la causa Sain en que circularon audios vinculados con Somaglia que hizo que empezaran a renunciar masivamente miembros del jurado. Esto es el proceso que queremos cerrar hoy. En un proceso que quiero destacar a la ministra de Gobierno Celia Arena que con valentía se abrió al diálogo con la oposición y con responsabilidad pudo reencausar el concurso. Si hoy podemos votar pliegos es por la responsabilidad de la oposición que no especuló ni jugo con la acefalía", planteó.
No tardó nada en salir a replicarle desde el PJ el diputado Leandro Busatto. "Un diputado cuyo gobierno estuvo 12 años en la provincia reclama recursos para la institución cuando se pasó postergando la implementación del Código Procesal Penal de Santa Fe, que sancionó Jorge Obeid y no Hermes Binner, y tardaron siete años para ponerlo en marcha. Nos venían a implorar que aprobáramos pliegos con candidatos que no reunían requisitos ni puntajes. Y los aprobamos para poner en marcha el sistema. Y oh casualidad muchos apellidos ilustres del radicalismo y socialismo pasaron a engrosar el MPA. De hecho hoy hay altos pliegos de alta relevancia a los que yo conocí siendo secretarios de Justicia del gobierno de Bonfatti. Ni hablar de algunos camaristas que pasaron de ser funcionarios de Seguridad a camaristas penales sin escala intermedia. O que en el último momento de la gestión Lifschitz el fiscal general saliente intentó meter noventa personas de apellidos partidarios ilustres en el Organismo de Investigaciones sin ningún concurso previo. No tengo vocación de defender a este gobierno pero me siento agraviado como peronista. De los procesos que existieron este debe ser el más transparente".
