La lupa sobre la organización que, según la acusación encabeza Tania Rostro, expuso otro costado pocas veces ventilados en este tipo de imputaciones. La connivencia de funcionarios estatales con estas bandas. En este caso una empleada de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario que, desde una ubicación de privilegio en el acceso a la información, traficó esos datos sin pudor para que la banda ganara en impunidad.
Así, la banda de Tania siempre estaba un paso adelante de cualquier medida de seguridad pública que se tomara en Nuevo Alberdi, Cristalería o el barrio Fontanarrosa (ex Zona Cero). La empleada en cuestión es Laura Carolina A., quien ingresó al municipio en 1993 y era coordinadora de Desarrollo Social y Hábitat del Centro Municipal de Distrito Norte. Una persona que tenía llegada a fiscales, funcionarios de seguridad y también a víctimas. Según un informe del 7 de julio pasado del área de Política Criminal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Laura A. estuvo en dos de las cuatro reuniones de mesas de seguridad que se llevaron adelante los días 5, 8, 12 y 18 junio. La funcionaria participó de las dos últimas y en las primeras asistió gente de su confianza.
Tras la reunión del 12 de junio la funcionaria llamo por teléfono a la madre de Tania, la también imputada Beatriz G., una referente barrial y administradora de un merendero, y le dijo que tenía que hablar con ella. “Es por cuestiones que saltaron en la mesa de seguridad. Para que vos hables con tu cercanía. No puedo contarte por acá”, dijo la funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de la Municipalidad de Rosario. Ambas mujeres quedaron en libertad tras el pago de una fianza aunque siguen ligadas al proceso judicial.
La Justicia Federal citó a indagatoria a tres exintegrantes de Inteligencia del Ejército por el histórico asalto en el que desaparecieron expedientes clave sobre crímenes de lesa humanidad.
Por Nicolás Maggi
