Ocho meses después de la muerte de Carlos “Bocacha” Orellano, hallado en el río Paraná detrás del boliche Ming, la familia del joven de 24 años volvió a reclamar la imputación de dos policías que esa noche realizaron adicionales en el local ubicado en la Estación Fluvial y pidió que un organismo externo a la policía de Santa Fe perite las cámaras de la zona, que no dejaron registro de lo ocurrido en las horas cercanas a la caída del muchacho al agua. El fiscal Patricio Saldutti, en tanto, espera los resultados de estudios complementarios a la autopsia para definir los pasos a seguir en una causa de trámite lento.
“La familia no ha parado desde el primer día en su pedido de justicia, tranquilos pero con firmeza, aunque sin paz, pues ello vendrá con la sanción de quienes mataron a Carlos”, expresaron los familiares de Orellano en un comunicado. Y sostienen que Bocacha fue golpeado y arrojado al agua por personal del boliche y luego se cometieron “incontables actos de falsos testimonios, encubrimiento y desaparición de pruebas”.
Una vida sencilla. Carlos Orellano vivía con sus padres y sus tres hermanas mayores en Empalme Graneros. Trabajaba desde hacía cuatro años en la fábrica de electrodomésticos Liliana y solía cruzar a las islas a ayudar a su papá, que es pescador. Era buen jugador de fútbol y debía dos materias para recibirse de maestro mayor de obras.
Su padre, Edgardo, cuenta que llevaba una rutina sencilla. Se levantaba de madrugada para ir a trabajar, de regreso compraba torta asada, tomaba mates con los abuelos, se daba una ducha y se iba a ver a sus amigos en Rosario Central, club del que era hincha.
El 24 de febrero fue hallado muerto en aguas del Paraná, a metros del boliche River Ming de la Estación Fluvial, adonde había ido a bailar la noche anterior. Como no regresó su familia hizo la denuncia. Un amigo fue a indagar a la zona donde había estado el joven y se enteró de una presentación en la comisaría 2ª por un chico que “había caído al agua”. La madre y una hermana fueron a la seccional y se encontraron, primero, con una negativa. Luego les mostraron la denuncia de una policía que cubría adicionales en el boliche donde decía que había visto “caer al río a un joven”. Era una descripción exacta de Carlos, “como si fuera una foto”, dijo su papá.
A lo largo de estos meses los abogados querellantes Salvador Vera e Irina Picard realizaron sucesivos pedidos al fiscal Patricio Saldutti para pedir la detención de quienes consideran implicados en el hecho: los policías Karina Laura G. y su pareja Gabriel N., quienes la noche del hecho hacían adicionales en el lugar; los empleados de seguridad del boliche Emiliano L., Fabián M. y Graciela A.; y el dueño del local, Guillermo W.
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La hipótesis de la familia es que Bocacha fue sacado a la fuerza del boliche por patovicas y policías, lo golpearon e introdujeron en una parte restringida al público para después, ya inconsciente o muerto, arrojarlo al río. La autopsia realizada en el Instituto Médico Legal no detectó signos de violencia y concluyó que la causa de la muerte es “indeterminada”.
En contraste, la perito de parte Virginia Kreimer relevó “27 muestras de infiltraciones hemáticas focalizadas en el cuello, hombros, labios, una parte del rostro, la cabeza, un golpe fuerte en la zona pulmonar y la zona costal”, además de marcas de sujeción en las pantorrillas. Según ese informe los pulmones estaban secos, es decir libres del líquido que se detecta en las muertes por ahogamiento por lo que el joven habría sido tirado al agua ya sin vida.
A este cuadro, la querella agrega el dato de que Bocacha era un excelente nadador desde niño, acostumbrado al ambiente del río. Citando un relevamiento de buzos de Prefectura remarcan que esa zona del muelle no tiene elementos que pudieran causar un golpe o atascamiento a la víctima. Además, en el piso de un baño privado del boliche que da al balcón sur (frente al cual apareció flotando el cuerpo) se hallaron rastros de sangre lavada.
Un baño manchado. “El baño del local no se encontró en la primera inspección con dos fiscales. Se encontró en un recorrido con la perito de parte. Estaba camuflado: le habían quitado los picaportes y la puerta no se apreciaba a simple vista. La perito marcó indicios, requerimos una segunda búsqueda de rastros y se encontró sangre fresca lavada, salpicaduras y manchas de arrastre desde el balcón hacia el río”, dijo Vera. El estudio de ADN de esas muestras aún está en curso.
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En el último mes los querellantes tuvieron acceso a las pericias, al contenido del material telefónico secuestrado y a tres DVR con imágenes de las cámaras del boliche, del club Ministerio de Obras Pública (MOP) y la guardería náutica Centro. Al constatar que no existían registros del momento del hecho (se estima entre las 4.30 y las 5 del lunes 24 de febrero) reclamaron la remisión del material a un gabinete pericial ajeno a la policía de Santa Fe con el propósito de establecer por qué faltan imágenes, si fueron eliminadas y si se pueden recuperar.
Las cámaras, según Vera, interrumpieron sus registros en distintos momentos. Las del boliche (una al ingreso, dos en la zona del balcón terraza) funcionaron los días 23, 24 y 25. Pero el registro se interrumpió desde la 1 del día del hecho hasta el mediodía siguiente. Una de las cámaras del boliche Mur captó a Orellano a punto de ingresar a Ming alrededor de la 1. Pero desaparecieron casi dos horas de grabación de una cámara que enfocaba al balcón sur. De la guardería náutica faltan registros en la franja que va de las 5 a las 7 de la mañana.
Respecto de los celulares la querella advirtió que un primer informe policial no detectó más que el teléfono de Bomberos agendado en el móvil del dueño del boliche pero al analizar el contenido encontraron “registros de llamadas, fotografías, contactos y mensajes, uno de ellos muy comprometedor. Por eso solicitamos la remisión urgente del material para realizar una pericia integral”, precisó Vera.
Ocultamiento. Ante estos hallazgos la querella concentró su pedido más reciente en la imputación de los dos agentes policiales por los delitos de incumplimiento de deberes y falsificación ideológica de documento público: “Hicimos un análisis minucioso de sus declaraciones en las actas policiales y de Prefectura. Cada vez que describió el hecho la agente G. lo hizo de una forma distinta”.
Según indicó, en un acta se relata que el personal de seguridad retira por la puerta trasera a Orellano “en un contexto de agresión” pero sin mencionar a los policías, que sin embargo “se ubican en la escena” al declarar. “Entendemos que todo esto amerita la imputación”, amplió.
El fiscal recibió el planteo y según se precisó desde Fiscalía está “en evaluación” mientras se esperan los estudios complementarios a la autopsia que realiza el cuerpo médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que empezaron el 15 de octubre. Se trata de estudios de anatomía patológica para determinar la causa de las infiltraciones hemáticas y el análisis de diatomea para saber si Orellano cayó con vida al agua. Además se esperan los resultados de una pericia odontológica y el informe del Organismo de Investigaciones provincial sobre los 12 celulares secuestrados y las cámaras del local bailable.
Por último, los querellantes solicitaron citar por falso testimonio a un empleado del boliche, que se investigue por encubrimiento a una agente del OI que dice haber incautado las cámaras del local con el padre y un tío de Orellano cuando los familiares ingresaron y la citación al comisario y una sumariante de la seccional 2ª por la actitud reticente con que recibieron a la familia.
