Emanuel David Suárez es un viejo conocido en el sistema penal de Rosario. En 2013 fue condenado a 6 años y medio de cárcel como partícipe del crimen del exlíder de la barra brava de Newell's, Roberto "Pimpi" Caminos, asesinado en 2010. A comienzos de este año, tras un largo tiempo sin volver tras las rejas, fue detenido por un ataque a tiros en el barrio Parque Oeste. El blanco de la balacera había sido la casa de un vecino, miembro de la familia Tripi, apuntada en ese sector de la ciudad como una banda dedicada a la venta de drogas.
Este viernes el fiscal Pablo Socca amplió la imputación contra Suárez, que ya había sido acusado en febrero pasado por la balacera a los Tripi, y sumó a nuevos imputados. "El hecho se enmarca en un contexto de disputa entre bandas criminales", indicó el funcionario en la audiencia. "En Parque Oeste hay varios grupos que se disputan el monopolio de actividades delictivas vinculadas a la venta de estupefacientes y a la comisión de hechos de violencia con fines de ocupación y control territorial", agregó.
En la audiencia de este viernes la Fiscalía imputó a un hijo de Suárez, Dylan S., de 19 años, y a Agustín Fernando "Winwi" U., de 26 años. Los dos habían sido detenidos el 22 de julio pasado, tras una serie de allanamientos en Parque Oeste. En la balacera por la que fueron imputados también participó un chico de 15 años, en edad no punible, un joven que escapó y tiene pedido de captura, además de otras dos personas que no fueron identificadas.
El ataque a los Tripi
La imputación de Socca a Suárez, Dylan S. y Agustín U. indica que los tres, y los demás partícipes, planearon y ejecutaron la balacera ocurrida la madrugada del 12 de febrero pasado en un domicilio de Pedro Lino Funes al 2100. Allí vive un menor integrante de la familia Tripi que cumplía arresto domiciliario por una causa de la Justicia de Menores. El ataque, de acuerdo a lo planteado por la acusación, se enmarcó en un conflicto entre bandas.
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Socca planteó que aquella madrugada todo el grupo se dirigió a la casa pero que fue el menor del grupo quien realizó 10 disparos con un arma de fuego calibre 9 milímetros. Luego del ataque, todos se fueron caminando en dirección a las torres del Fonavi de Teniente Agneta al 5500, donde vive Ema Suárez.
Toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad que sirvieron como evidencia para la imputación inicial de Suárez y la detención y acusación reciente de los otros miembros del grupo. Por ese hecho los tres fueron imputados por abuso de armas agravado por la participación de un menor y quedaron en prisión preventiva por el plazo de ley. A Suárez le aplicaron una medida cautelar complementaria con una serie de restricciones en cuanto a visitas y comunicaciones.
Padre e hijo a los tiros
Aquella balacera, si bien fue denunciada por la víctima, tuvo su réplica en la calle con un enfrentamiento a balazos. Ocurrió la madrugada siguiente, cerca de las 1.20 del 13 de febrero, entre las torres de los Fonavi de Cerrito al 5500.
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Más de 20 balazos en los monoblocks de Parque Oeste, señal de otra bronca de Los Tripi.
Foto: Virginia Benedetto
En total fueron 26 disparos, de acuerdo a las vainas juntadas luego por la Policía de Investigaciones (PDI). Se usaron al menos tres armas de fuego, una calibre 9 milímetros, una calibre 22 y una calibre 40. El saldo fue de tres personas heridas: una mujer de 42 años con un balazo en la pierna izquierda, un hombre de 29 años con tiros en la cadera y una pierna y otro hombre con heridas en la cara y la espalda.
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Los conflictos continuaron tras ese hecho. De acuerdo a lo que relató Socca en la audiencia, Ema Suárez, su hijo Dylan y el menor que la noche anterior había efectuado los disparos, volvieron a la casa de los Tripi. Allí fue Suárez quien llevó un arma en mano y junto a los demás amenazaron de muerte al menor de la familia. Minutos después, en medio de un operativo policial, Suárez y su hijo se metieron a la casa de los Tripi y se llevaron un celular.
Socca les imputó a Ema Suárez y Dylan S. el delito de amenazas calificadas por ser cometidas con arma de fuego, además de hurto, todo agravado por la participación de un menor. También imputó a una mujer, Andrea Ale, por encubrimiento al acusarla de haber escondido el celular robado. Ella quedó en libertad con restricciones, entre ellas no poder visitar ninguna unidad penitenciaria de la provincia.
