Dos fiscales solicitaron ayer en el marco de una audiencia pública que la Justicia prorrogue por un año la prisión preventiva de Ricardo Albertengo, un hombre con un pasado trágico en el delito de la ciudad, y que en ese período la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) fije la fecha de inicio del juicio oral en el cual se ventilen los hechos por los cuales el acusado está tras las rejas: el crimen del policía Mauro Mansilla, ocurrido en marzo de 2016; y dos robos cometidos mientras gozaba de una salida transitoria de la cárcel de Coronda, donde purgaba una condena a 37 años por un homicidio perpetrado en 1996 y una saga de asaltos a clínicas y consultorios médicos registrada en 2009.
Frente a la jueza de Instrucción Penal Preparatoria Melania Carrara, los fiscales Ademar Bianchini, de la Unidad de Homicidios Dolosos; y Juliana González, de Investigación y Juicio; solicitaron la extensión de la prisión preventiva de Albertengo hasta el juicio oral, el cual debería realizarse durante el presente año.
Ya en noviembre del año pasado, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) había solicitado la pena de prisión perpetua y reclusión por tiempo indeterminado para el acusado, un hombre de 51 años cuyo temible recorrido delictivo despertó debates públicos ya que, mientras estaba condenado a 37 años de cárcel por un crimen perpetrado en 1996 y una saga de asaltos obtuvo el beneficio de salidas transitorias y en una de ellas volvió a robar y matar.
Eso ocurrió en marzo de 2016 cuando asesinó al policía Mauro Mansilla, quien pretendió capturarlo después de que una pareja lo señalara en la calle como quien les había robado días antes en su negocio del centro de la ciudad. El requerimiento fiscal se formalizó en la audiencia preliminar al juicio oral y público en el cual el delincuente será acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, por críminis causa y porque la víctima era policía.
Además, la fiscal González también formalizó la acusación y el pedido de pena por dos hechos de robo por los cuales solicitó que se condené al imputado a 9 años de prisión y se lo declare reincidente.
Una historia sangrienta
El nombre de Albertengo no pasa desapercibido en la historia delictiva de Rosario, donde nació el 28 de junio de 1966. Con 51 años, el hombre es casado, tiene estudios terciarios completos y es preparador físico diplomado. Aunque en realidad escribió su prontuario a fuerza de violentos hechos de sangre.
Albertengo había caído preso el 21 de octubre de 2009 cuando, fingiendo ser paciente, tomó rehenes y asaltó con una pistola calibre 9 milímetros la clínica A&E, de Oroño 721. Ese fue su séptimo robo en un mes y medio a diferentes consultorios y clínicas, según él mismo confesó en el marco de un juicio abreviado al que se atuvo un año más tarde.
Fue en julio de 2010 cuando lo condenaron a 37 años de cárcel en un acuerdo abreviado al que llegaron la defensora oficial Estrella Galán y el fiscal Eduardo Valdés Tietjen, quienes le dieron 17 años de cárcel.
Pero en una unificación de condena, a esa pena le sumaron los 20 años de cárcel que arrastraba por delitos que tuvieron su momento culminante el 2 de abril de 1994 cuando Albertengo, con sólo 28 años, robó una verdulería de 3 de Febrero al 900 junto a un cómplice y tras ello ingresó a un bar de 9 de Julio y Sarmiento para escapar de la policía.Allí, acorralado, tomó de rehén a una moza y mató de un disparo al estudiante rafaelino Alejandro Debortoni, de 25 años, quien descubrió que estaba armado.
Tras ello, el 11 de mayo de 2015 la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto le otorgó salidas transitorias bajo la compañía de tres efectivos del Servicio Penitenciario. Y luego extendió ese beneficio a partir del 29 de junio del mismo año para salir con un tercero responsable que, en ese caso, fue su pareja. Pero el 8 de julio Albertengo no regresó a la cárcel y Prunotto dictó una orden de detención al considerarlo prófugo.
Reincidencia
Entonces Albertengo volvió a delinquir. Por esos días había robado un comercio de Buenos Aires al 900 y el 16 de marzo, los dueños de ese negocio se lo cruzaron ocasionalmente en la calle, más precisamente cuando caminaba por Mitre y Rioja. Desde allí empezaron a seguirlo. En Corrientes al 400, donde el policía Mauro Mansilla cubría un servicio adicional en la proveeduría de la Asociación Empleados de Comercio, las víctimas del robo le contaron al agente la situación.
Entonces el suboficial empezó a seguir a Albertengo mientras pedía apoyo al 911. Una vez más, al verse acorralado, Albertengo ingresó a un edificio en busca de cobertura. Entró al Centro de Estudios Sociales (CES) ubicado en una planta alta de Corrientes al 300. El policía entró detrás de él para detenerlo y se cruzó con una empleada que bajaba la escalera. Cuando Mansilla subía se escucharon tres disparos. Dos de los proyectiles dieron en la cabeza del agente matándolo en el acto. Con el agente tirado en el piso, Albertengo le robó el arma reglamentaria y huyó. Cuatro días más tarde, cuando la policía santafesina lo buscaba, él llegó caminando hasta la cárcel de Ricchieri y Zeballos y se entregó.
En medio de un revuelo generalizado sobre su condición de reo peligroso y por los beneficios recibidos, el hombre fue imputado pocos días después y quedó detenido en la cárcel de Piñero, donde en febrero del año pasado intentó quitarse la vida.
En una audiencia que se celebró el primer lunes de noviembre de 2017 bajo la garantía del juez José Luis Suárez, el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini, presentó la acusación formal por el homicidio del policía Mansilla, el encuadre legal y el pedido de pena. Lo hizo en conjunto con su par de Investigación y Juicio, Juliana González, quien también lo acompañó en la audiencia de ayer donde Albertengo volvió a ser asistido por la abogada del Servicio Público de la Defensa Penal (Spdp), Marisel Palais.
Pedidos de pena
Según Bianchini, la conducta del imputado encuadra en las figuras de robo calificado con uso de arma de fuego no hallada en concurso real con privación ilegítima de la libertad, y homicidio agravado por el uso de arma de fuego doblemente calificado por ser críminis causa (para asegurar el resultado del robo) y por ser la víctima miembro de fuerzas de seguridad, en concurso real con portación de arma de guerra.
Con ese marco, el acusador también expuso su pretensión punitiva. Solicitó la pena de prisión perpetua y que se le imponga como adicional la reclusión por tiempo indeterminado prevista en el Código Penal que se impulsa cuando el imputado reincide y demuestra peligrosidad criminal.
Sin embargo, esta última es una figura que mereció la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos puntuales, ya que sin un límite de pena preestablecido se considera que vulnera principios de legalidad y preceptos del Derecho internacional que impiden la imposición de "penas crueles, inhumanas y degradantes". En cambio, la prisión perpetua merece un máximo de 35 años tras las rejas para entonces revisar la conducta del reo y su posible reinserción social, todo de acuerdo a parámetros establecidos por la Justicia de Ejecución Penal.
Por su parte, la fiscal González también formalizó la acusación y el pedido de pena por los hechos de robo (dos carpetas judiciales), por los cuales solicitó que se condené al imputado a 9 años de prisión y se lo declare reincidente. Y, como su colega, que esa sanción sea unificada con la impuesta en 2010 por el juzgado de Sentencia Nº1 a 37 años de cárcel, por lo que requirió como pena única la de 46 años de prisión efectiva. La sumatoria y unificación de la pretensión de los fiscales tiene como resultado la pena única de prisión perpetua, con declaración de multireincidente para Ricardo Albertengo.
En ese marco, ayer se volvieron a reunir fiscales, defensora y la jueza Carrara en una audiencia de revisión de la medida cautelar, y atento a las circunstancias la magistrada aceptó el pedido de la Fiscalía y prorrogó la prisión preventiva de Albertengo hasta que la Oficina de Gestión Judicial fije la fecha del juicio oral y público.
