Una inocente foto subida por un joven desde la habitación del Hospital de Emergencias donde estaba internado después de protagonizar un accidente en moto, permitió a la Justicia dar con el paradero del muchacho que buscaban como coautor de un homicidio ocurrido en mayo pasado. Se trata de Víctor Alfredo A., de 27 años, uno de los tres imputados por el asesinato de Emanuel Diego Miño, un chico de 18 años que recibió 14 balazos luego de ser apuntara erróneamente por una mujer víctima de un escruche.
Esa mujer, Rocío Magalí P., ya había sido detenida e imputada como instigadora del hecho y la Justicia le concedió prisión domiciliaria, una medida que poco depsués burló y ahora la mantiene prófuga. El otro apresado es Jorge Matías G., de 21 años y acusado de haber participado en el homicidio.
De la calle al hospital. El sábado pasado Víctor A. protagonizó un accidente de tránsito cuando iba en una moto y fue embestido por un automovilista. A raíz de las lesiones que sufrió fue internado en el Heca y allí “se sacó una selfie y la subió a su perfil de Facebook”. El retrato fue visto por el fiscal Adrián Spelta, quien seguía ese perfil y ordenó su detención al reconocerlo como el sospechoso del homicidio de Miño.
Ayer, en una audiencia imputativa presidida por el juez Gonzalo López Quintana, Víctor A. afirmó que el día del homicidio de Miño no estaba en el lugar del hecho sino “en la pizzería de un amigo, en Dorrego al 1000”. Tras la declaración del imputado, el fiscal Spelta requirió la prisión preventiva sin plazo y el abogado Jorge Bedouret, en representación de los familiares de Miño, adhirió a esa petición. A su vez el defensor Marcelo Argenti requirió la libertad de su cliente, pero el juez López Quintana se inclinó por dictar la prisión preventiva sin plazo.
El lunes pasado había sido detenido Jorge Matías G., quien fue imputado como presunto autor del homicidio agravado por el uso de arma de fuego en el caso de Miño, y por una tentativa de asesinato de otro joven (Jonatan Hernán A.) que resultó baleado en el mismo episodio. La misma figura penal se le atribuyó a Víctor A. En la misma audiencia los familiares del muchacho asesinado se constituyeron como querellantes.
Por error. Conocido como “Rocho”, Miño fue asesinado el 29 de mayo pasado en Camino de las Carretas (prolongación de Urquiza, al oeste de Wilde) al 800, en el barrio Gráfico. Al parecer, minutos antes Rocío Magalí P., de 23 años y apodada “La Gringa”, había sufrido un escruche y se lo comentó a cuatro amigos con quienes salió en una moto y un auto a buscar a los ladrones.
Entonces se toparon con varias personas tomando bebidas en la puerta de un salón de ventas y según testimonios de aquel día, cuando “La Gringa” vio a Miño y a “Pelusa” hizo detener los vehículos y dijo: “Son esos”. Entonces los de la moto se fueron contra los jóvenes.
Sin embargo, cuando comenzaron a dispararle la mujer se dio cuenta de que los agredidos no habían sido y quiso intervenir, pero ya era tarde. Miño cayó al suelo tras recibir un culatazo en la cabeza y luego le descerrajaron 14 balazos con armas calibres 32 y 9 milímetros, mientras que su amigo sufrió heridas en un brazo. Agonizante, el chico alcanzó a mencionar a “La Gringa” entre los atacantes.
Mudanza y fuga. La gringa se quedó en la escena del crimen hasta que llegó la policía y se entregó voluntariamente. Al día siguiente fue imputada como instigadora del hecho. El fiscal Adrián Spelta le atribuyó haber planificado el ataque tras sufrir un robo en su casa y confirmó que la mujer intentó frenar la agresión al notar su equívoco.
Como Rocío P. tiene una hija de 4 años y la casa alquilada en la que vivía fue quemada por vecinos luego del asesinato de Miño, se acordó que rentara otra vivienda para poder atravesar la prisión preventiva bajo arresto domiciliario. Sin embargo, una fuente allegada al caso indicó ayer que la joven está prófuga.
En la audiencia realizada el miércoles, el fiscal Spelta requirió que a Jorge G. se le dicte la prisión preventiva sin plazo. El abogado Marcelo Argenti, defensor del joven imputado, se opuso a la pretensión del fiscal y solicitó la liberación de su cliente. En forma subsidiaria planteó que se le otorgue el arresto domiciliario a raíz del estado de su salud. Finalmente, el juez López Quintana dispuso la prisión preventiva de Jorge G. También ordenó que sea alojado en el sector de enfermería de la cárcel de Riccheri y Zeballos.
