Piden conmutación de penas para 1.048 presos

La Secretaría de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe elevó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia la solicitud de conmutaciones de penas para 1.048 reclusos que cumplen condena en diferentes presidios de la provincia.

  Los distintos jueces que controlan la ejecución de las sentencias de personas condenadas deberán ahora elevar al Poder Ejecutivo los informes acerca de si los incluidos cumplieron con las pautas de convivencia en los penales. El gobernador Hermes Binner —ejerciendo una facultad constitucional— estará en condiciones de autorizar o no los beneficios.

  El pedido no tuvo buena recepción en la zona de Rosario. El juez de Ejecución local, Efraim Lurá, dictaminó en contra del beneficio solicitado para 450 internos en las cárceles de los siete departamentos del sur provincial.

  Por primera vez desde que está en el cargo, Lurá se pronunció en contra del beneficio. "En momentos en que se nota un recrudecimiento del delito y del modo violento de cometerlos no parece oportuno otorgar este tipo de gracia", dijo a este diario.

Cómo y a quién. La decisión de conceder las conmutaciones de penas era una atribución discrecional del titular del Ejecutivo provincial, pero un decreto estableció un marco de regulación de ese instituto para que la sociedad no lo percibiera como un "acto de poder del príncipe", es decir, de naturaleza arbitraria.

  La norma determinó que, para acceder al beneficio, las personas condenadas deberán reunir dos condiciones: un mínimo de cumplimiento de la pena y buena conducta en prisión. Los informes acerca del concepto de los detenidos son elaborados por los jueces de Ejecución Penal, los directores de unidad y los organismos técnico-criminológicos de cada cárcel.

  Esa normativa determinó además plazos necesarios que los condenados debían cumplir hasta recibir el beneficio por primera vez.

  También estableció que el gobierno provincial podrá otorgar conmutaciones dos veces por año.

Un diez por ciento. En junio pasado, 120 reclusos alojados en unidades del Servicio Penitenciario y en dependencias policiales se vieron favorecidos cuando la Secretaría de Asuntos Penitenciarios solicitó —en diciembre del 2007— pedidos para 1.026 reclusos. Es decir, un 10 por ciento del total requerido vieron disminuidas sus penas. En todos los casos, la reducción de las sentencias —de eso se trata— no superó los tres meses.

  Casi el 85 % de estos detenidos —93 personas— tuvieron una "compensación" de tres meses de prisión respecto de las condenas que efectivamente deben purgar mientras que otros seis internos recibieron un acortamiento de penas de apenas un mes. A su vez, diez presos que estaban sentenciados a prisión perpetua pasaron a cumplir 25 años de encierro. Y a uno de los detenidos se le concedió la prisión perpetua en lugar de la reclusión perpetua.

  La Subsecretaría de Asuntos Penales sostuvo que nunca las conmutaciones implican excarcelaciones inmediatas. En realidad, el instituto contempla una disminución de las sentencias. Sin embargo una percepción generalizada, que es errónea, identifica este beneficio con la liberación discrecional de presos.

  En el 2007, el último de la gestión del ex gobernador Jorge Obeid, no hubo conmutación de penas.

  El decreto de autorregulación del Poder Ejecutivo provincial exceptuó solamente como beneficiarios de conmutaciones a los funcionarios públicos que hubieran sido condenados. El resto de la población carcelaria está comprendida en el instituto siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos. Por lo tanto, no exceptúa a quienes cometieron delitos sexuales.

Binner decide. Los informes que elevan los jueces de Ejecución no son vinculantes para el Ejecutivo. "El gobernador puede otorgar conmutaciones aun cuando los informes fueran desfavorables, pero esto no ocurre porque el trámite es muy meticuloso", explicó el secretario de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti.