Por Hernán Lascano
Tras más de cuatro meses preso, Andrés Bracamonte seguirá siendo investigado en libertad.
Una organización compuesta por 18 personas irá a juicio en breve por transportar, guardar y comercializar a gran escala enorme lotes de estupefacientes en Rosario y ciudades vecinas. Los detalles más salientes de la larga investigación pasan por el vigoroso impulso económico que tuvo esta estructura, por la sociedad que el grupo formó contando con la protección policial que les permitió una enorme expansión y por un singular personaje que será uno de los sentados en el banquillo.
Ese hombre se llama Osvaldo Gregorio Villalba, le dicen Chino y lo consideran una mano derecha de Andrés "Pillín" Bracamonte, el líder de la barra brava de Rosario Central. Villalba quedó preso a partir de un procedimiento ocurrido en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Arroyo Seco, el 4 de abril de 2019. Entonces los ocupantes de un Chevrolet Agile transportaban 53 kilos de marihuana en 73 panes. Se estaban realizando para entonces escuchas directas con las que se seguían los pasos del transporte de la sustancia comprada en la ciudad bonaerense de Ingeniero Maschwitz. De 45 años, Villalba es uno de los tres hombres que según el fiscal federal de Rosario Claudio Kishimoto lidera la organización que ahora será juzgada por el Tribunal Federal Oral 1.
Las diligencias realizadas por distintas agencias penales detectaron una serie de facetas del Chino Villalba que lo hacían recortarse del resto de la banda. Un hombre de 45 años de clase media desahogada desde antes de ingresar al negocio que lo pondrá delante de un juez, casado con una abogada, jamás nombrado en investigación alguna a una edad que los implicados en asuntos de narcotráfico ya tienen varias referencias penales. Un tapado que para los investigadores de la fiscalía y de la Policía Federal ostentaba un lugar medular en los negocios de la barra brava de Rosario Central. Un hombre capaz de una desaforada violencia verbal para las amenazas.
El día que se detuvo a los líderes de esta organización el teléfono de Pillín, intervenido por la Justicia Federal, no dejó de sonar. Pero por más que los investigadores pusieron un celo extremo en el líder histórico de la barra canalla, nada con peso de evidencia lo conectó como para implicarlo en este caso. En la pesquisa están seguros que la sagacidad de Pillín, su astucia y la estudiada cautela de sus movimientos lo pusieron a resguardo. Ese día Pillín no estaba en Rosario. Las antenas de su celular lo detectaron en Timbúes. Fuentes judiciales y policiales consignan que alguien lo llamó y lo puso al tanto de que habían cortado en la autopista a los que llevaban los 72 paquetes de marihuana. Desde la zona de Timbúes el histórico capo de la hinchada auriazul replica que a los detenidos se les viene la noche. "Están hasta los huevos. Tenes más posibilidades de salir por un homicidio que por drogas a este nivel", dice.
Los líderes de esta empresa criminal son tres para el fiscal Kishimoto: Claudio Javier Benítez, Amílcar Viani y el Chino Villalba. Las interceptaciones telefónicas dejan saber que este grupo esperaba un cargamento enorme, cercano a los 500 kilos de droga. Pero las promesas de sangre y fuego del Chino a sus deudores hicieron pensar a los investigadores que dilatar las detenciones para interceptar esa partida era poner personas en riesgo de muerte.
En el ámbito federal hay una convicción fortísima tras el desarrollo del caso: Villalba estaba a las órdenes de Pillín. Allí no tienen dudas pero tampoco evidencia concluyente. Primero en la fiscalía desprendieron una pesquisa por droga para Bracamonte que fue negativa. Pero sí surgieron indicios como para imputarle lavado de activos. En ese momento estallaba contra el jefe barrabrava una causa en la fiscalía provincial de Miguel Moreno que terminó en una acusación por ese delito en junio del año pasado. Fue después de que lo apresaran en un barrio privado de Ybarlucea con más de dos millones de pesos en efectivo en su casa y una máquina de contar billetes. Entonces la Fiscalía federal traspasó a la provincia el legajo por lavado.
Las conversaciones del Chino Villalba eran con "Andrés". Como en la serie televisiva The Wire donde las personas que se quiere escuchar eluden el teléfono los diálogos por línea son muy cortos y solo para concretar encuentros persona a persona. A veces los que seguían los audios en la Policía Federal anotaban los lugares de cita. "En general se juntaban en un bar de la cancha de Central y la barra acordonaba el área, así que era imposible sacar una foto para registrar como evidencia", indicaron fuentes de la causa.
En las escuchas que se obtuvieron sobre Villalba las alusiones a Andrés eran reiteradas. Todo en conexión con asuntos vinculados a los mismos temas: barra, entradas, relación con la dirigencia, pases de jugadores. El recorrido indiciario era elocuente pero hacia Pillín se interrumpía. Un hombre por completo reacio a usar líneas telefónicas.
La voz de Villalba, en los llamados interceptados, se tensa en una violencia mayúscula al momento de exigir dinero a las personas que estaban en deuda con él. Se lo dice a un deudor de la capital provincial en una escucha el 17 de marzo de 2019. "Cuando termine el partido vamos con la gente que quiere hablar con vos porque se cansó. Y si vamos a Santa Fe y vos no me querés hablar te mando a matar a toda tu familia. ¿Escuchaste pedazo de hijo de puta?".
A otra persona que también le debe dinero le consulta al día siguiente si vive en Maestro Dawson y Perón. El interlocutor le responde que ahí vive su madre. A lo que el Chino le dice: "Sí, hay una gente que te conoce, estuvimos toda la tarde tomando mates. Vos estuviste tres años chamuyándonos. Ahora se te va a llenar el culo de preguntas". El mismo día, más tarde, lo vuelve a llamar. "Estoy con el muchacho y tres muchachos de él. Vinimos a plantarnos acá. Tenés 24 horas para cumplir con la plata o con la camioneta puesta en Rosario o el amigo te hace un desastre en la casa de tu vieja y de tu hermano. El amigo acá dice que le cumplas con al menos 500 mil pesos o un coche. Tenés 24 horas hasta mañana sino te recontra cago a tiros la casa y hago que te mate a cualquiera. Listo".
La agresividad de mensajes que escalaban obligaron a los investigadores a avanzar con las detenciones a pesar de que sabían, también por escuchas, que la organización esperaba un camión con 400 kilos de marihuana.
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La organización que irá a juicio está compuesta por 18 personas. Lo más llamativo que destaca la pesquisa de Kishimoto es la capacidad que exhibía la estructura en acopio de armas, disponibilidad para la compraventa de sustancias, violencia y acceder a protección policial. Uno de los juzgados será Guillermo "Chiche" Segovia, un policía de la provincia al que llegaron cuando Amílcar Viani fue advertido que lo estaban vigilando. Eso hizo que Viani se comunicara con Segovia para pedirle que le averiguara quién era el personal policial que desde autos y motos lo estaban cercando. Luego le indicó que estaba por hacer "un negocio muy grande" que le iba a dejar a Segovia 50 mil pesos. Era un cargamento de 4 mil kilos de marihuana.
Esto determinó que se pusiera el foco en Segovia que aparecía en sus perfiles de redes sociales con su uniforme. En una ocasión Benítez, de la misma banda, quedó preso en la comisaría 32ª. Eso fue el 16 de marzo de 2019. Las escuchas dejan saber que Segovia hizo gestiones que permitieron la liberación de Benítez lo que a éste le costó "más de 15 lucas". Este policía será acusado formalmente por colaborar con el grupo investigado cada vez que sus miembros tenían problemas.
Otros acusados son José María "Chuky" Spinelli, quien para el fiscal Kishimoto era propietario de un campo que se utilizaba como lugar de acopio de grandes cantidades de estupefacientes y que participaba además como proveedor de municiones y armas. Natalia Insaurralde responderá por guardar y proveer de armas a la banda entre ellas alguna ametralladora y cargadores de calibre 40.
A lo largo de toda la instrucción de este legajo los investigadores tuvieron a Pillín en la mira. Consideran que Villalba es un hombre de él. Pero no hubo evidencia para implicarlo. Bracamonte estuvo detenido tres meses desde el 26 de junio de 2020 acusado de intentar blanquear a través de testaferros y de la creación de empresas con ribetes fraudulentos un patrimonio estimado en algo más de 38 millones de pesos. Para el fiscal provincial Miguel Moreno, Pillín se hizo de esos bienes a partir de negocios de todo tipo relacionados con Central, gracias a su lugar en la barra: desde cobrar el estacionamiento cerca del estadio los días de partido, participar en la venta de jugadores o crear una empresa para facturarle al club por servicios inexistentes. Los indicios para la causa de lavado que surgieron en esta pesquisa se acumularon en la fiscalía provincial que está también en esa jurisdicción en antesala de la acusación para el juicio oral.