El juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido para el próximo 5 de diciembre en el marco de una investigación sobre posibles hechos de corrupción en el plan de ampliación de gasoductos que el gobierno kirchnerista adjudicó a la constructora brasileña Odebrecht en 2006.
Se trata de una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares, y que fue adjudicada a Odebrecht a fines de 2006, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
En total, Rafecas dispuso el llamado a prestar declaración indagatoria de seis imputados, entre ellos cuatro ex funcionarios públicos: De Vido, Daniel Cameron, ex secretario de Energía; Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles.
La Justicia sospecha que los citados funcionarios, junto a directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico SA (Cammesa) —Luis Alberto Beuret y Julio Armando Bragulat—, ambos también citados a indagatoria, intervinieron, en calidad de autores o partícipes, en la comisión del delito de "negociaciones incompatibles con la función pública".
Las citaciones se concretarán entre el 27 de noviembre y el 5 de diciembre próximos. En la última fecha fue citado el ex ministro De Vido, actual diputado nacional por el Frente para la Victoria.
El juez Rafecas se hizo cargo de esta causa hace cinco meses y su trámite implicó llevar adelante "un exhaustivo análisis de las resoluciones, notas y expedientes administrativos en los que se investiga la posible decisión direccionada por parte de las autoridades de los distintos organismos públicos intervinientes para que fuera Odebrecht la beneficiada con la ampliación de los gasoductos", indicó la resolución.
Entre la documentación analizada, se descubrieron una serie de notas y decisiones administrativas (incluyendo un "Memorándum de entendimiento" entre Odebrecht y la Secretaría de Energía), de las cuales "surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado —en forma previa— a la adjudicación del negocio a Odebrecht".
Incluso la presentación de otras dos empresas al llamado a licitación (Camargo Correa y Roggio), se sospecha que habría resultado un hecho meramente formal, dado los "plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación", señaló el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº3.
A través del examen del cuerpo probatorio (conformado con casi dos cuerpos de actuaciones administrativas y ciento ochenta cajas de documentación), la instrucción reveló "la posible existencia de un apreciable desvío de poder en dirección al involucramiento, probablemente espurio,de Odebrecht en la adjudicación de la obra pública, maniobra formalizada el 6 de diciembre de 2006 con la suscripción del contrato entre Cammesa y Odebrecht".
En concreto, se sospecha que De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a "licitación privada" a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo fue convocada la firma Cammesa, que fue quien finalmente le adjudicó, en un proceso sospechado, el negocio a la empresa brasileña Odebrecht.
La firma de este contrato fue "el hito demarcatorio" tenido en cuenta por Rafecas para remitir al juez Marcelo Martínez De Giorgi la investigación sobre el posible pago de sobornos por esta obra pública desde 2007 en adelante.
El juez De Giorgi —a cargo de la investigación de irregularidades en las obras de soterramiento del tren Sarmiento—, a pedido de la Oficina Anticorrupción y del fiscal Franco Picardi, había solicitado unificar la investigación del pago de sobornos a los jueces Rafecas y Casanello, este último a cargo de la investigación de hechos similares en obras de Aysa.
Allí habrían tenido lugar los pagos de sobornos a intermediarios con destino final en funcionarios públicos argentinos por una cifra global (en los tres contratos: Tren Sarmiento, Aysa y Gasoductos), próxima a los 35 millones de dólares, según reconoció explícitamente la compañía Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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