A lo largo de los primeros meses de 2017 la Defensoría Pública presentó una decena de casos en los que fueron necesarios hábeas corpus preventivos para que sea la Justicia la que ordene el cese de persecuciones, maltratos, allanamientos sin órdenes, golpizas y otros vejámenes a hombres de barrios humildes de la ciudad sobre quienes no pesan ni pedidos de captura, ni otra causa judicial. Sólo su condición de podres, excluídos en algunas ocasiones y su paso por instituciones penitenciarias para pagar penas ya cumplidas, los hacen pasibles de la mano dura de la policía y en consecuencia la necesidad de que alguien proteja sus derechos. Estás son sus breves historias:
• Juan Emilio A. tiene 23 años, vive en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez y salió de prisión en abril de 2016. Desde entonces, a menudo lo confunden con una persona apodada "Facturita" y por eso fue detenido por agentes de la policía y de Gendarmería Nacional en más de 15 oportunidades. En enero pasado las fuerzas federales le achacaron un crimen y dos intentos de homicidios por lo que estuvo preso en la sede local de Gendarmería, en la seccional 5ª y en la cárcel de Coronda. Recuperó la libertad tras dos meses y terminó viviendo en la calle después de un conflicto familiar. Pero entonces quienes lo hostigan son policías de las seccionales 25ª, 26ª y 29ª además del personal de la Policía de Acción Táctica (PAT). El 24 de mayo la Defensoría presentó el hábeas corpus y desde el 30 está vigente por disposición judicial.
• Omar C. tiene 20 años y el 16 de octubre de 2016 recuperó la libertad tras estar detenido en el Irar. Ese mismo día lo apresó un móvil de la seccional 15ª "por averiguación de paradero". En diciembre la policía allanó su casa sin orden judicial y desde entonces lo detuvieron cinco veces en la calle. Por eso tuvo que mudarse a una pensión, pero una brigada de policías caminante lo detuvo y lo llevó a la seccional 1ª. Lo mismo ocurrió cuando lo apresó un móvil del Comando. En abril denunció que por averiguar su paradero fue detenido por efectivos de la seccional 15ª, de la PAT, del Comando Radioeléctrico y de la Policía Motorizada. Se presentó un hábeas corpus que está vigente.
• Gabriel Diego G. tiene 21 y desde los 12 es cuidacoches en la calle. Desde el 2016 fue detenido más de diez veces y siempre lo trasladaron a la seccional 2ª con el pretexto de averiguación de antecedentes o supuestos pedidos de paradero. Se presentó el hábeas corpus en su favor aunque fue rechazado en primera instancia y luego aceptado por una decisión de la Cámara Penal.
• Miguel Ezequiel R. tiene 27 años y es cadete de una rotisería de zona sur. Fue detenido cuatro veces durante el año 2016 y trasladado a las seccionales 18ª y 15ª por supuesta averiguación de paradero. Se presentó el hábeas corpus correspondiente pero fue rechazado porque había un pedido de paradero. El 20 de marzo se apeló esas decisión haciendo lugar la Justicia al mismo y ordenando a la policía el cese de las detenciones arbitrarias.
• Jesús Alejandro O. tiene 26 años y vive en barrio Ludueña. En octubre de 2016 le allanaron su casa y lo detuvieron arbitrariamente. Denunció a la PAT y al personal de la seccional 12ª. En abril pasado compareció ante la Defensoría para denunciar las detenciones arbitrarias y el hostigamiento policial. Así, el 28 de abril se presentó el hábeas corpus aceptado el 3 de mayo de este año.
• Luis Iván L. es un cuidacoches que vive en la calle y fue detenido en más de 20 ocasiones por personal de la seccional 3ª bajo la presunción de que sobre él hay un pedido de paradero registrado en la ciudad cordobesa de Marcos Juárez. El 17 de febrero se impuso el hábeas corpus en su favor para que cesen las detenciones y se comprobó que tal pedido en Córdoba no tiene vigencia.
• Brian Gabriel B., de 26 años, denunció que a partir de la finalización de su relación amorosa con una agente policial fue hostigado por efectivos de la seccional 12ª y la PAT. El 26 de mayo se presentó el recurso de hábeas corpus al que hizo lugar la Justicia.
• Carlos M., de 27 años, es padre de tres hijos y su mujer está presa. Denunció a agentes de la seccional 12ª y la PAT por intromisión en su casa y hostigamiento. El 6 de junio último se presentó el hábeas corpus solicitando el cese de hostigamiento y golpizas que sufre M. pero el recurso aún no se resolvió.
• César Marcelo M. tiene 28 años y vive en Villa Gobernador Gálvez. El número de su DNI coincide con el de un hombre llamado Gabino L., quien tiene orden de captura del Juzgado Correccional 2 de Rosario. Ante ello fue apresado varias veces tanto en la calle como en controles vehiculares. Por eso se presentó un recurso de hábeas corpus y la Justicia no hizo lugar al mismo. Pero desde la Defensoría se consiguió que se corrijan los errores de numeración en el juzgado Correccional a din de que César M. deje de ser peresguido.
• Angel Gabriel B. tiene 19 años, es oriundo de Villa Gobernador Gálvez y apodado "Faturita". Estuvo acusado por la muerte de Abigail Maciel y recuperó su libertad. Denunció en Defensoría que desde marzo de 2017 están apostados efectivos de la PAT en inmediaciones de su casa con una foto suya e indagan sobre su paradero. El 30 de mayo de este año se presentó un hábeas corpus al que la Justicia hizo lugar para que cesen sus restricciones a la libertad asistida.
basta. La Defensoría quiere terminar con las detenciones indiscriminadas de jóvenes por portación de cara.
Generalmente los hábeas corpus presentados por
la Defensoría son aceptados en 1ª instancia; si no son apelados
