Preso por instigar el incendio de un colectivo ahora fue acusado de balear una estación de servicios

Una de las sagas de intimidaciones públicas de principios de 2024, en las que aparecieron amenazas contra funcionarios provinciales, volvió a ser abordada esta semana en el Centro de Justicia Penal. Un joven de 20 años ya imputado por instigar el ataque incendiario a un colectivo, ahora fue acusado por balear una estación de servicios horas antes del otro hecho.

El fiscal le atribuyó a Bruno Ayala un ataque a tiros contra la estación de servicios DC3, de 27 de Febrero y la colectora José María Rosa. Indicó que fueron siete disparos contra el local, un ataque ocurrido el 5 de enero de 2024 por la noche. Horas después incendiaron un colectivo y algunos de los involucrados fueron detenidos.

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Socca explicó que el objetivo fue "infundir temor y generar conmoción en la población". En es marco resaltó "la coyuntura especial en la que se encontraba la provincia en dicha fecha". "Los más altos funcionarios del gobierno provincial estaban siendo objeto de amenazas sistemáticas desde el mes de diciembre de 2023, producto de la relocalización de presos de alto perfil y el endurecimiento de las condiciones de detención en los lugares de alojamiento", explicó Socca.

Prender fuego Rosario

La nueva imputación surgió a partir de avances relacionados al peritaje de los teléfonos secuestrados. Se recuperaron mensajes que dieron cuenta del contexto en el que ocurrieron esos ataques. Sin embargo continúa siendo un misterio quién ordenó al imputado instigar estos hechos.

En las conversaciones ventiladas en audiencia surgen algunos indicios de que cobraría 150 mil pesos por atacar una estación de servicios. Que también tenían que atacar patrulleros o colectivos y el pago era de 50 mil pesos por cada uno. "Los móviles tienen que estar frenados, en algún costadito, sin milicos adentro", dijo Ayala en un mensaje de voz recuperado.

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"Rosario esta noche va a prender fuego y mañana cuando salgan todas las noticias nos van a tener que pagar todo los wachos", continuó Ayala. "Que se pongan toda la noche a prender fuego, que prendan todos los autos, todos los móviles, todos los colectivos", pidió. "Hay que tirar un par de notas, porque están verdugueando las visitas en cana cumpa, las visitas de mi gente", agregó el imputado.

Nueva imputación

Este jueves Socca le imputó a Ayala el delito de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y la portación ilegítima de arma de fuego de guerra. El 15 de febrero de 2024 ya había sido acusado por intimidación pública agravada por el uso de explosivos, daño e incendio agravado por la participación de menores de edad y por haber planificado un atentado contra un colectivo urbano.

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Por ese ataque, realizado el 6 de enero de 2024, fue aprehendido un joven de 18 años identificado como Agustín H. En esa ocasión la Fiscalía le imputó al joven el incendio agravado por la participación de menores.

Ese hecho ocurrió en Rondeau y Nansen, cuando el imputado y un menor arrojaron una bomba molotov contra un colectivo. Al ser aprehendidos a unas cuadras de distancia, la policía les secuestró una nota con amenazas al ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni.

De Niñez a Coronda

En aquel entonces la detención de Agustín H. generó conmoción en el ámbito local de Desarrollo Social. El joven, entonces de 18 años, cursaba la última etapa de una intervención de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia que había comenzado cuando tenía 8 años.

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Su último lugar de alojamiento había sido el centro residencial de una asociación civil que, bajo convenio con el Estado, resguarda a menores o jóvenes con la mayoría de edad recién cumplida. Tal es el caso de este chico, que formaba parte del Programa de Acompañamiento al Egreso y buscaba un nuevo lugar para vivir de manera autónoma e independiente.

Dos días antes de ser detenido, según consta en la investigación, había dejado dicha institución. El 6 de enero de 2024, pasadas las 2, fue aprehendido en la zona norte junto con otros dos chicos, menores de edad, que también estaban alojándose en el mismo centro residencial. Más tarde fue demorado otro menor pero ya dentro de dicha institución. Los buscaban a partir de las descripciones físicas que brindaron los testigos de un incendio intencional a un colectivo.