La Justicia rosarina dispuso una prórroga de 120 días para la aplicación de una resolución dictada en marzo por el Servicio Penitenciario (SP) provincial por la cual se limitaba el ingreso a las cárceles del sur santafesino de paquetes de más de 2 kilos de peso por cada persona que visita a los privados de su libertad. En el mismo fallo, que lleva la firma de la jueza Eleonora Verón, se dispone la apertura de una mesa de diálogo "a fin de consensuar una solución que contemporice la problemática de las requisas, las visitas y la alimentación de los internos teniendo en cuenta las circunstancias" de cada prisión.
El dictamen conocido ayer es el resultado de un habeas corpus presentado por el Servicio Público de la Defensa para que se deje sin efecto la restricción dispuesta en marzo para el ingreso de paquetes que pesen más de dos kilos y que sean llevados por las visitas con alimentos y otros enseres para los detenidos. La medida alcanza a las Unidades Penitenciarias 3 (Riccheri y Zeballos); 5 (Ingeniero Thedy al 300 bis); 6 (ex alcaidía de Jefatura); 11 (Piñero) y 16 (Pérez).
La medida ya se había suspendido oportunamente por 90 días, tiempo en el cual no llegó a acordarse una solución alternativa. Vencido ese plazo, los defensores públicos Andrés Bassini y Marcelo Marasca plantearon el jueves que la decisión de limitar el ingreso a paquetes de dos kilos por visita es "inconstitucional", mientras que los representantes del Servicio Penitenciario (SP), Lucía Masneri y Matías Dariuch, argumentaron que se trata de una medida válida por cuestiones de seguridad.
El planteo había sido formulado por primera vez en marzo pasado tras una resolución del SP que restringió el peso de los paquetes que pueden llevar los familiares de internos. La medida generó malestar en todas las unidades de detención e incluso una masiva protesta en la puerta de la cárcel de Piñero. En una primera audiencia, la jueza hizo lugar al habeas corpus y suspendió la resolución por 90 días.
La misma discusión se dio en paralelo en Santa Fe respecto de los presos del norte provincial. Como allí la suspensión fue por un plazo menor, de 60 días, el pleito fue resuelto por tres jueces de la Cámara Penal que el 15 de junio pasado decidieron suspender sin plazo la medida y recomendaron reforzar el personal para las requisas para no demorar el derecho a la visita.
Entretanto, el 1º de junio pasado se realizó una mesa de diálogo con representantes del SP y de la Defensoría provincial que acordó un sistema de doble ingreso: una fila para los bultos de hasta dos kilos y otra para los de mayor peso.
Agrava las penas
En una nueva audiencia que se realizó el jueves, el defensor Andrés Bassini planteó que el sistema no funcionó porque continuaron las demoras y algunas visitas lograron ingresar a la cárcel después del mediodía, tras permanecer esperando turno desde la madrugada a la intemperie y con niños. Eso se constató en monitoreos realizados por la Defensoría en Rosario y Piñero.
El defensor sostuvo que la situación se agrava en este último penal (que tiene 1.543 internos cuando su cupo es de 1.342) adonde "concurren unas 350 personas tanto los sábados como los domingos". Con el límite de 2 kilos, según planteó, los alimentos que llevan los familiares "no alcanzan para cubrir lo que se come el día de la visita". Y que los productos que se venden en la proveeduría de la cárcel no están al alcance de los internos.
"No se pretende una merma en el control del paquete, pero esto no puede repercutir en los familiares y trascender los efectos de la pena", remarcó el defensor. Y sugirió que se refuerce el personal penitenciario para realizar los controles o se instale algún sistema de escáner porque "la carga la debe asumir el Estado y no trasladarla a los familiares".
En tanto, la representante del SP Lucía Masneri fundamentó la medida en cuestiones de "seguridad". "El SP está capacitado para determinar cómo hacer una requisa", dijo, y señaló que se han secuestrado balas, dinero y drogas en los alimentos que se quieren ingresar. "Somos conscientes de que el ingreso de paquetes de más de dos kilos es muy lento, pero se llevan muchas cosas innecesarias. No es una cuestión de velocidad, es de seguridad", amplió.
Masneri indicó que "el derecho a la salud, a la nutrición y al contacto familiar no están afectados y por lo tanto la restricción debe sostenerse".
También contó que "se han detectado casos de personas que llevan hasta 40 kilos de alimentos y otros enseres lo que es imposible de permitir porque no se puede acopiar alimentación por cuestiones de salubridad". Y agregó que "el problema se hacinamiento tiene que ver con la permanencia en cárceles provinciales de presos del fuero federal".
Difícil solución
Tras escuchar a las partes, la jueza Verón emitió su dictamen en el que sostiene que si se contrastan los monitoreos hechos por el Servicio Penitenciario como por la Defensoría "se está ante una cuestión de difícil solución puesto que los datos citados por las partes (en cuanto a la demora en la requisa de paquetes y visitas) son a simple vista contradictorios". Aunque a su entender, "existen circunstancias que no pueden soslayarse", tales como "el derecho a la alimentación del interno, que la aplicación de lo solicitado por el SP conlleva más perjuicios que beneficios, y que las demoras en el ingreso de las visitas y quejas de familiares por las requisas" son reales. Por lo tanto dispuso suspender la norma establecida por 120 días y llamar a una nueva mesa de diálogo en busca de una solución definitiva.
