Los procedimientos están vinculados a los asesinatos de cuatro trabajadores en marzo y los ataques contra una comisaría y un ómnibus del transporte urbano.
La Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en varios domicilios de Rosario relacionados con los asesinatos de cuatro trabajadores.
Este martes a la madrugada, se realizaban 30 allanamientos en diversos puntos de la ciudad de Rosario. Según informaron fuentes oficiales, los procedimientos tienen relación a la investigación por los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, del colectivero de la línea K Marcos Daloia, y del playero Bruno Bussanich. Además, también tienen que ver con hechos de balacera a la Comisaría 12 y abuso de arma en un colectivo de la línea 122.
Los procedimientos son ordenados por Patricio Saldutti y Adrián Spelta, fiscales de la Unidad de Homicidios Dolosos; Franco Carbone, fiscal del Equipo para el Abordaje de Delitos cometidos con Armas de Fuego; Luis Schiappa Pietra y Marisol Fabbro, fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizad, y Fernando Dalmau, Fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, todos del Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Santa Fe, 2ª Circunscripción.
La investigación la llevó adelante Policía de Investigaciones y los procedimientos se realizan con grupos tácticos de la Policía de Santa Fe. Cabe destacar que se solicitó secuestro de todo material de interés para las causas en investigación y la aprehensión de personas sindicadas.
"El Estado está unido, somos más fuertes que cualquier organización criminal y vamos a llegar a los responsables", planteó el gobernador Maximiliano Pullaro, quien difundió los allanamientos en redes sociales. "Los santafesinos y el país deben saber que no hay impunidad. Hoy dimos un paso adelante importante y sabemos que falta mucho por hacer en la lucha contra las mafias", sostuvo.
Una ola de crímenes sacudió a Rosario a principios de marzo.
El primer asesinato fue el del taxista Héctor Raúl Figueroa, de 43 años. El crimen ocurrió en la noche del martes 5 de marzo, en Flammarion al 5100. Allí la policía encontró el cuerpo con al menos 16 heridas de arma de fuego en la cabeza, cuello y tórax.
El segundo trabajador ultimado también era taxista. Diego Alejandro Celentano, de 33 años, fue asesinado el miércoles 6 de marzo por la noche en Alvear y Garmendia. Hacia allí llegó la víctima por pedido de su pasajero, quien luego lo ejecutó a balazos.
El colectivero Marcos Daloia fue baleado el día siguiente, el jueves 7 de marzo, cuando estaba tras el volante de un colectivo de la línea K en Mendoza y Méjico. El hombre recibió una bala en la cabeza. Una ambulancia del Sies lo trasladó al Heca. Tras sufrir un paro cardíaco, los trabajos médicos lograron reanimarlo pero murió en ese centro de salud tres días después.
El sábado 9 de marzo se registró el cuarto asesinato de la saga Bruno Bussanich, de 25 años, un joven empleado de la estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600, fue ejecutado a balazos antes de la medianoche cuando estaba en su puesto de trabajo. El autor de los disparos, que se movilizaba en un Fiat rojo, dejó en el lugar una nota amenazante.
La seguidilla de crímenes, que tendría relación con las medidas tomadas por el gobierno provincial contra presos de alto perfil detenidos en las cárceles del territorio santafesino, generaron un fuerte impacto en la sociedad rosarina, pero además tuvo repercusión a nivel nacional e internacional.
La situación motivó la constitución de la denominada Junta Operativa, integrada por el gobierno provincial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Municipalidad de Rosario y el gobierno nacional para trabajar de manera "conjunta y permanente" en una serie de medidas de seguridad.
A la vez, la justicia fue avanzando de manera individual y grupal en cada causa. De allí se desprenden los allanamientos de este martes en Rosario.
Para el gobierno provincial, los ideológos y ejecutores de los asesinatos pretenden recuperar privilegios de organizaciones criminales en las cárceles.
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