El presidente Javier Milei envió este miércoles a la Cámara de Diputados el proyecto denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos, en el que pide al Congreso nacional declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, con chances de extenderla dos años. La iniciativa, que detonó un potente rechazo de la oposición, incluye un artículo que aprueba el cuestionado DNU del jefe del Estado.
En el texto, que contiene varias iniciativas contempladas en el DNU que firmó la semana pasada, fija que el plazo para la emergencia podrá ser prorrogado por la Casa Rosada por un máximo de dos años. Está firmado por Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los ministros de Ejecutivo. Y consta de 183 páginas y 664 artículos.
Establece reformas impositivas, suspende la aplicación de la fórmula para actualizar los haberes y habilita a imponer sanciones a la protesta, entre otras medidas.
También modifica el Código Penal de la Nación sancionar a las personas que, sin “crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua y aire, o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, con prisión de uno a tres años y seis meses”.
“Si se impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o medios de transporte público portando un arma propia, impropia, se causare daño a la integridad física de las personas, la pena será de dos a cuatro años de prisión, siempre que no constituyere un delito más severamente penado”, añade el texto.
Asimismo, destaca: “Quienes dirijan, organicen o coordinen una reunión o manifestación que impidiere, estorbare o entorpeciere la circulación o el transporte público o privado, o que causare lesiones a las personas o daños a la propiedad, serán reprimidos con prisión de dos a cinco años, estén o no presentes en la manifestación o acampe”.
La iniciativa también deroga las primarias, abiertas simultáneas y obligatorias (Paso) y modifica la Oficina Anticorrupción (OA), a la vez que cambia el régimen de partidos políticos y la composición de Diputados.
Sobre el tema jubilatorio, suspende el artículo 32 de la ley 24.241, que fijaba el sistema para aumentar el haber cada tres meses, y dice que el Ejecutivo establecerá “una fórmula automática de ajuste de las prestaciones, teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica”.
“Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Ejecutivo podrá realizar aumentos periódicos, atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos”, agrega el proyecto.
La ley, además, declara sujetas a privatización a 41 empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado, entre ellas Aerolíneas Argentinas, Aysa, Banco Nación, YPF y los medios públicos Canal 7, Radio Nacional y Télam.
Entre otras propuestas, se busca arancelar la universidad pública para extranjeros no residentes" Entre otras propuestas, se busca arancelar la universidad pública para extranjeros no residentes"
En cuanto al capítulo impositivo, el proyecto contempla un blanqueo de capitales y una moratoria de las obligaciones tributarias y aduaneras y de los recursos de la seguridad social vencidas al 30 de noviembre pasado.
También propone cambios en el régimen de Bienes Personales, fija las retenciones para el sector agropecuario, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de pedir autorización, unifica los entes de gas y electricidad y cambia la ley de biocombustibles.
Asimismo, el proyecto permite la reventa de entradas deportivas “sin límite de las veces que pueda realizarse esa operación” e impulsa una fuerte reducción del financiamiento al cine, teatro y música.
Además, promueve los divorcios exprés, a través de una alternativa para disolver matrimonios. En materia de educación, el oficialismo propone arancelar la universidad pública para extranjeros no residentes.
Argucia
En lo que fue interpretado por muchos como una picardía, la ley ómnibus del gobierno incluye un artículo que aprueba el cuestionado DNU de Milei.
La confirmación del megadecreto figura casi al final del voluminoso PDF del paquetazo de propuestas que el Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados. De hecho, ese artículo fue omitido entre los fundamentos del superproyecto.
Previamente, por la red social X, el gobierno había afirmado que la intención del proyecto es “restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución de 1853”. Y manifestó su “firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos, que impiden el correcto funcionamiento de la economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación”.
Acerca de los proyectos, el portavoz presidencial, Manuel Adorni, dijo que “quedará en manos de senadores y diputados” elegir si se va “hacia la libertad” y “a terminar con esta decadencia” que llevó al país a la situación actual.
El paquete de leyes lleva como título una alusión a Juan Bautista Alberdi: “Es uno de los padres de nuestra Patria y autor intelectual de la primera Constitución, a quien, por supuesto, todos saben que el presidente admira profundamente”.
Días atrás, la Rosada había formalizado el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso (del 26 de diciembre al 31 de enero de 2024) para tratar el paquete de iniciativas, entre las que figuran reformas del Estado y de Ganancias y la instauración del sistema de boleta única.
Según Adorni, el proyecto “complementa” las reformas dictadas por la Rosada a través del megadecreto dado a conocer hace una semana.
