Testigos expuestos ante los imputados en los juicios, un serio déficit del sistema penal

Personas llamadas a incriminar a acusados que los conocen desertan, se quejan o se retractan. Los métodos de protección son incipientes o precarios.
12 de febrero 2018 · 00:00hs

El jueves pasado en el llamado juicio de Los Monos fue llamada a declarar una chica de 20 años. Hace algo más de cuatro años esta joven estaba adentro de su casa del Barrio de La Carne cuando su hermana de 14 años, Lourdes Canteros, cayó allí asesinada de un balazo en un ataque por el cual uno de los juzgados, presente en la misma sala, responde como autor ideológico. De manera entrecortada por un llanto sin pausas, la testigo fue convocada a exponer sobre ese trauma extremo, en un ámbito donde además debía refrendar su testimonio frente a la persona acusada de ordenar el atentado. Los presentes siguieron en conmoción el relato de esa chica y el de un quiosquero vecino que sollozó durante toda su intervención.

Algo parecido ocurrió al día siguiente con una mujer que sufrió el asesinato de su hijo, Andrés García, en la zona de Melián al 5600 y que en su primera declaración mencionó a varios de los implicados en este juicio. Que esta mujer no refrendara en su totalidad su primer testimonio es tan cierto como que nunca se sabrá si fue porque lo que consta en su declaración, firmada por ella, no es verdad, o bien porque tenía a los acusados delante de ella. La violencia que atravesó la vida de esta testigo la obligó, según dijo muy asustada, a mudarse de Rosario. Cuando se incorporó para retirarse de la audiencia se quejó de que le hubieran obligado a estar ahí. "No me llamen otra vez porque acá no vengo más".

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Expuestos

En estos pasajes queda expuesto el estado de terror y opresión subjetiva de testigos de asesinatos de familiares cercanos, que son requeridos sin ningún tipo de resguardo en los juicios penales. Allí sus declaraciones incriminatorias les son leídas frente a los imputados mirándolos a ojo desnudo desde una distancia de no más de cinco metros. Después de hacer eso todos deben retornar a sus domicilios que en la mayoría de los casos están en la misma zona de los imputados y son conocidos por sus entornos.

En la provincia de Santa Fe el sistema penal expone a los testigos a experiencias de enorme riesgo. Eso genera, como se ha visto en este juicio también, deserciones que parecen regidas por una impecable lógica: la de asegurar el resguardo que el Estado no proporciona.

Es un déficit con costos altísimos. Primero que nada, en términos de la integridad de los testigos. Además porque compromete el esclarecimiento de los delitos. Por último, porque aun cuando hay condenas si no se controla al implicado cuando está en prisión el riesgo de una consecuencia violencia no se va a disipar.

Construcción

En los juicios penales las partes construyen la idea de verdad del conflicto que está en análisis. En este sentido es lógico que el defensor pueda buscar las contradicciones o debilidades del testigo que puede ser falible en sus dichos y también mentir.

Pero una cosa es atacar el testimonio y otra al testigo. Muchos de éstos, como los citados arriba, llegan en una fragilidad extrema a los estrados y el tribunal tiene la obligación de aplicar toda su autoridad para asegurarles un buen trato, que muy a menudo no encuentran.

Los testigos contra los grupos criminales provienen, la mayoría de las veces, de los allegados a sus víctimas y también de implicados desde adentro en el mundo del delito. Hoy en la provincia de Santa Fe fallan los vínculos de confianza que pueden garantizar resultados exitosos en uno y otro campo.

Para generar adhesión comunitaria no se debe exponer a los que hablan. Los programas de protección de testigos —recién sancionado en la provincia en 2015 y aún en proceso de implementación— no garantizan ese amparo. Tampoco la tienen los aportantes de información desde mecanismos de identidad reservada.

En este mismo juicio los nombres de dos implicados en el mundo del hampa que ya declararon en las audiencias —uno de ellos el jueves pasado— son conocidos vastamente y hasta publicados por la prensa. El testigo que viene del mundo criminal se torna inutilizable cuando su identidad no es preservada y porque además estando en la cárcel se coloca en peligro evidente contra los acusados que también están bajo encierro.

El miedo es un mecanismo que destruye la prueba testimonial, al generar deserciones o retractaciones. El nuevo sistema de juicio oral desnuda con total transparencia a los que declaran. Pero no es que el sistema de juicio escrito preservara mejor a los testigos.

A Norma Bustos, madre del asesinado Lucas Espina en barrio Tablada, la mataron por señalar a los culpables. Un testigo clave en ese expediente cambió sugestivamente su declaración para favorecer a los homicidas. Cuando le advirtieron que lo acusarían por falso testimonio este testigo le confesó al fiscal que lo habían amenazado de muerte si sostenía sus dichos.

También hubo en Rosario casos donde se propusieron matar a futuros testigos de un caso. Fue el de la muerte de Lorena Ojeda, asesinada en noviembre de 2016 cuando querían eliminar a su hermana Brisa para que no señalara a un imputado en una rueda de reconocimiento.

Derechos

"El tema no es sencillo porque hay dos derechos en juego de igual jerarquía: el derecho del imputado y el del testigo a ser protegido. Y ninguno puede negar al otro", dice Gustavo Franceschetti, defensor regional de Rosario.

"Por un lado, el testigo debe declarar durante el juicio en presencia del juez y de la defensa. Sin testigo no hay prueba y sin prueba no hay condena. Por otro lado, los testigos que temen por su vida o integridad física, sean víctimas o no, tienen derecho a ser protegidos. La pregunta es cómo saldar la cuestión para que se produzca la prueba y se dirima la responsabilidad penal. Y hacerlo sin vulnerar los derechos del imputado", afirmó.

"La mayoría de las medidas de protección —agregó el funcionario— no tienen incidencia en el derecho de defensa. La custodia policial, la colocación de alarmas, el botón de pánico, los chalecos antibalas, los cambios de domicilio, el retiro del imputado de la sala porque el imputado agrede o intimida, o que el testigo declare detrás de un biombo o fuera de la sala por medios audiovisuales, con la voz distorsionada. O el ingreso a un programa de protección de testigos, que después de declarar, le sustituya la identidad o lo cambie de domicilio”.

La utilidad que pueden tener estas herramientas depende del caso concreto. “En ocasiones pueden no ser útiles porque el imputado sabe perfectamente quién está declarando por su contenido. Entonces no interesa si le ve o no la cara, si le reconoce o no la voz. Pueden también no ser suficientes porque el imputado ha prometido represalias. Máxime cuando es conocido el poder de hacerlo, si se trata de una organización criminal”, indica.

Franceschetti considera que hay alternativas que no son admisibles. “Una es que el testigo no declare en el juicio sino solo ante el fiscal y en privado. Esto no es aceptable porque el juez no percibe por sus propios sentidos el testimonio y se queda sin elementos para valorar si dice la verdad o no. Y tampoco permite ejercer el derecho a controlar lo que el testigo dijo. Otra es que se reserve la identidad del testigo. Esto requiere de una ley que nosotros no tenemos pero igual es cuestionable porque nada permite verificar su credibilidad. Una alternativa excepcional y válida, a mi criterio, es que el fiscal pida al juez que autorice un anticipo de prueba (que el testigo declare ahora y luego en el juicio se reproduzca el video), con el argumento del temor fundado, basado en hechos. Esto ante el juez, con la presencia del imputado y su defensor, quienes pueden hacer preguntas y ejercer el control propio del derecho de defensa. Y luego, sí, ingresarlo a un programa que sustituya su identidad. Esto permite proteger al testigo y al mismo tiempo garantizar el derecho de la defensa”.

Mecanismos

El fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, asume que hoy el temor implica que el testigo no dirá lo que padeció o pudo observar. “Por eso hay que proteger a los testigos. Uno de los mecanismos es sacar al imputado de la sala, lo que da tranquilidad a la víctima o el testigo declarante. El imputado puede ejercer su derecho de defensa de interrogar personalmente al testigo siguiendo la declaración en una sala contigua por videoconferencia. Si hay temor a los familiares del imputado presentes el tribunal puede disponer que éstos sean retirados de la sala”.

Baclini recordó que en países como Chile para algunos delitos se utiliza un biombo para ocultar al testigo y también se desnaturaliza su voz. “No parece ser esta la mejor manera de darle protección porque las situaciones de temor seguirían vigentes. También es importante tener claro que todos los interrogadores del testigo lo hagan con el respeto debido y sin remover los malos recuerdos. Tanto el tribunal como el fiscal tienen que controlar que esto no ocurra si la defensa interroga en forma hostil y ofensiva”.

La presencia de bandas narco en los juicios desvirtuó herramientas que antes pudieron ser eficaces para generar pruebas y sanciones penales de cierta eficacia. La violencia intrínseca a este delito atraviesa a los testigos y los torna débiles. En estos juicios hacen escuchar audios de gente que busca personas para matarlas. Y los acusados de hacer esto conviven en la sala con los testigos a cara limpia que los incriminaron.

Dilema   

En la Fiscalía Regional Rosario indicaron que a menudo personas llegan a denunciar acciones cruentas en sus barrios en un angustiante dilema: no denunciar es quedar expuestos a la violencia pero hacerlo significa quedar comprometido a los denunciados. Esta disyuntiva es hoy para el sistema penal —Poder Ejecutivo, Corte Suprema, Procuración, Fiscalías, Servicio de Defensa— un déficit preocupante a la vez que un desafío para su eficiencia y su legitimidad.

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