La villa Moreno es pequeña. No ocupa más de cuatro manzanas sinuosas enclavadas en la zona sur de la ciudad, entre las cuadras que van de Dorrego a Balcarce y de Presidente Quintana a Centeno. Allí, el 1º de enero de 2012, se desencadenó el triple crimen que se cobró la vida de Jeremías “Jere” Trasante, de 16 años; Claudio “Mono” Suárez, de 20; y Adrián “Patom” Rodríguez, de 18. Lo hizo una banda liderada por Sergio “Quemado” Rodríguez que fue juzgada y actualmente purga penas detrás de las rejas. En abril de ese mismo año, en el convulsionado barrio, se abrió en Dorrego al 3800 el primer Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) dependiente de un programa que había puesto en marcha el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que tenía por objetivo llevar la Justicia a los barrios más humildes del país. Pero los cambios de aire impulsados desde la Nación desde el 10 de diciembre pusieron en alerta a los seis empleados que trabajan en el lugar. Es que se enteraron que las puertas del lugar serán cerradas próximamente. Y ellos están decididos a no permitirlo.
El edificio humilde donde funciona el CAJ fue sede de una capilla. Hoy tiene dos computadoras, una impresora, un archivo viejo pero ordenado y un panel de durlok que divide la pequeña oficina. En ese pedazo de pared falsa hay distintos carteles: “La transexualidad no es una enfermedad”; “Hacemos tu CV”; “Tramitamos pensiones”. Y los horarios del centro de salud y de dos hospitales de la zona sur.
Los empleados trabajan al amparo de un ventilador viejo y saben que sus días allí están contados. De los 80 CAJ que se abrieron a lo largo y ancho del país, desde el 10 de diciembre se han cerrado 16 y quedaron sin trabajo 87 empleados. En la provincia hay tres de estos centros que correran el mismo destino. Sin embargo los profesionales que trabajan en villa Moreno están más preocupados por el destino de los vecinos que por sus puestos de trabajo.
Un pedido del barrio. Luego de las muertes de los tres jóvenes militantes aquel primer día de 2012, los entonces militantes de la agrupación “Giros”, hoy “Ciudad Futura”, lograron que se instalara el CAJ en la villa y de esa manera acercaron el Estado a cientos de vecinos. Pedro Salinas, actual concejal por ese espacio, expresó ayer que “el lugar implica un alquiler muy bajo y sólo seis contratos”. Y acotó que con el cierre del mismo, “el gobierno nacional desbarata el tejido institucional conformado por 80 CAJ emplazados en los territorios más desprotegidos, espacios de acompañamiento a la comunidad en los que se brinda asesoramiento y orientación profesional para garantizar sus derechos y oportunidades”.
En tanto, los empleados del CAJ enumeraron estadísticamente el trabajo de los últimos cuatro años: 21.857 consultas, 14.862 trámites administrativos en Ansés, 3.497 problemas sociales de todo tipo y cuestiones de acceso y derecho a la salud, 1.529 conflictos familiares y 218 conflictos vecinales y una asistencia y contención jurídica en 437 conflictos penales. Además se hicieron 874 CV y tramitaron 220 nuevas jubilaciones. Todos esos números tienen nombres y apellidos, vidas que se han salvado o que han mejorado su pasar. “Estos números son incontestables y muestran con meridiana claridad que el CAJ se constituyó en una referencia barrial”, expuso Salinas.
Testigos. Varias vecinas llegaron al CAJ ayer a la tarde preocupadas por el posible cierre. Ana, casada y con tres hijos, contó porque fue. “Mi marido tenía una hija a la que no podía ver. La mamá de la nena era golpeadora y tenía problemas de todo tipo. Acá me explicaron cómo pelear la tenencia y que la nena estuviera con nosotros en esta nueva familia del papá”.
Otra mujer contó que cuando la echaron del trabajo “por estar embarazada, acá me dijeron lo que tenía que hacer, cómo armar las cartas documento, los trámites”. En tanto, Olga contó: “Mi hermano tenía problemas, no podía ver a su hijo porque la mujer no lo dejaba. Yo lo traje acá y una mediadora habló con ella y ahora puede verlo”.
Los casos se multiplican: “me pude jubilar”, “evité que mi marido me siguiera pegando”, “documenté a los chicos”, “cuando los pibes del Club Infantil Oroño se inscribieron en la liga de fútbol, acá les sacamos las foto y les hicimos los DNI”.
Jessica Venturi, la abogada del CAJ, recordó un caso en que “a un nene discapacitado una bandita del barrio lo usaba para robar drogas. Con un trabajo que hicimos con la abuela del chiquito se lo pudo sacar de ese entorno. Por eso estos Centros son vitales. Crean lazos, rompen con las bandas y se piensa desde otra realidad. No sólo se facilitan trámites, se ganan derechos”.
Una mujer joven, con tres chicos, susurró; “Estábamos olvidados por todos y esto nos incluyó. Si lo cierran volvemos a ser excluidos. No podremos tomar mate en la calle y seguro que el barrio se derrumba y hay más muertes”.
