La expresidenta Cristina Fernández y su hijo Máximo Kirchner, junto a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, fueron imputados hoy por coimas en la causa conocida como Los Sauces.
La imputación fue impulsada por el fiscal Carlos Rívolo, que elevó la acusación al juez federal Claudio Bonadio, quien mantiene el secreto de sumario en el expediente mientras realiza la búsqueda de información.
Rívolo hizo una ampliación de la acusación fiscal en el marco de la denuncia que presentó el viernes último la diputada del GEN Margarita Stolbizer. Se trata de la causa que investiga los negocios inmobiliarios de la familia Kirchner a través de la firma Los Sauces SA, donde los principales inquilinos fueron los empresarios Lázaro Báez (hoy detenido por la causa por lavado o "ruta de dinero K") y Cristóbal López (imputado por maniobras con el impuesto a los combustibles).
Apenas comenzó la causa, a principios de abril, Rívolo había imputado a la ex presidenta y a su hijo por los delitos de enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos públicos, pero la noticia recién se supo hace dos semanas porque el expediente pasó a estar en secreto de sumario.
Allí se ponía la lupa en los alquileres de inmuebles de "Los Sauces" a las empresas Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia, de Cristóbal López, y a Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank & Costilla, de Lázaro Báez.
El viernes pasado Bonadio ordenó allanamientos a los consorcios que administraban propiedades de la ex presidenta, entre ellos un departamento en el emblemático edificio Madero Center -en Puerto Madero-, donde también funcionaba la financiera SGI, conocida como La Rosadita.
Al mismo tiempo, la diputada Stolbizer presentó un escrito en donde amplió la denuncia original y pidió investigar el delito de cohecho, es decir, coimas.
"En Hotesur la devolución de los favores se hacía a través del alquiler de habitaciones. Con Los Sauces, la devolución de favores se hacía mediante el alquiler de inmuebles a las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López", señaló Stolbizer al realizar la denuncia.
De acuerdo a la presentación, Los Sauces SA era titular de ocho inmuebles(dos departamentos con cochera ubicados en Puerto Madero, dos lotes en El Calafate, dos lotes en Río Gallegos, un lote en el Chaltén y una casa en Río Gallegos) y "no tuvo demasiados movimientos hasta 2008, año en el que comienza a realizar sus inversiones inmobiliarias" y todos los bienes eran alquilados a "empresas de Lázaro Báez y firmas de Cristóbal López".
En la ampliación de la denuncia, Stolbizer hizo hincapié en "el modo irregular en el que se adjudicaba la obra pública a las empresas de Lázaro Báez" y señaló que "en forma paralela Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado".
"Lisa y llanamente el delito de cohecho en su expresión mas burda", sostiene el escrito al que accedió DyN y que lleva la firma de la abogada Silvina Martínez.
Según la presentación, "a la par que resultaba beneficiado con contratos del Estado y desaparecían los controles del Estado, aumentaban los vínculos comerciales con la familia Kirchner, existiendo un intercambio de favores existente entre Lázaro Báez (contratistas de obra pública) y Cristina Kirchner como presidenta de la Nación, utilizándose la pantalla de alquileres de propiedades, entre otras operaciones comerciales".
Y señaló que "no solo Lázaro Báez recibía como contrapartida más obra pública, sino que también obtenía beneficios que implicaban falta de controles por parte de diferentes organismos que debían fiscalizarlo.
El retorno lo pagaba directamente a la Presidenta de La Nación". Stolbizer insistió con que "Báez fue beneficiado con una enorme cantidad de obras públicas" y "sus empresas obtuvieron el 80% de las licitaciones en obras de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner".
