La escandalosa fuga de Raúl Oscar Flores de la cárcel de Piñero no deja de provocar movimientos
en el tablero del Ministerio de Seguridad de la provincia, donde el tembladeral causado por la
evasión del asesino del sindicalista camionero Abel Beroiz le costó ayer el cargo al titular de la
Dirección de Control de Agencias de Seguridad Privada, Gonzalo Basualdo. El abogado penalista fue
el defensor particular del confeso asesino del gremialista hasta los primeros días de febrero,
cuando renunció a esa defensa para dedicarse a la función pública. Pero tras el escape del
miércoles pasado, el funcionario ofreció dar un paso al costado para evitar un desgaste
institucional en el área y ayer el ministro Alvaro Gaviola le aceptó la renuncia.
El corrimiento de Basualdo de la cartera de Seguridad se produjo tres días después de que el
profesional declarara como testigo ante el juez que investiga la fuga, Juan Andrés Donnola. En la
causa hay ocho personas (cuatro penitenciarios y cuatro agentes civiles del Instituto Autárquico
Provincial de Industrias Penitenciarias) imputadas del facilitamiento doloso de la evasión.
El ex abogado de Flores y ahora ex funcionario brindó su testimonio en ese expediente tras
presentarse espontáneamente en el juzgado para ofrecer su colaboración en la causa. Eso ocurrió el
viernes pasado, dijeron fuentes allegadas al expediente, cuando Basualdo entregó su celular
particular y el de uso oficial para que fueran peritados ante la presunción de que hayan quedado
registrados contactos con el evadido.
Fuentes oficiales, en tanto, desmintieron ayer que el abogado haya prestado declaración
indagatoria, como había trascendido por versiones periodísticas.
Bajo aviso. Basualdo asumió a mediados de enero al frente de la Dirección Provincial de
Autorizaciones, Registro y Control de Agencias de Seguridad Privada dependiente del Ministerio de
Seguridad. Fuentes del área señalaron que, al asumir en el cargo, puso en conocimiento inmediato al
ministro Alvaro Gaviola de su rol como defensor de Flores en la causa por el crimen de Beroiz. Y
también le manifestó su intención de alejarse del caso para evitar algún tipo de colisión
ética.
El abogado renunció a la defensa de Flores en los primeros días de febrero, tras la feria
judicial, y en su lugar el confeso sicario designó como defensor al hermano del profesional,
Marcelo Basualdo. Sin embargo, tras el escándalo que la semana pasada generó la fuga del preso de
la cárcel de Piñero después de atravesar tres controles en un utilitario cargado con pan, el
viernes el funcionario puso su renuncia a disposición de Gaviola para “descomprimir la
situación” y “evitar un daño institucional”, según indicaron voceros de esa
cartera.
Gaviola le aceptó la renuncia ayer. Lo hizo luego de que el diputado justicialista Alberto Monti
remitiera un pedido de informes al gobernador Hermes Binner preguntando, precisamente, si el
titular de la Dirección de Control de Agencias de Seguridad Privada era quien ejerciera la defensa
de Flores, si tenía relación de parentesco con el actual defensor del prófugo, si el funcionario
prestó una declaración judicial y “si ha quedado incautado algún aparato de telefonía celular
del gobierno de Santa Fe” en el juzgado que investiga la fuga.
Advirtiendo que el pedido de informe se hace “sin ánimo de prejuzgar ni acusar a nadie, ni
menos aún manchar el buen nombre y honor de ningún ciudadano”, Monti plantea que “la
transparencia que exigen los actos públicos del Estado provincial obliga que se aclare
debidamente” el tema.
Al respecto, desde el entorno de Basualdo respondieron ayer en duros términos el requerimiento
de Monti, porque “pone en tela de juicio cuestiones que hacen al ámbito personal y al
legítimo ejercicio de la defensa penal, que no representa ninguna incompatibilidad con el cargo ni
falta de ética”, dijeron. Y remarcaron que Basualdo ofreció dar un paso al costado para
evitar un “desgaste institucional” en el Ministerio de Seguridad.
El detonante. La renuncia de Basualdo fue un efecto más de la fuga que Raúl Oscar Flores
protagonizó el 3 de marzo pasado, cuando escapó del penal de Piñero escondido entre bolsas de pan
en un utilitario del Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (Iapip), tras
sortear tres controles que debieron detectarlo.
Tanto las autoridades provinciales como los familiares del sindicalista Abel Beroiz señalaron
que la fuga no podría haber ocurrido sin connivencia entre el ahora prófugo y agentes
penitenciarios. Y el juez Donnola, tras tomar las correspondientes indagatorias, ordenó la
detención de cuatro empleados del Iapip y cuatro integrantes del Servicio Penitenciario, a los que
acusó de facilitamiento intencional de la evasión, un delito que prevé hasta 4 años de cárcel.
Flores fue apresado el 13 de marzo de 2008 acusado de haber asesinado a Abel Beroiz, quien era
secretario general del Sindicato de Camioneros de Santa Fe y tesorero de la federación nacional del
gremio liderado por Hugo Moyano. El crimen ocurrió a las 6.45 del 27 de noviembre de 2007 en el
estacionamiento subterráneo del ACA, ubicado en San Luis y San Martín. Allí, el sindicalista iba a
abordar su auto particular cuando fue emboscado por dos hombres con los que mantuvo una discusión
antes de recibir tres disparos y múltiples puñaladas.
Al día siguiente de su detención en la ciudad de Tostado, Flores confesó ante el ex juez Osvaldo
Barbero que le habían encargado el asesinato para desplazar a Beroiz de la conducción sindical y
que por el trabajo le iban a pagar 80 mil pesos. En sucesivas declaraciones brindó datos de quienes
planearon el crimen, lo que derivó en la detención de otras ocho personas que ahora están
procesadas.
