Protesta en Tribunales del grupo de Padres del Dolor

Integrantes de la agrupación Padres del Dolor quemaron cubiertas ayer al mediodía frente a los Tribunales provinciales de Rosario para objetar el pedido de libertad que presentó el policía condenado por el crimen de Carlos Gauna y denunciar que un camionero sentenciado hace cinco meses por el homicidio de Martín Espinoza nunca fue a notificarse de la sentencia, por lo que se encuentra prófugo desde entonces.

  Una densa columna de humo negro oscureció ayer el frente del edificio de Tribunales cuando un puñado de manifestantes de los Padres del Dolor quemaron cubiertas por calle Balcarce al 1600, lo que obligó a interrumpir el tránsito cerca de dos horas. A las 12.30, efectivos de Bomberos Zapadores extinguieron el fuego con el consenso de los manifestantes.

  En el mismo lugar en que en 2004 los integrantes de la agrupación montaron la Carpa del Dolor para reclamar que los jueces los recibieran y el esclarecimiento de las muertes de sus hijos, ayer volvieron a reunirse Nora Ojeda y Gladys Gauna.

  Nora es la madre de Cristian Espinoza, un joven baleado por un camionero que le disparó con una escopeta desde su casa de Vera Mujica al 3400 al creer que estaba robando en su camión, el 11 de abril de 2002. Luego de un enredado trámite judicial que el chofer Abelardo Sergio Boja atravesó en libertad, la Cámara Penal de Venado Tuerto lo condenó en julio pasado a 10 años y 8 meses de prisión, al considerar que esa muerte no puede justificarse como un acto de legítima defensa.

Prófugo. Sin embargo, según denuncian los familiares del joven, el chofer "nunca fue a notificarse del fallo y desde ese día está prófugo, pero no le libran el pedido de captura". "A cinco años y ocho meses del crimen, siento que se están burlando de mi hijo. Voy a seguir luchando para que esto no quede impune", clamó Nora Ojeda poco antes de la llegada de la autobomba al lugar.

  El reclamo fue acompañado por la madre de Carlos Gauna, el chico de 20 años baleado en la cabeza por un policía en barrio Ludueña, en agosto de 2002. En noviembre pasado la Cámara Penal de Venado Tuerto fijó en 10 años y 8 meses la condena al policía Rubén Darío Blanco e impuso la obligación de pagar una indemnización de 300 mil pesos al agente y la provincia de Santa Fe.

  Gladys Gauna siempre planteó que la policía había fraguado la escena de un tiroteo y plantado un arma, lo que finalmente terminó demostrando la Justicia. Días atrás, según reveló la mujer, el policía presentó un recurso de inconstitucionalidad para que el caso sea revisado por la Corte Suprema de Justicia.

Réplica. En ese escrito requirió que le otorguen la libertad hasta tanto se pronuncie el máximo tribunal. Un planteo, vale la aclaración, que fue realizado por vía legal y es legítimo.

  "El pidió que lo dejen en libertad porque considera que es un preso político. Argumentó que fue condenado porque los familiares realizamos marchas que cubrieron los medios. Pero no puede considerar que él está detenido por la influencia de los medios cuando la Justicia comprobó que él mató, inventó un tiroteo, fraguó un acta y encima hizo abandono del cuerpo malherido de mi hijo. Por eso está detenido", planteó la mujer, a la espera de que la Cámara venadense se expida sobre el pedido del policía condenado.

  De la manifestación participaron además otros familiares de jóvenes muertos a manos de la policía. Antonio Chamorro recordó el caso de su hijo Cristian, de 18 años, quien fue baleado en abril de 2004 en un presunto enfrentamiento en Cabín 9.

  El efectivo que le disparó fue sobreseído por el vencimiento de los plazos. En tanto la madre de Juan Carlos Rueda, de 20 años, quien murió el mismo mes por un disparo del sargento Aldo Rey, espera que la Cámara Penal revise la condena a 34 meses de prisión que le aplicaron al efectivo por actuar con "exceso en la legítima defensa".