Un joven de 20 años fue imputado por intentar vender un arma de fuego a través de un grupo de WhatsApp en el que se ofrecen autopartes. Se trata de Facundo B., quien fue detenido la semana pasada en un operativo de entrega controlada.
Un joven de 20 años estará en prisión preventiva al menos hasta el próximo 20 de mayo por intentar vender una pistola en dos millones y medio de pesos
Venta ilegal de arma: ofreció por WhatsApp una pistola calibre .40 y quedó preso.
Un joven de 20 años fue imputado por intentar vender un arma de fuego a través de un grupo de WhatsApp en el que se ofrecen autopartes. Se trata de Facundo B., quien fue detenido la semana pasada en un operativo de entrega controlada.
Facundo B. fue imputado por el fiscal Pablo Socca de varios delitos vinculados entre sí: la tenencia ilegítima de un arma de fuego de guerra, el encubrimiento por haber recibido ese arma a sabiendas de que era ilegal y la provisión ilegal de armas agravada por la habitualidad. En ese marco el juez Rodrigo Santana le dictó la prisión preventiva efectiva hasta el próximo 20 de mayo.
El joven de 20 años fue detenido el pasado 20 de febrero en un operativo de entrega controlada en el cruce de avenida La Plata y San Lorenzo de Villa Gobernador Gálvez. Allí se había citado con agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) que se habían hecho pasar por compradores interesados en el arma que ofrecía en un grupo de WhatsApp a cambio de dos millones y medio de pesos. “Tengo dos más, si les interesa”, alcanzó a ofertarle a los falsos interesados.
El vendedor concurrió a la cita con un bolso tipo bandolera que en su interior contenía el arma, un cargador con doce cartuchos y dos cajas con 74 municiones. Según se indicó el joven había sido detectado una semana antes ofreciendo el arma en un grupo de WhatsApp y el fiscal Socca, del equipo para el abordaje de delitos cometidos con armas de fuego, ordenó el operativo de entrega controlada que incluyó un allanamiento en la casa del joven, que ya había sido requisada en octubre pasado.
Con la evidencia colectada en los operativos Socca le imputó al joven la tenencia ilegal del arma en cuestión en su vivienda entre los días 13 de mayo, cuando fue contactado por la PDI, hasta el día en que fue detenido. También le imputó el hecho de haber “recibido o adquirido” esa pistola que había sido robada en julio de 2014 a un hombre oriundo de la provincia de Córdoba, lo cual constituye el delito de encubrimiento agravado.
Y también le atribuyó, al menos entre el 13 de julio de 2024 y el día de su detención, haber “suministrado o vendido o entregado” armas de fuego y municiones de diferentes calibres “a terceros que no contaban con autorización contaban para esa adquisición, haciendo una actividad habitual, permanente y duradera en el tiempo, obteniendo sumas de dinero producto de esa actividad ilícita”.
Las víctimas estaban en el domicilio de un hombre condenado por una saga de ataques a sedes judiciales instigados por la banda Los Monos
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