La adecuación de los protocolos de actuación sobre torturas de acuerdo con normas internacionales, la revisión de la situación edilicia de los sectores 5 y 6, y que el Instituto de Rehabilitación del Adolescente (Irar) y el Ministerio de la Educación garanticen que los jóvenes allí alojados asistan a clase deberá ser resuelto en 30 días. Así lo dispuso el juez penal Luis María Caterina tras el hábeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa y la Asesoría de Menores en favor de los chicos alojados en el Irar.
El viernes pasado continuó la audiencia iniciada el 23 de agosto en la que el defensor provincial, Gabriel Ganón, y el encargado de Prevención de Violencia Institucional de la Defensa Pública, Enrique Font, interpusieron hábeas corpus por las anomalías detectadas en la salud de los internos, su régimen de comida y limpieza, y el suministro de agua en los pabellones 5 y 6. Además cuestionaron los traslados de los menores cuando cumplen 18 años, hecho que Font calificó como "usado para extorsionar a los jóvenes ya que, al ser trasladados, no se tiene con ellos ningún resguardo posterior".
Corroborado. En agosto el juez dispuso que el Instituto Médico Legal (IML) realizara controles periódicos en el Irar, sobre todo en los pabellones 5 y 6. En la última audiencia del viernes la directora del IML, Alicia Cadierno, dijo haber corroborado lo denunciado por los defensores sobre problemas edilicios, alimentación e higiene. Y Marta Bianciotti, psiquiatra del Poder Judicial, afirmó que "no es posible abordar la salud mental si no nos comprometemos respecto del lugar donde están alojados".
Otra planteo de la Defensa Pública y del asesor de Menores Daniel Papalardo tiene que ver con el acceso a la educación. La situación fue abordada por la directora provincial de Educación Permanente, Noemí Stara, quien admitió que los chicos "van menos horas a clases porque hay grupos antagónicos que no pueden compartir espacios dentro de un aula".
Protocolo. Font también se refirió al tiempo que los adolescentes pasan en las comisarías antes de llegar al Irar, a raíz de "denuncias de que son golpeados y humillados". Mencionó el caso de un chico apresado que fue golpeado media hora en la seccional y cuando llegó al Heca nadie se interesó por la causa de las lesiones. "Le preguntamos por qué no denunció los tormentos y contestó ¿para qué? Dijo que tenía miedo a represalias", graficó Font.
"No se cumple con ningún protocolo internacional, hay una serie de puntos escritos a manera de protocolo pero tampoco se cumplen", dijo Font. Los defensores públicos requirieron un informe al Ministerio Público de la Acusación sobre denuncias por malos tratos en el Irar. "Llegan pocas denuncias y la fiscalía no trabaja, pero no es porque no haya situaciones conflictivas", señaló. Y afirmó que "el traslado a las cárceles cuando cumplen 18 es muy complejo. Los carceleros los amenazan y extorsionan. Así, al ser trasladados se incorporan a un ambiente carcelario extraño. En otros países el sistema les brinda contención, pero acá no", dijo Font.
Plazos. Luego de escuchar los requerimientos el juez Caterina dispuso un plazo de 30 días para adecuar los protocolos de actuación del Irar para la detección y el registro de las torturas de acuerdo con normas internacionales. Y la verificación de la situación estructural de los sectores 5 y 6 con relación a su habitabilidad. También ordenó que el Irar y el Ministerio de Educación hagan una propuesta para garantizar que todos los internos asistan a clase. Y también solicitó que sean generados mecanismos de control de la salud mental de todos los chicos.
