El fiscal federal Federico Reynares Solari pidió ayer penas que van desde los 10 a los 3 años de prisión para los integrantes de una organización dedicada al narcomenudeo en la zona sur de la ciudad. Fue en los alegatos de cierre de un juicio oral y público que se inició el 31 de mayo frente al Tribunal Federal Oral Nº 3 conformado por Eugenio Martínez, Osvaldo Facciano y Ricardo Moisés Vázquez y al que llegaron acusadas 11 personas por formar una banda que funcionó hasta marzo de 2016, cuando se incautaron 18 kilos de cocaína y marihuana.
De los once acusados, cinco están presos en la cárcel porteña de Villa Devoto y siguieron las audiencias por videoconferencia, y el resto en la sala de los Tribunales de bulevar Oroño al 900.
Los acusados fueron detenidos en marzo de 2016 como resultado de un operativo realizado por la Policía Federal y bautizado "Rosa blanca" en tanto se considera como organizadora de la banda a Rosa Anahí Caminos, quien está en prisión domiciliaria y es hermana de Roberto "Pimpi" Caminos, el ex líder de la barra de Newell's asesinado en 2010.
La causa se inició el 2 de junio de 2013 a raíz de actuaciones de la fuerza nacional sobre una casa de Presidente Quintana 78 bis donde se sospechaba que "una familia de apellido César estaría cometiendo ilícitos relacionados con la comercialización de estupefacientes en el barrio Tablada" y que para ello utilizaba "no sólo su aparato familiar sino también el de soldaditos en los pasillos" de la cuadra.
La investigación incluyó escuchas telefónicas en las que se detectaron alusiones directas a la venta de drogas y desembocó en 22 allanamientos realizados el 2 de marzo de 2016 en los barrios Tablada, Municipal, Saladillo y Villa del Tanque, todos en el sureste rosarino. Ese día se secuestraron 18 kilos de droga entre cocaína y marihuana, tres autos, armas de fuego y sustancias químicas para estirar la cocaína.
Los pedidos
La principal acusada es Rosa Anahí Caminos, de 49 años. Para el fiscal Reynares Solari la mujer era quién, junto a su esposo, Rubén Alberto César, bajaban las órdenes al grupo, contactaban a los proveedores y organizaban la logística de los puntos de venta. Por ello acusó a la pareja por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en carácter de organizadores y pidió 10 años de cárcel y 20 mil pesos de multa para Rosa; y 9 años de prisión y una multa de 2 mil pesos para su esposo.
A la hija de la pareja, Joana Marisel César; y a su yerno, Rodrigo David Benítez, la Fiscalía los ubicó un escalón por debajo de los jefes de la banda y pidió penas de 8 años de cárcel para cada uno de ellos acusados de "ejecutar las órdenes que recibían de Rosa Caminos distribuyendo la droga en los distintos puntos de venta". Lo mismo ocurrió con otro hijo del matrimonio, Jair César, para quien también solicitó 8 años de cárcel en carácter de distribuidor en los quioscos del grupo.
Siguiendo la cadena del entramado de la banda, el fiscal solicitó una pena de 7 años para José Luis "Chueco" Jofre y Claudio Daniel "Perro" Flores; de 6 años y medio de cárcel para Antonela Agüero; 6 años para Gustavo Daniel "Gusti" Herrera. Para la acusación, ellos se encargaban de la comercialización en los quioscos, seis de ellos ubicados sobre calle Presidente Quintana entre el 29 bis y el 134 bis.
Finalmente, el fiscal solicitó 3 años de prisión condicional como partícipes secundarios de la banda para Naila Ortellao y Hernán Agüero. En estos casos achacó el carácter de partícipe necesaria de la distribución del estupefaciente a la mujer y por ejecutar tareas de seguridad y resguardo en los puntos de venta el hombre.
El día del operativo los investigadores dijeron que la organización comercializaba unos 30 kilos de estupefacientes por semana con una ganancia de 3 millones de pesos y revelaron que en el frente de los quioscos solían colgar perchas para anunciar que había droga.
El grueso de la prueba a evaluar por los magistrados son los testimonios de diez policías que participaron de la investigación, lo incautado en los allanamientos y las escuchas realizadas al grupo que, de acuerdo a lo testificado por uno de los jefes federales que participaron de la pesquisa, "permitieron establecer que se estaba ante una organización del tipo de núcleo familiar, por lo que se intervinieron más teléfonos que llevaron a comprobar quiénes eran los vinculados a la actividad."
