"Vos te tenés que ir de acá o te mato. Si te querés quedar me tenés que dar 50 mil pesos o te cago a tiros. Yo recibo órdenes de los Romero así que te vas o te matamos. Te lo pedí una vez bien. Si no me das la plata o te vas o te matamos". Ese apriete la escuchó hace un mes una mujer en Luzarriaga al 3900 de Nuevo Alberdi. El que la amenazó tiene 24 años, se llama Franco Villalba, le dicen Sordo y el miércoles quedó en prisión preventiva por esa advertencia. La dueña de casa lo mismo tuvo que abandonar su vivienda, ingresar a un programa de protección de testigos y cambiar de vida. Que quien la amenazó haya quedado preso le sirve de poco porque la banda que lo mandó a apoderarse de su casa, o de dinero para no hacerlo, sigue imperando en el barrio. Buena parte de los líderes de esa organización están, de hecho, atrás de los barrotes. Pero lo que el grupo conserva es la capacidad, mediante el método del miedo, de generar dinero. Y sobre todo de gastarlo.
Detenerse en la violencia de las bandas interesa porque provoca opresivos efectos para vecindarios enteros. Pero más importante que el impacto de la violencia es su cualidad de herramienta para hacer negocios. A la misma hora que una fiscal imputaba al Sordo por amenazar a la mujer con usurparle su casa, en una sala ubicada a diez metros otra acusaba a Hugo Vallejos, de 30 años, por herir a balazos a tres personas desde un auto en Parque Casas. La simultaneidad de ambas audiencias no podía ser más didáctica. Un hombre es imputado por amenazar con matar a tiros a una mujer si no le paga o deja su casa. Otro de la misma gavilla por balear a tres jóvenes. Sujetos de la misma banda, con roles de la misma lógica, imputados al mismo tiempo, en actos desplegados en un mismo territorio. Los dos hechos ocurrieron a menos de diez cuadras de distancia.
Este modalidad criminal está desparramada por toda la geografía de la ciudad de manera idéntica. En apenas cinco días fueron detenidos actores principales de este tipo de violencia en tres zonas. El 8 de enero en La Siberia cayó Diego Molina, "Costeleta", a quien le atribuyen usurpaciones para instalar búnkeres y lo vinculan a Los Funes. Dos días después detuvieron a Héctor "Manco" García, ya imputado por liderar una banda que usurpa casas y ejecuta balaceras. Luego fue el turno de los señalados arriba de Nuevo Alberdi.
El impacto que produce la violencia no permite ver su cualidad instrumental, que ser la vía para conseguir ingresos. Cuando a los grupos criminales se les dificulta emplear el dinero que obtienen con métodos violentos los motivos para ejercer violencia se relativizan. Por eso son importantes las investigaciones orientadas a establecer cómo gastan la plata los grupos que lo obtienen de manera violenta. Y a perseguir a los que reciben el dinero obtenido con acciones sangrientas.
En febrero comenzará un singular juicio por lavado de activos contra los líderes de la Banda de Los Romero, que son señalados como jefes del Sordo, el hombre cuya amenaza abre esta nota. Los Romero son hace años artífices principales de la violencia en Nuevo Alberdi, Parque Casas y la Cerámica en la zona norte. Lo peculiar es que también comparecerá una de las personas que está acusada de ser quien, sin estar implicado en hechos cruentos, les garantiza desde el sistema no financiero la adquisición sucesiva de bienes. Es decir, en la teoría del Ministerio Público de la Acusación (MPA), les da motivos para seguir ejerciendo violencia.
El cabecilla de este grupo es Hernán Ramón Romero, "Lichi", a quien en octubre pasado le solicitaron 20 años de prisión por estar implicado en robos a comercios y entraderas muy violentas. Pero además se lo acusó del lavado de activos producto de los botines de los atracos, que superaron los dos millones de pesos.
Las multas delatoras
En la causa de lavado los acusados son tres: Lichi Romero, su primo Gastón Romero y Jorge Alberto Martín, que es quien les vendía bienes. A pedido de la fiscal Valeria Haurigot, la Unidad de Delitos Económicos del MPA (fiscalías) se interesó en el destino que los Romero le daban a la plata. Advirtieron así que el hecho de no tener actividad legal inscripta no les impedía comprar vehículos costoso hasta caer presos.
Gastón Romero, por ejemplo, compró en octubre de 2014 un Citroen C4 por 105 mil pesos (13 mil dólares) y en fecha 31 de marzo de 2015 un Mini Cooper por 219.800 pesos (17 mil dólares), los cuales registró a su nombre. La UFE de Delitos Económicos consignó que tuvo trabajo formal entre 2008 y 2009 en una empresa de construcción pero que además de los dos vehículos registrados fue multado conduciendo un Chevrolet Vectra en 2016 y un Renault Sandero a nombre de otra persona llamada Julio Roldán.
La fiscal verificó un desproporcionado incremento patrimonial sin correlato con su perfil fiscal. No hubo justificación lícita de los ingresos que permitieron comprar los vehículos y estas transacciones superan su capacidad económica demostrable, "de donde se infiere el presunto origen delictivo de los fondos utilizados para la compra de bienes identificados como propios".
En el caso de Lichi Romero, el mismo informe que lo lleva a juicio indica que tenía un BMW modelo 323i que le compró a Jorge Martín cuyo titular registral es Julio Roldán, el mismo que figura como dueño del Sandero que conducía Gastón Romero cuando fue multado, de lo que se infiere que Roldán es testaferro de ambos primos Romero. El informe consigna que Lichi Romero "nunca registró actividad laboral".
Acaso lo más llamativo de esta pesquisa está en el nombre de Jorge Martín que es quien vende autos a los Romero. Se trata de un comerciante de clase media, no implicado en cuestiones de violencia pero que, según la fiscalía es un actor fundamental para que los que obtienen dinero de la violencia puedan gastarlo. Se acreditó que Lichi Romero y él mantuvieron contacto constante en la época en que el primero era investigado por robos cruentos (130 llamados telefónicos entre mayo y junio de 2017). En los diálogos, establece la fiscal Haurigot, "se ofrecen multiplicidad de autos, motos, galpones y caballos".
El informe patrimonial indica que Martín tiene una agencia de autos que no se encuentra formalmente registrada en la Afip ni en la Municipalidad. "A través de esta agencia (...) le vende autos de alta gama a Hernán (Lichi) Romero conociendo que el mismo los adquiere con dinero proveniente de ilícitos". De este modo el comerciante permitió que le diera apariencia lícita a bienes comprados con actos delictivos.
Según la fiscal está acreditado que en 2017 Lichi le compra dos BMW a Martín. Uno modelo 323i por 400 mil pesos (24 mil dólares) y uno modelo 330i por 350 mil pesos (20 mil dólares). Martín no registra actividad laboral inscripta al momento de ser investigado, ni datos en la Afip ni en la API. No está preso, pero irá a juicio con los Romero en unos días por lavado de activos.
Cómo la gastan
El Sordo Villalba, de la banda de Los Romero, le exigió 50 mil pesos a una mujer y eso asomó a la superficie. Es menos usual establecer cómo las organizaciones violentas, cuando la obtienen, gastan esa plata. Esto se propone hacer la fiscal Haurigot hacer buscando condena en esta causa. Para ello determina, con el ejemplo de este caso, un modelo de qué hacen con el dinero y qué inconsistencias quedan al descubierto. Esto es lo que detecta la fiscalía:
• No existe una actividad lícita de los imputados que permita la acumulación de los vehículos que les fueron secuestrados. Eso revela una economía íntegramente marginal.
• Se busca colocar los fondos ilegales en el sistema no financiero a través de adquisiciones de bienes. El método de ocultamiento de dinero (lavado) se efectúa a través del uso de formularios no inscriptos regularmente ante los registros públicos del Automotor y o de la Propiedad Inmueble. Lo más usual es el uso del Formulario 08 ante escribano público donde solo constan la firma del vendedor sin la ulterior inscripción o boletos de compraventa entre sujetos imputados, por ejemplo.
• La evidencia de que se usan testaferros es que los vehículos mantienen el nombre del primer titular mientras aparecen multas a nombre de sujetos imputados en la causa, lo que hace suponer que el auto se encontraba en goce de estos últimos. Por ejemplo Lichi Romero tiene dos infracciones de tránsito en vehículos a nombre de otras personas en tres ocasiones. También se dan casos de vehículos secuestrados a imputados en esta causa que se mantienen a nombre de terceros.
• Otra evidencia del intento de ocultar dinero ilícito salta en las transacciones sucesivas de un mismo vehículo en intervalos menores de seis meses con sujetos imputados en la causa por valores mucho más altos en relación a la operación previa. Lichi Romero no contaba con recursos declarados pero sin embargo compra en 400 mil pesos un BMW 323i a Jorge Martín en abril de 2017. El vehículo estaba valuado entonces en 280 mil pesos, lo que significa que fue vendido en un 42 por ciento por encima de su valor, lo que es típico en operaciones de riesgo. También se establece que Lichi le compra a Jorge Martín un Toyota Corolla en 230 mil pesos (31 por ciento por encima de su valuación de 175 mil pesos) en abril de 2017. Y que dos meses después adquiere un VW Gol Trend en 200 mil pesos con el auto valuado en 100 mil, o sea, una venta por encima de su valuación en un 100 por ciento.
En definitiva, en este caso con personas que están presas por delitos violentos, se constata que en el período inmediatamente anterior a su captura comercializaban de modo habitual vehículos de mediana y alta gama en el mercado informal, por fuera de los controles estatales fijados para el lavado de activos.
Para ello incurrían de manera permanente en transacciones comerciales que son antieconómicas, con sujetos que carecen de respaldo patrimonial y actividad económica lícita y colocando fondos de origen ilícito en un sector formal de la economía como el mercado automotor. El valor de los vehículos detectados fue estimado al momento de elevarse el caso a juicio, a fines de 2018, en dos millones de pesos.
Al inicio de la nota consta que en la última semana miembros de la banda de Los Romero quedaron presos por extorsionar a una mujer por 50 mil pesos o por balear a tres jóvenes. El final de la nota expone las compras de vehículos de los jefes de esta banda reconocida por su fiereza. El hecho de que éstos líderes se encuentren presos parece probar que la violencia no cesa con la cárcel si la chance de seguir haciendo negocios perdura. "El camino para debilitar a las bandas es tocarles el dinero", dice Roberto Bulit Goñi, especialista en lavado de activos. "La organización, con la plata que no le hemos quitado, seguirá adelante con otras personas".
