Un empleado gastronómico acusado de haber actuado como nexo entre un empresario que quiso matar a un competidor y un grupo de sicarios contratado para la tarea seguirá preso luego de que un juez rechazara un pedido de libertad. Germán P. es uno de los cuatro detenidos por el intento de asesinato del empresario Mauricio L., un crimen que había sido encargado por un ex empleador suyo a un grupo que funcionaba como un servicio de sicariato gestionado desde la Unidad 3 de Rosario. Como al resto del grupo, le achacan un delito que se pena con hasta 20 años de prisión.
La audiencia de revisión de la medida cautelar que pesa sobre el gastronómico se llevó adelante esta mañana en el Centro de Justicia Penal a pedido de la defensa de P., quien fue detenido en mayo cuando llegaba a su trabajo en el sector gastronómico del Nuevo Hospital Privado de Rosario, en Presidente Roca al 2400. El juez Román Lanzón analizó un pedido de la defensa para que el sindicado como nexo entre el contratistas y los sicarios recupere la libertad con restricciones. Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery se opusieron y reclamaron que siga preso. La decisión del magistrado fue que continúe en prisión preventiva por el plazo legal de dos años.
Al ser detenido la tarde del lunes 17 de mayo, Germán Roberto P., de 33 años, llevaba en su billetera un papel con los datos de la víctima, la dirección de su departamento, el modelo y color de su auto, la dirección de su fábrica y el horario en el que solía ir a trabajar. En base a esa y otras evidencias fue acusado como partícipe necesario de un intento de homicidio calificado por haber sido cometido por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de instigador. Un delito que prevé de 15 a 20 años de prisión.
Hubo dos intentos de matar al empresario que fracasaron: primero porque falló el tirador, luego al advertirse el plan en escuchas. En ese plan criminal, el gastronómico sería quien puso en contacto al empresario Lucas Daniel F. —acusado de encargar el crimen de su competidor— con un preso que gestionaba ataques por encargo desde la cárcel de Riccheri y Zeballos.
El plan quedó al descubierto en escuchas federales ligadas a la investigación del crimen de Nicolás "Fino" Ocampo, un colaborador del narco Esteban Alvarado que fue ejecutado a tiros en la puerta de su casa de zona oeste el pasado 16 de abril. En las conversaciones se detectó que el grupo planeaba atentar contra un ex empleado dedicado a la fabricación de suplementos nutricionales, quien ya había sufrido un ataque a tiros a su fábrica el 21 de abril.
El empresario de 36 años fue detenido en una casa de la calle Alvarez Thomas, propiedad del ex piloto de carreras Oscar "Poppy" Larrauri, en el barrio de La Florida. De la investigación surgió que pagó 100 mil pesos para eliminar a su competidor y prometió 400 mil más al finalizar el trabajo. Los atacantes incluso evaluaron matar al hermano del empresario para luego ejecutarlo a él en el velorio.
La figura de intento de homicidio calificado achacada al grupo se le enrostró también a Fabio G., el preso que estaba detenido en la Unidad 3 de Ricchieri y Zeballos y señalado como hombre vinculado a Los Monos, en calidad de instigador. El cuarto acusado es Uriel R., apresado antes que el resto por un ataque a tiros a la fábrica de la víctima concretado el 17 de abril. Entonces disparó desde la puerta de la fábrica de Ovidio Lagos y Avenida del Rosario sin llegar a herir a su dueño y fue apresado con el arma tras una persecución policial.
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La logística para matar al empresario comenzó a conocerse cuando la Justicia Federal dio aviso a los fiscales provinciales de que en una escucha que realizaba la División Antidrogas de la Policía Federal por una causa ligada a drogas aparecía información sobre la forma de actuar de un grupo dedicado al sicariato. En esas escuchas primero se ventiló la planificación y ejecución del crimen de "Fino" Ocampo y comenzaron a surgir informaciones sobre cómo se iba a poner en marcha el plan para matar a Mauricio L. por encargo de su ex empleador.
"Detectamos que estaban queriendo matar a una persona y fue una tarea frenética para descubrir a quién querían matar porque había una fecha, el 10 de mayo. Por suerte pudimos dar con esta persona y en la investigación se detectó que ya habían atentado contra su vida", explicó entonces fiscal Edery. "El nivel de desparpajo y desprecio por la vida que se exhibió en estas comunicaciones es impresionante. Era un grupo de personas que estaba conducido desde adentro de la cárcel y contaba con gente afuera que cumplía distintos roles", agregó Schiappa Pietra.
“Decile que vamos a hacer el hermano y después yo lo hago al velorio al otro día nomás cuando lo van a velar, yo me encargo me muevo y lo hago boludo, es para que vean que yo activo amigo, yo le estoy poniendo ganas boludo”, le dijo en una de esas conversaciones Fabio G. a Germán P., quien trasladaba la información entre el empresario que había encargado el ataque hacia quienes se ocuparían de concretarlo. Según la imputación, era quien informaba los datos de ubicación, horarios y fotografías de vehículos de las víctimas.
El conflicto entre Mauricio L. y Lucas F. data de 2019, cuando el primero renunció a su trabajo a cargo de F. y emprendió su propia fábrica de suplementos nutricionales deportivos en la zona sur. La decisión no cayó bien en su empleador, quien en reiteradas ocasiones hostigó a L. e incluso hubo denuncias por amenazas.
