Un juicio que expone cómo en una comisaría trabajaban para narcos

Un juicio que empezará dentro de dos días en los Tribunales Federales de Oroño al 900 revela algo formidable: una comisaría entera trabajando para narcotraficantes. La investigación iniciada en 2015 que desemboca en este trámite oral describe el mecanismo con que un grupo de policías, que incluía al jefe y al subjefe de la seccional, daban amparo, protección y cobertura a vendedores de droga de Empalme Graneros. Estos no sólo responderán por liberar zonas para los dueños de los búnkeres sino también por hacer negocios con ellos. Además de los uniformados, cuatro de los cuales llegan presos a esta instancia, se sentarán en el banquillo otras cuatro personas acusadas de vender drogas en ese barrio y zonas aledañas.

Los fiscales estaban convencidos de estar siguiendo a una banda de civiles hasta que el trabajo de identificación evidenció que con éstos había uniformados trabajando codo a codo. Y para mayor sorpresa eran policías con posiciones jerárquicas. Cada efectivo era aludido en las escuchas con un apodo que empezaba con la misma letra del apellido. Por ejemplo al jefe de la comisaría 20ª, Roberto Quiroga, le decían "Queja". Al subjefe Jorge Ocampo lo llamaban "Obra". A Gustavo Elizalde lo conocían como "Empleo" y Cristian Fernando Gelabert, un oficial que rompe todos los moldes, era "Gavia". Apodado "Mochila", un quinto policía juzgado, Roberto Villalba, era el único que escapaba a esa regla.

En Rosario es habitual encontrar casos de cooperación sistémica entre policías y delincuentes que en este caso roza lo estrafalario. La causa se empezó a trabajar en 2016 como un desprendimiento de la investigación que terminó con once personas procesadas por narcotráfico, entre ellas Rosa Caminos, hermana de "Pimpi", el ex jefe de la barra brava de Newell's asesinado en 2010. Los cinco policías mencionados quedaron conectados en la investigación con tres personas que venden drogas. El más conocido es Gustavo "Tuerto" Cárdenas, un histórico del rubro recientemente condenado a nueve años porque su causa se trabajó de manera separada (ver aparte). Los otros son Sixto Daniel "Chaqueño" Pérez y Silvia Blanca Di Morelle, alias "La gorda bulona" o "la gorda bote", quien detentaba un quiosco de drogas en José Ingenieros al 2800. Ambos están entre quienes serán juzgados desde el jueves. La octava es Micaela Pared, nieta de Di Morelle, que completa el grupo acusado.

Romper todo

En esta investigación captó la atención de la Fiscalía Federal 2 el policía Gelabert, efectivo de calle que revistaba en la zona sur de la ciudad pero que fue enviado a prestar servicios en la comisaría 20ª de Carrasco al 2500. Según la pesquisa, el efectivo iba personalmente a los búnkeres, arremetía contra las construcciones, golpeaba a los que despachaban y les decía: "Si quieren seguir vendiendo vayan a arreglar con la comisaría".

A Gelabert lo empezaron a seguir los investigadores a partir del auto que usaba, pero sin saber que se trataba de un miembro activo de la fuerza de seguridad provincial. Desde la fiscalía entonces a cargo de Mario Gambacorta decían haberle descubierto conductas temerarias. "Su personalidad desaforada lo impulsaba a tomar el arma y disparar con frecuencia. Lo consideraban el brazo armado de grupos narcos investigados y, a la inversa, una especie de azote de los que no cerraban con él", dijeron desde esa fiscalía al acusar al policía.

En la resolución que mandó a juicio el juez Marcelo Bailaque se indica que el Tuerto Cárdenas y su organización vendían droga con el paraguas del personal de la comisaría 20ª donde, en primer lugar, era habitué: estuvo detenido allá a disposición de un juez provincial y en esa condición tenía contactos con el subjefe de la seccional. La estructura entre narcos y policías permitió que Cárdenas, Pérez y Di Morelle comerciaran drogas mientras los agentes, en su carácter de funcionarios policiales, les posibilitaban que realizaran esa actividad sin interferencias.

Día de pago

Las escuchas tienen un peso concluyente en esta causa. En ellas los policías hablan de drogas, de precios y de dialogar con los civiles que venden. Se mencionan valores por paquetes, por kilos y alusiones a sustancias como merca (cocaína), escama (como en la jerga se conoce a la cocaína de mayor pureza), "cristal" (por drogas sintéticas como mentanfetaminas) y "fasos" (marihuana).

También queda claro que hay una fecha fija mensual, el 10 de cada mes, para el pago de la cuota por la protección para "liberar la zona", noción utilizada por el mismo fiscal Gambacorta. Quiroga y Ocampo, como jefe y subjefe de la comisaría, aparecen hablando claramente sobre esto, lo que se difundirá en las escuchas en el Tribunal Federal Oral 3 que estará compuesto por los jueces Osvaldo Facciano, Eugenio Martínez y Otmar Paulucci.

Gelabert llega acusado como responsable de una serie de acciones diversas que dibujan el estereotipo fuerte del uniformado fuera de la ley. La resolución consigna que es quien "estaba en la calle". Lo acusan de ir a romper búnkeres, golpear a los vendedores para arrancarles una contribución regular para no ser molestados, enfrentarse a tiros con ellos, sacarles la cuota mensual o sustancia que según queda grabado es para su propio consumo en servicio.

"El oficial Gelabert habla en más de una oportunidad con personas que se dedican a la venta de estupefacientes, conoce una gran cantidad de lugares donde pide, compra o roba droga", dice la resolución que lo mandó al banquillo. Hay constancia en la causa de que quiso "mejicanear" al "Chaqueño" Pérez, término utilizado cuando alguien roba o intenta robar un cargamento de drogas. El propio Gelabert da cuenta de que el "Chaqueño" le tiró a matar y que "esto no va a quedar así".

La relación del subjefe Ocampo con el Chaqueño es directa. En un mensaje de texto del 20 de abril de 2015 el policía le reclama: "¿Cuándo vas a pasar?". A lo que el chaqueño le pide plazo al subcomisario porque "no estoy haciendo nada de nada viste", lo que se entiende como una pausa porque no estaba en ese momento vendiendo estupefacientes.

Organizador

El Chaqueño Pérez responderá como acusado de ser empleador, financista y organizador de las personas a cargo de puntos de venta en Empalme Graneros. Desde la Fiscalía Federal 2 determinaron con escuchas que los contactos provenían de antenas de telefonía ubicadas en la provincia de Chaco y que una persona desde allí ordenaba a otra en Rosario que atacara con disparos una vivienda particular.

Así se identificó al abastecedor como Pérez, que residía a intervalos en la localidad de Hermoso Campo, en Chaco, y en Empalme Graneros.