Juan Pablo Carrascal, el hombre condenado a prisión perpetua por la violación y
asesinato de la docente Daniela Sparvoli, solicitó un nuevo análisis de ADN al poner en duda la
validez del examen que determinó un 100% de coincidencia entre su sangre y el material genético
hallado en el cuerpo de la víctima. Para que el estudio pueda realizarse en esta instancia del
proceso sus abogados requirieron una medida excepcional: que se reabra la causa a prueba en la
Cámara Penal de Rosario. Ante ese tribunal plantearon con énfasis que del asesinato participó al
menos otra persona y pusieron en duda la actuación policial que condujo al único detenido a cinco
años del caso.
La nueva pericia genética es sólo una de las medidas que
los abogados Guillermo Muratti y José Alcácer solicitaron a la Sala I de la Cámara Penal. Ese
tribunal integrado por tres jueces deberá revisar la condena a prisión perpetua que en mayo de 2008
le impuso a Carrascal el juez de Sentencia Julio García por el abuso sexual de la docente, el
crimen cometido para lograr impunidad y un robo posterior.
Dos ejes. "Entendemos el profundo dolor de los familiares de Daniela pero
queremos dejar a salvo el sentido de nuestra posición, porque está en juego el derecho de defensa
de una persona", planteó el abogado Alcácer. En la misma línea, su colega Muratti dijo que espera
que el tribunal disponga las medidas "ante la magnitud del caso y porque serían determinantes para
el descubrimiento de la verdad. El tema no está resuelto con la detención de Carrascal".
Los defensores presentaron su apelación en base a dos
argumentos centrales: que la policía forzó pruebas para justificar su arresto y que existen dudas
sobre la prueba de ADN que terminó de incriminarlo.
Por eso pidieron la apertura a prueba del caso en la
Cámara, una medida que sólo se admite en ocasiones especiales para incorporar nuevas
evidencias.
Allí requirieron que ante un perito de parte se realice una
nueva extracción de sangre a Carrascal, de 28 años, para que se coteje con los restos de semen
hallados en la víctima. A partir de la consulta a genetistas los defensores plantearon que está
"científicamente acreditado que el 100% de coincidencia no existe" en materia de ADN. Pidieron que
se explicite cómo se llegó a ese resultado y si se respetó la cadena de conservación de las
muestras. También remarcaron que uno de los sospechosos que tuvo el caso aportó una muestra de su
sangre extraída en un laboratorio privado, por lo que la obtención no fue igualitaria.
Regreso fatal. La docente de 27 años trabajaba en una humilde escuela de Villa
Eloísa y hacía dedo para retornar a su casa de Carcarañá, donde vivía con su pareja. El 14 de mayo
de 2003 su cuerpo apareció en un sendero rural conocido como "viejo camino a Bustinza", que une esa
localidad con Correa. La habían violado y estrangulado la tarde anterior, tras salir de la escuela
y subir a un utilitario frente a una estación de servicios de Cañada de Gómez.
Entre uno de los primeros sospechosos estuvo Carrascal,
quien ese día había viajado a Cañada de Gómez en su Renault Express azul. Entonces trabajaba en la
metalúrgica de su suegro en Las Parejas. Pero en un primer momento no hubo pruebas en su
contra.
En mayo de 2006 la Tropa de Operaciones Especiales solicitó
a la jueza de Instrucción de Cañada de Gómez Ana María Bardone someter a un ADN a Carrascal ante la
inexistencia del presupuesto de electricidad que había ido a buscar el día del hecho a un negocio
de electricidad de Cañada.
El análisis resultó positivo y lo detuvieron en Mendoza en
septiembre de 2006. Esa madrugada confesó su participación en el hecho. Pero según el planteo
defensivo la ausencia del presupuesto alegada por la policía no era real, porque poco después
apareció el original. Para los abogados, ese dato pudo ser falseado para incriminar a Carrascal.
Por eso, alegando que se violentaron garantías procesales, pidieron la nulidad del escrito policial
y de todos sus actos consecuentes. Lo que provocaría que todo vuelva a fojas cero y se inicie un
nuevo proceso contra Carrascal.
Pero en caso de que ese requerimiento más ambicioso no
prospere pidieron que le atenúen la imputación al delito más leve de violación seguida de muerte
(con pena de 15 a 25 años) porque, a su criterio, no está demostrado que Carrascal participara del
asesinato.
¿Cómo se entiende esa pretensión cuando el acusado confesó
el crimen? Lo que alegan los abogados es que esa confesión policial no es válida porque Carrascal
admitió haber asfixiado a la docente con sus manos cuando la autopsia reveló que fue estrangulada a
lazo. También indicó que el cuerpo fue arrojado por al menos dos personas que la tomaron de las
muñecas y los tobillos.
La participación de otra persona ya había sido planteada
por el juez que condenó a Carrascal porque el análisis del esperma arrojó dos patrones genéticos
distintos. Eso, para la defensa, admite otra lectura: si otras personas participaron del crimen
entonces no puede probarse que fuera Carrascal el autor del homicidio aunque haya estado en el
lugar.
"Sólo pretendemos dotar de seriedad la investigación de un hecho tan
conmocionante. Hubo una muerte innecesaria, aberrante y su principal actor se encuentra en
libertad", remarcaron los abogados al cierre del escrito que ahora considera la Cámara Penal. l
