El subcomisario Maximiliano Rodrigo Fernández, quien hasta la semana pasada se desempeñaba como jefe de la subcomisaría 2ª de Nuevo Alberdi, fue imputado ayer de cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público como sospechoso de haber permitido, en abril pasado, la liberación de un detenido a cambio de 50 mil pesos. Si bien el juez Rodolfo Zvala admitió la imputación formulada por el fiscal de Investigación y Juicio Mariano Ríos Artacho, no hizo lugar a su pedido de prisión preventiva por 90 días sino que le dictó la libertad bajo una fianza de 200 mil pesos y reglas de conducta como una firma semanal en el Centro de Justicia Penal, la prohibición de acercamiento a cualquier comisaría de Rosario y de todo tipo de contacto con personas mencionadas en la causa.
La detención de Fernández, la mañana del jueves pasado, fue un coletazo de la investigación contra la banda de Los Colorados, una organización delictiva polirrubro a la que le atribuyen violentas usurpaciones y que se hizo fuerte en Nuevo Alberdi en los últimos cinco años a partir de la retracción del llamado “clan Romero” que históricamente manejara el hampa en esa zona del noroeste rosarino. Si bien el policía imputado ayer no está en principio sospechado de pertenecer a esa organización, aparece nombrado en una serie de escuchas telefónicas al sindicado como líder, Walter “Colorado” M., en las cuales éste alude a gestiones para liberar a Roberto G., un hombre que había sido detenido el pasado 17 de abril tras un allanamiento a su casa de Bouchard al 3800. En esos diálogos surge claro que la entrega de 50 mil pesos podrían allanar la liberación de G., lo cual se materializó esa misma tarde.
Pero más allá de los indicios que sugieren la entrega de dinero, la imputación contra Fernández se fortaleció a partir de las irregularidades detectadas, precisamente, en ese procedimiento. Es que en el allanamiento a Roberto G. se secuestraron autopartes adulteradas y también una tumbera, una escopeta de fabricación casera considerada arma de guerra y cuya tenencia puede implicar la prisión preventiva. Sin embargo, en las actuaciones remitidas por la subcomisaría 2ª sobre la requisa en cuestión no se consignó su hallazgo, lo que posibilitó que Roberto G. se fuera a su casa con una formación de causa por adulteración de guarismos y encubrimiento.
En cuanto a la tumbera, el hecho de que fuera hallada el jueves pasado —casi dos meses después del allanamiento— guardada en un cajón del despacho de Fernández en la subcomisaría 2ª le dieron más entidad a las sospechas de coima.
Costumbres argentinas
El hecho por el cual fue imputado Fernández resume y engloba una serie de leyes y trampas bajo las cuales se van tejiendo el entramado cotidiano del delito en una ciudad cada vez más violenta. Una costumbre que se puede leer en esta historia es la pretensión de algunos delincuentes de manejar sus barrios al punto de no dejar pasar ninguna oportunidad de demostrar su poder; por ejemplo coimear al taquero del barrio para evitarle la cárcel a alguien.
La otra práctica surge a partir de la orden relativamente reciente que tienen los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de pedir prisión preventiva a quienes se les encuentre en su poder armas de guerra. Si bien la tenencia ilegal de un arma de fuego no solía ameritar —como otros delitos— que los imputados terminaran presos, esa instrucción a los fiscales que el Estado emite como respuesta a la escalada de violencia armada torna más difícil la excarcelación en esas circunstancias.
En ese contexto, la mañana del pasado 17 de abril personal de la subcomisaría 2ª allanó la casa de Roberto G. por orden del fiscal Guillermo Apanowicz. En el lugar se secuestraron autopartes de vehículos varios y además un tumbera de un solo caño sin municiones que poseía un percutor central fijo interno dentro de un caño con rosca en forma de C. El hallazgo de la escopeta casera, que estaba desarmada arriba de la heladera, podría haberle significado un par de meses preso a su tenedor. Entonces, según la evidencia colectada por la investigación, entró en acción Walter M.
Según contaría él mismo 40 días después a otra persona en una conversación a través de su teléfono intervenido, Walter pasó por la casa de G., vio que estaba la policía y mandó a uno para que vaya a arreglar. “Le digo hay 50 palos si lo largan al pibe. Lo tenían boca abajo y enseguida lo sentaron en una silla, lo engrillaron, y dijeron «bueno, que lleven la plata a la comisaría», que le van a poner encubrimiento nomás”, contó entonces M. sobre la gestión que había iniciado al enterarse de que estaban allanando a alguien de su barrio.
Lo siguiente que hizo ese día, a las 11.37, fue hablar por teléfono con la mujer de Roberto G. y explicarle lo que debía hacer para que su marido fuera liberado. Casi media hora después, la mujer llamó a Walter M. y le comentó que desde la comisaría le habían dicho que si “llegaba a 50” iban a liberarlo. El problema era que Walter había logrado juntar 40 mil pesos y no tenía en ese momento de dónde sacar los 10 mil restantes. Al parecer eso fue resuelto. La siguiente llamada fue a las 13.34, cuando el sospechoso había sido llevado a la comisaría.
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Si bien las escuchas difundidas no explicitan cómo se terminó materializando la entrega, la posterior liberación de Roberto G. deja en claro la irregularidad que consistió en eliminar del acta el secuestro de la tumbera.
A las 15.38 del mismo día, Roberto G., ya liberado, habla con el Colorado.
—¿Todo bien, boludo? —pregunta Walter.
—Sí, pero me ficharon. Me dijeron «no te podemos dejar de fichar porque ya está todo escrito, lo único que te podemos hacer es (no se entiende) dándote encubrimiento —responde Roberto algo preocupado.
—Bueno, muy bien, está bien, no pasa nada. Eso es excarcelable, no vas a quedar detenido —le explica el Colorado.
Delitos
Al final Roberto G. fue imputado de adulteración de guarismos y encubrimiento y la historia podría haber terminado así como quién sabe cuántas que se tejen a diario entre las calles y las seccionales. Pero dos meses después tuvo un giro cuando la investigación contra Los Colorados llegó a la instancia allanamientos. El pasado jueves 17 de junio el fiscal Ríos mandó a buscar, entre otras cosas, documentación que acreditara que la banda mantenía una suerte de inmobiliaria de hecho con la venta y alquiler de los inmuebles que usurpaba. Y en una carpeta aparte se agregaron dos requisas: una en la casa de Fernández, donde fue detenido, y otra en la sede de la subcomisaría de Nuevo Alberdi, donde la tumbera “extraviada” fue hallada en el despacho del jefe. Estaba en el segundo cajón de un fichero adentro de una bolsa junto con una billetera marrón que contenía cinco constancias de voto a nombre de Roberto Esteban G. y la funda de un celular.
En la audiencia de ayer Fernández fue acusado de dos delitos. Uno es el de cohecho, por “haber recibido 50 mil pesos de parte de la pareja de Roberto G., dinero que provenía de Walter M.” para asegurarle la liberación del sospechoso. El otro fue, “en ejercicio de sus funciones, haber omitido confeccionar acta de secuestro” de la tumbera que fue hallada en la casa de G. en presencia de testigos, así como “no haber confeccionado el respectivo formulario de cadena de custodia, las vistas fotográficas del arma y su posterior remisión a la Sección Balística de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para determinar si poseería aptitud para el disparo”.
Con esas evidencias el fiscal pidió que el policía quedara detenido por 90 días. Sin embargo el juez evaluó que no se cumplían los términos que la ley exige para la prisión preventiva. Por ejemplo, que para estos casos las condenas suelen ser de ejecución condicional y que la liberación del acusado no pone en peligro la investigación. Así, ordenó su liberación previo pago de 200 mil pesos que deberá pagar hoy y ciertas reglas de conducta como una firma semanal en tribunales.
