Un juez da por cumplido hábeas corpus por el Irar

El juez penal Luis María Caterina resolvió "tener por cumplimentados" los requerimientos realizados a la Dirección de Justicia Penal Juvenil mediante un hábeas corpus colectivo y correctivo presentado por el Ministerio Público de la Defensa en agosto en nombre de los menores alojados en el Instituto de Rehabilitación del Adolescente de Rosario (Irar). El pedido se había hechos tras constatar "serias irregularidades respecto al cumplimiento de los estándares mínimos en materia de condiciones de detención de niños y adolescentes".

En este sentido, "se comprobaron irregularidades con respecto a la infraestructura del edificio, sobre todo en los sectores 5 y 6; una restricción en relación al acceso a la salud y a la educación; sobrepoblación y hacinamiento; y, de acuerdo al relato de los jóvenes, comida escasa, con poca variedad y siempre fría", según el informe presentado. La mayoría de esas cuestiones ya habían sido señaladas en hábeas corpus colectivos y correctivos presentados por la Defensoría, en 2012 y 2015.

Respuesta oficial

En ese orden, y tras una primera audiencia en la cual el Estado no fue, la última semana de 2016 se concretó el encuentro de partes y el Director de Justicia Penal Juvenil, Alcides Leicker, expuso que "se habían finalizado las obras en los sectores 5 y 6"; mencionó la firma de "convenios con el Hospital Centenario para exámenes toxicológicos, tal como fuera exigido por la Justicia y con el Hospital Provincial para exámenes clínicos integrales de los adolescentes tras su ingreso".

Si bien los progresos fueron acogidos con beneplácito por el encargado de la Secretaría contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Enrique Font, el mismo refirió que una de las cuestiones fundamentales del hábeas corpus que "no fue debidamente implementada" . Y remarcó que "no se presentó una propuesta de adecuación al Protocolo de Estambul en cuanto a prácticas de detección, documentación, registro e investigación de la tortura y los malos tratos y rehabilitación a las víctimas".

Leicker aseguró sin embargo que "los procedimientos para la detección de torturas y malos tratos fueron adecuados a los estándares que dicta el Protocolo de Estambul, en relación al primer contacto entre el médico y el adolescente"; y el juez Caterina dispuso que "las cuestiones vinculadas con la confidencialidad requerida por el Protocolo en la entrevista médico-adolescente deberán ser monitoreadas por la Defensa Pública, la Asesoría de Menores y el Fiscalía a los fines de que se le de efectivo cumplimiento a esta prerrogativa fundamental para la documentación e investigación de torturas y malos tratos", ya que según la denuncia había penitenciarios presentes en esas entrevistas lo que amedrentaba al menor y lo exponía a situaciones de riesgo.

Crítica

"Lo que vemos por parte de la autoridad es una interpretación silvestre y vulgar del Protocolo de Estambul que no se ajusta a los tratados internacionales", dijo Font. Y vinculó la actitud del Poder Ejecutivo a un "cierto actuar malicioso ya que vienen prometiendo la implementación de dicho Protocolo desde hace meses y no vemos medidas concretas. Lo único que escuchamos es que se conformó una mesa de diálogo y discursos con tiempos verbales en potencial manifestando que en algún momento lo van a aplicar".