En agosto pasado, el comisario Claudio Lentini quedó registrado en una cámara oculta, difundida por un canal de cable cordobés, pidiéndole dinero a un transportista de esa provincia, y recibiendo 2.500 pesos, para agilizar el trámite de devolución de un camión robado. Ahora, el juez de instrucción Nº9 Javier Beltramone lo procesó por el delito de exacciones ilegales. También le imputó incumplimiento de deberes de funcionario público.
En el marco de la misma causa, el magistrado dictó la misma medida procesal para el cabo Daniel Darío Sánchez. El rol que el juez le atribuyó al suboficial fue no haber consignado en el acta policial que el camión era robado y permitido a quien lo conducía en el momento del secuestro que se marchara. Fue procesado por falsedad ideológica de instrumento público agravado por su carácter de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La historia fue dada a conocer en el programa ADN del canal 10 de Córdoba. Cuenta el derrotero de Mario Franchos, un transportista cordobés, para recuperar un camión Dodge 800 que le habían robado a fines de 2010. Primero fue contactado por personas que le pedían dinero para devolverle el rodado, quienes le mostraban partes del vehículo como si fueran pruebas de vida. Finalmente, el comisario Lentini, entonces jefe de la comisaría 32ª de Rosario, le ofreció recuperarlo a cambio de entregar 12 mil pesos, cifra que luego bajó a 6 mil.
Acción en video. La cámara oculta fue realizada el 21 de julio pasado y difundida el 15 de agosto cuando el rodado aún no había sido restituido a pesar de que el productor del programa le había entregado a Lentini 2.500 pesos en efectivo. El dinero era para acelerar los trámites para que el transportista recuperara el vehículo ya que el jefe policial le comentó que, por los peritajes que había que realizar en el camión, el trámite de devolución iba a tardar unos cuatro meses. Tras el hallazgo del camión, el juez de Instrucción Nº4 Juan Carlos Vienna intervino en el caso.
En un tramo de la resolución judicial, el juez recordó la entrevista que, el 21 de julio pasado, Lentini mantuvo con el transportista y que quedó registrada en la cámara oculta. "Dio a entender que era capaz de manejar la situación a su antojo, colocando a la víctima bajo intimidación por su carácter de funcionario público", expresó el magistrado. En el video, el oficial "exhibe" todos sus contactos. Aparece hablando por teléfono con un abogado, cuyo rol sería ser el nexo entre el juzgado de Instrucción Nº4 y el uniformado. Y también requiere dinero para el letrado. "Soy amigo del juez de la causa (por Vienna). Tomo café con él todos los sábados", para explicar por qué lograría acortar los plazos de entrega del vehículo.
También a sus interlocutores les comentó que los seis mil pesos que pidió era "para repartir" a operadores del Poder Judicial e involucró a una jueza jubilada con la que mantenía una amistad. "Si hablo con ella, un expediente que está en una pila abajo podía ser pasado arriba".
La presión. Para el magistrado interviniente, Lentini intimidó a Franchos y al productor televisivo Tomás Ponce de León cuando éste le preguntó como se distribuiría el dinero. "Llevo 29 años en la policía y, si quiero a vos te doy vuelta, y te hago caramelo", le dijo.
En la resolución, el juez Beltramone sostuvo que Franchos y Ponce de León no pueden ser acusados de cohecho. También desligó al juez Vienna de toda responsabilidad en el caso.
Con relación al transportista, indicó que se vio obligado a acudir al programa televisivo a a raíz de que la policía cordobesa recién solicitó información al juzgado Nº4 -a través de la fiscalía de la ciudad de Córdoba- más de un mes después de conocer que el camión había aparecido en la ciudad y la víctima necesitaba el camión para trabajar. "El juzgado (de Vienna), en tres días, puso a disposición de la fiscalía de Córdoba el camión y las pericias", sostuvo Beltramone.
El juez fundamentó el accionar ilícito en tres pilares. La demora del envío de las actuaciones policiales -el plazo máximo es 15 días- en la que incurrió el funcionario y el conocimiento de Lentini de que los números de chasis y motor originales del camión Dodge 800 estaban borrados. "Además sabía que Franchos estaba desesperado porque no tenía respuesta de la policía de Córdoba", sostuvo el magistrado.
Un suboficial también señalado
El otro procesado en la misma causa es el cabo Daniel Darío Sánchez. Una de las cuestiones que el juez Beltramone tuvo en cuenta para dictar la medida procesal fue la falsedad del contenido del acta que redactó el suboficial para dar cuenta del secuestro del camión de Franchos el 30 de junio pasado. Adujo que Sánchez "mintió de forma cuando menos escandalosa" y recordó lo que reseñó el policía. "Dijo (por Sánchez) que el camión se encontraba sin ocupantes y que sólo conversó con Matías Tarifa -el chofer del vehículo que lo divisó en avenida de Circunvalación-. y que el conductor le dijo que el vehículo era de su propiedad".
Tampoco mencionó en el acta que en el camión había dos ocupantes, el chofer, un muchacho de 25 años y el padre. Complicaron a Sánchez los dichos de los cuatro policías del Comando Radioeléctrico que acudieron a lugar donde apareció el camión. Estos señalaron que Sánchez les comentó que "se haría cargo del procedimiento". Uno de los policías, Walter G., dijo en el tribunal que cuando llegó a Circunvalación distinguió a un "señor cordobés que decía que el camión era suyo. Como la situación era confusa le comenté a un superior y me sugirió que lo dejara asentado en un acta".
A su vez, el magistrado detalló las otras anomalías en las que incurrió Sánchez al redactar el acta. No mencionó el arribo de los móviles del Comando Radioeléctrico. Tampoco citó que el camión estaba cargado con tierra y permitió que (el vehículo) se fuera del lugar en varias ocasiones a descargar el cargamento a un lugar desconocido. También permitió, según el magistrado, que los ocupantes se fugaran del lugar a bordo de un camión con pedido de secuestro por haber sido sustraído, lo que el suboficial había corroborado.
Otra de las irregularidades fue que no registró los datos personales de los ocupantes del camión, de los policías que llegaron al lugar y de los testigos.