"Reintegrar a una persona a la sociedad implica bajar el índice de
criminalidad". Quien pronunció esta frase es María Cecilia Vranicich, la titular de la Dirección
Provincial de Control y Asistencia Pospenitenciaria. La mujer habla con pasión de su nueva tarea y
está convencida de que, a través de políticas públicas, se puede lograr la inclusión social de las
personas que estuvieron privadas de su libertad. En rigor, la funcionaria preside lo que se conoció
históricamente como Patronato de Liberados, organismo que en abril pasado, por disposición del
gobernador Hermes Binner, fue rejerarquizado bajo la nueva denominación. Antes de comenzar la
entrevista, Vranicich aclaró los motivos de la modificación del nombre. "La palabra patronato tiene
una fuerza muy paternalista y se refiere a beneficencia. Nosotros queremos cambiar el eje y que la
figura central sea el propio tutelado. Es decir darle al interno autoconfianza y autonomía".
—¿A quiénes va dirigido su trabajo?
—La idea es abordar la problemática de los reclusos pospenitenciarios, es
decir los internos que están con libertad condicional y aquellos que gozan de libertad asistida. El
liberado condicional es aquel que por primera vez estuvo privado de su libertad y, si tuvo buena
conducta, cuando cumplió con los dos tercios de su condena recuperó su libertad. Entonces, el
tercio de ejecucion de pena restante lo cumplirá en libertad bajo la tutela de la Dirección. En
cambio, el liberado asistido es aquel interno que no recibió el beneficio de la libertad
condicional porque tuvo mala conducta o fue reincidente, pero igualmente seis meses antes de que
finalice la sentencia se le otorga la libertad asistida.
—¿Cómo abordan el trabajo con los internos?
—Estamos trabajando en un programa de prelibertad que incluye a los que
cumplieron la condena. Tres meses antes de que recuperen la libertad, trabajadores sociales
interrelacionan con el interno y su familia para preparar el afuera. Es fundamental abordarlo antes
de que sean excarcelados porque si no es muy complicado hacerlo después. Además, en cada presidio
vamos a tener un referente para las cuestiones domésticas, porque es muy dificil entrar a la cárcel
y que traigan al preso. La tarea se realiza a través de entrevistas. La trabajadora social hace un
diagnóstico y luego continúa el tratamiento poniendo el acento en el afuera y en la relación con la
familia. Cuando llegamos a la Dirección, en diciembre, había tres trabajadoras sociales para toda
la provincia por lo que cada profesional debía ocuparse de 600 internos. Entonces es imposible
hacer cualquier tipo de seguimiento o acompañamiento. Por eso vamos a ampliar bastante la cartera
de trabajadores sociales. Además, a los egresados con pena cumplida le vamos a ofrecer asistencia
por un año, capacitación laboral. El mismo tratamiento se lo vamos a brindar a las personas que
fueron absueltas o sobreseídas.
—¿Cómo se vinculan estas políticas con las personas que no pasaron por el sistema
penitenciario y la reforma penal que lleva adelante la provincia?
—La implementación del nuevo sistema de enjuiciamiento penal se va a
apuntalar, entre otras instituciones, en esta Dirección. Estamos resideñando todos aquellos medios
alternativos o sustitutivos a las penas de encierro o al juicio. A los condenados en forma
condicional o en los casos de suspensión del juicio a prueba (probation), siempre se aplican reglas
de conducta o tareas comunitarias, pero hoy no funcionan y los jueces son muy reticentes a aplicar
algún instituto alternativo porque no tienen lugar y tampoco tienen la capacidad operativa para
buscarlos. Nosotros vamos a gestionar los lugares y vamos a entregarle un listado al juez para
facilitarle la tarea. Además, vamos a controlar que se cumpla con la probation.
—¿Cuántos reclusos están comprendidos en la políticas de la Dirección?
—En este momento, entre 1.500 y 1.700 entre pospenitenciarios y no
penitenciarios (que no pasaron por la cárcel)
—¿Cuál es el grado de reincidencia en el delito de las personas comprendidas en estos
programas?
—No hay datos por falta de informatización, tuvimos que hacer un
relevamiento casero. Sí puedo hablar de las personas que cometieron delitos sexuales. En este caso
hay resultados obtenidos por un trabajo que se hace desde hace dos años en Rosario a partir de una
decisión del juez de Ejecución Penal de la Unidad 3 (Efraim Lura). Para que un ofensor sexual
obtenga la libertad condicional o asistida está obligado a dos cosas: hacer una terapia individual
en un efector público y asistir a un taller orientado por psicólogos. Hubieron dos cuestiones que
me parecieron muy interesantes. Mientras estuvieron bajo el control del taller no reincidieron y
después reconocieron su propia problemática.
—¿Existen programas de salida laboral para los reclusos?
Hay varios desde lo pospenitenciario. Uno de ellos son los microemprendimientos.
Ahora estamos trabajando en el preegreso (de reclusas) de la cárcel de Rosario. (En ese presidio)
hay una chica que está interesada en abrir una peluqueria. Con la familia estamos viendo
presupuestos y lugares. También existen talleres de capacitación en el Centro de Expresiones
Contemporáneas (de Rosario).
—Algunos juristas, como el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Eugenio Zaffaroni, sostienen que no se puede hablar de resocialización porque los presos están
socializados cuando ingresan a un penal y no se puede violar su autonomía moral. ¿Cuál es su
posición al respecto?
—El modelo correccional de corregir al interno está totalmente superado.
La cárcel es un modelo incapacitante. A partir de este modelo tratamos de reducir los daños
causados. Tenemos que olvidarnos de las doctrinas de resocialización, pero sí debemos reintegrarlo
(al interno) a la sociedad, asumiendo que la persona estuvo privada de la libertad y todos los
daños que eso lo provocó.
