"Libere a mi hijo, no es un asesino", clamó la madre de Diego C. tras la audiencia imputativa

Allí estaban, a las 9 de la mañana y bajo un cielo muy gris, unas 60 personas en la plazoleta del centro de Justicia Penal (CJP) de Sarmiento y Virasoro con carteles claros: “Liberen a Diego”. Vecinos de Fisherton, otros de zona sur, más otros que se acercaron porque están “indignados y con miedo a que nos pase lo mismo”. Ante la vista de unos veinte efectivos policiales que custodiaban el lugar, a las 10 ya eran unos 150 vecinos los que se habían acercado.

Y pasadas las 11, cuando el juez Román Lanzón aceptó la imputación por homicidio simple dictó 60 días de prisión preventiva para Diego C. ya eran unas 300 personas las que se abalanzaron sobre los ventanales del edificio y comenzaron a golpear vidrios al coro de “hijos de puta, liberen a Diego”.

En tanto Miriam, la madre del joven de 25 años que el jueves atropelló a dos hombres que minutos antes lo habían asaltado a mano armada frente a la casa de su padre, pedía de rodillas y entre gritos desesperados: “Señor juez, libere a mi hijo, él no es un asesino”.

La moto roja

El sábado por la tarde unos 2.500 manifestantes se habían acercado hasta el cruce de Eva Perón y Wilde, a unas cuadras de donde ocurrió el terrible suceso, y marcharon en defensa de Diego. Con carteles en mano que expresaban leyendas como “Liberación ya”, “Justicia y seguridad”.

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Ayer a la mañana frente al CJP el clima era más hostil hacia los funcionarios judiciales. “Vivimos a unas cuadras de donde pasó todo, nos cansamos de denunciar a esa moto roja en la que iban estos dos ladrones en sus robos constantes por el barrio. A cada uno de los que está acá nos robaron nuestra casa o nos sacaron el celular o la cartera. Estamos hartos”, dijo a coro una familia. Otro manifestante se preguntó “¿qué función cumplen jueces y fiscales? y ¿por qué no hay una justicia pareja?”.

Si tres son multitud, los 300 que se terminaron agolpando frente a los tribunales penales ya eran un mundo. Gritaban, aplaudían usando las manos como martillos. Incluso en un momento, mientras transcurría la audiencia, se formó una asamblea popular en la que frente a un micrófono todos podían hablar. “Queremos que liberen a Diego. Es un chico de trabajo que como cada uno de nosotros está a merced de ladrones”, dijo una mujer. “No soportamos más esta Justicia”, sintetizó otra.

Familiares de Diego le escribieron una carta y una allegada la leyó frente a la multitud. “Viviste la crisis de 2001, estudiaste, trabajaste sin cesar, fuiste un excelente alumno, solidario. Buen tipo, tranquilo. Rompieron la ventanilla de tu camioneta y tu hermanito pensó que te habían matado. Solo te protegiste y perdiste el control de la chata. No sos culpable”, decía el texto. Luego de ser leída esta carta familiares del chico lloraron abrazados.

Según contaban ayer Diego C. vive en calle Amuchástegui con la nueva familia de su padre, compuesta por la pareja de éste y tres hermanos. Su madre, Miriam, se mantuvo en silencio durante toda la manifestación, al igual que la pareja de su padre. La familia es propietaria de una empresa metalúrgica y un matrimonio al que la fábrica provee y que se e acercó a la plaza lo definió como “un chico responsable y tranquilo, un gran trabajador. No sabemos qué pasó por su cabeza pero sabemos qué clase de persona es”.

Circunstancias

Quienes estaban allí suponen una justicia ideal, que tome en cuenta circunstancias particulares, pero el hecho que implicó a Diego está tipificado en el código penal y el sistema tomó las decisiones que evaluó a derecho.

Una vez conocida la resolución del juez Román Lanzón la gente se descontroló. Al menos una cien personas se tiraron sobre los ventanales del CJP, golpearon puertas e insultaron a troche y moche. Patadas, manotazos al aire y dolor. La madre de Diego se arrodilló ante las puertas del edificio e imploró: “¡Mi hijo es trabajador, no se merece esto, no puede ser señor juez. Me voy a morir si mi hijo va preso. Ayúdeme, señor juez. Mi hijo es un chico bueno. Somos gente trabajadora y humilde. Ayúdenme!”, gritó y lloró Miriam.

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Abordado por la prensa al término de la audiencia, el fiscal Patricio Sadutti opinó sobre esas manifestaciones. “Entiendo el contexto y la situación; soy parte de la sociedad pero mi función como fiscal es una función orgánica del Poder Judicial y en base a criterios de objetividad. La presión social siendo funcionarios no debería hacernos mella en ningún sentido. Por supuesto que influye pero siempre nos apegamos a la objetividad y haciendo el mejor trabajo posible, no podemos escuchar el humor social para resolver en una causa”, argumentó el fiscal.