Los ediles buscan unir fuerzas con representantes nacionales y provinciales para buscar alternativas tras el veto presidencial
El Palacio Vasallo fue sede de un debate sobre la situación de las personas con discapacidad en junio.
Luego del veto de la ley de emergencia en discapacidad, el Concejo de Rosario se metió en la discusión y este jueves puso en marcha un plan para crear una mesa legislativa en Santa Fe. La convocatoria incluye a representantes en cargos nacionales y provinciales para resolver una "situación crítica" en materia de asistencia.
El proyecto fue presentado sobre tablas durante la última sesión y se aprobó a un mes y medio de una iniciativa similar. En esta oportunidad, los ediles quieren generar propuestas concretas para resolver los reclamos ligados a salud, educación y transporte, entre otras prestaciones, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
El tema no es nuevo en la agenda del cuerpo deliberativo. El último 27 de junio, las organizaciones que representan a personas con discapacidad y profesionales asociados asistieron a una jornada pública en la que expresaron su apoyo a la ley nacional que impulsaba una mejora de los servicios, así como otras modificaciones para resolver cuestiones económicas.
La iniciativa de la concejala de Ciudad Futura, Caren Tepp, apunta a darle continuidad al trabajo realizado antes de la aprobación del proyecto en el Congreso. El escenario actual no es el mismo, ya que el presidente Javier Milei vetó la normativa días atrás y ratificó su plan de ajuste para evitar el déficit fiscal, de modo que no admite aumentos de aranceles de prestaciones y otras medidas contempladas en el debate parlamentario.
En primer lugar, la convocatoria es un mensaje de rechazo a la decisión del jefe del Estado argentino. Por otra parte, el Concejo abrió las puertas para articular respuestas legislativas concretas junto a otros funcionarios públicos. Voceros de la edila señalaron que es preciso "generar nuevas herramientas frente a una situación que no admite más dilaciones".
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“La emergencia no es sólo una palabra, es una realidad que viven miles de familias, instituciones y trabajadores", manifestó Tepp. A continuación definió que el primer objetivo es "unir fuerzas para que la Cámara de Diputados rechace el veto del presidente en la próxima sesión".
Por otra parte, la mesa se propuso como un espacio donde pueda agilizarse el trámite de proyectos ya presentados para aliviar la carga de profesionales y otros prestadores de servicios para personas con discapacidad. En este caso, la agenda incluye tanto al propio Concejo como a la Legislatura de Santa Fe.
La sesión concluyó este jueves con la aprobación de la iniciativa con el aval previo de la comisión de Labor Parlamentaria. La resolución establece la conformación de una mesa con representantes de los tres niveles del Estado en busca de "estrategias conjuntas para sostener y ampliar derechos en un contexto de creciente vulneración”, según indicaron desde el Palacio Vasallo.
Uno de los principales inconvenientes de los prestadores es el aumento de los costos de su actividad. Durante la jornada realizada en junio se destacó que los aranceles subieron 340 % y la inflación en el mismo período creció 668 por ciento, de modo que su labor se volvió insostenible desde el punto de vista económico.
Varios expositores coincidieron en que "es imposible sostener el sistema” de servicios de transporte, educación y salud en las condiciones actuales. Por entonces, los participantes ya tenían claro que Milei iba a vetar la ley si salía la aprobación definitiva en el Senado, de modo que anticiparon: "Habrá que pelear por el cumplimiento efectivo".
Así como la recomposición de los ingresos de los prestadores es uno de los temas más preocupantes, las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) también generaron un rechazo mayoritario. Entre otras cuestiones, las organizaciones del colectivo y familiares remarcaron que a una gran cantidad de personas ni siquiera les llegó la carta y se encontraron en riesgo de perder la pensión no contributiva.
Finalmente, representantes de centros de terapia y transportistas esperan respuestas a nivel local por otros reclamos. Entre ellos incluyeron la condonación de deudas por pago del Derecho de Registro e Inspección (Drei), la Tasa General de Inmuebles (TGI) e impuestos provinciales, así como la tasa vial que se cobra en la carga de combustible.
Se trata de Eduardo E., quien figura en varias denuncias penales por vehículos vendidos y no entregados. Su socio, Juan A., fue arrestado el pasado domingo
Por Facundo Borrego
Por Lucas Ameriso
