Lanzan un plan de recuperación urbana en un barrio con alto índice de violencia

Para hacer frente a esta conflictividad rutinaria ayer comenzó en inmediaciones del barrio Bella Vista Oeste una intervención multiagencial que destinará centenares de recursos humanos del municipio y de la provincia, fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y personal de distintas fuerzas de seguridad.

El objetivo del dispositivo es generar la pacificación del barrio mediante dos grandes acciones: el mejoramiento del relieve con obras de saneamiento urbano y relevamientos que permitan identificar a los actores de los conflictos.

Perfiles

Durante tres semanas funcionarios y empleados de distintas reparticiones hicieron una evaluación de los problemas territoriales. A un equipo del MPA le tocó relevar las causas penales abiertas desde el inicio de este año por homicidios, abuso de armas y lesiones con armas de fuego.

Al peinar las denuncias se advirtió que había un perfil de agresor muy joven o menor de edad y una tendencia a dirimir conflictos con armas poderosas. Se detectaron acciones de bandas de muy poca complejidad pero alto poder de fuego. Y una matriz de violencia interpersonal extrema en la que es común que una discusión menor acabe con la balacera a la fachada de una vivienda.

Los procedimientos comenzaron ayer con la intervención en el territorio de 250 efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI), la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Policía de Acción Táctica (PAT).

Esta misma semana arribarán al barrio los equipos sociales de provincia y municipio, reparticiones tales como Servicios Urbanos, Control Urbano, Plan Abre, Salud, Hábitat y Desarrollo Social. Estas áreas se encargan del saneamiento de las calles, alumbrado público y zanjeo.

Las manzanas del dispositivo en Bella Vista están acotadas por Pellegrini, Presidente Perón, Felipe Moré y Avellaneda. Los habitantes de la zona son predominantemente de clase media-baja o baja, con población trabajadora pero también con marcados problemas por empleo informal o desempleo.

Recuperar

"Este es el inicio de la intervención con la que se busca recuperar y controlar este territorio. Eso significa que el Estado se establezca, ocupe espacios y le brinde protección y cobertura a los vecinos", dijo la fiscal Luciana Vallarella, quien encabezó junto con su par Rodrigo Santana los operativos desde el MPA y autorizaron los allanamientos pedidos por el Organismo de Investigaciones (OI).

Los operativos de ayer estuvieron relacionados con las causas por delitos en trámite: buscar a las personas individualizadas implicadas en homicidios, ataques a balazos y lesiones. Se reportaron dos armas secuestradas y dos personas demoradas. "No es mucho lo que encontramos. Pero lo importante era la entrada en el barrio", dijo un portavoz del MPA.

La de ayer es la segunda intervención multiagencial impulsada en Rosario por el Ministerio de Seguridad de la provincia. La primera había sido en junio con el desembarco en el complejo municipal de la zona de Grandoli y Gutiérrez, también azotado por una violencia descompuesta que dejó en esa zona más de 30 homicidios en los últimos dos años. Pero el barrio donde empezaron las acciones ayer es un territorio más degradado, atravesado de asentamientos precarios.

"Lo más destacado para definir la política pública en la zona está dado por el problema de la ocupación del suelo", dijo Natalia Galano, responsable del OI de Rosario. "Hay muchos pasillos internos que atraviesan las manzanas. Buena parte de estas viviendas están sobre terrenos del Estado o privados. La irregularidad no sólo dominial sino en la ocupación del suelo es muy importante. Por otra parte en la franja sobre la vía en la zona hay un asentamiento irregular de características más precarias. En el sector entre Pellegrini y Presidente Perón las construcciones son más de material pero con manzanas cruzadas por pasillos internos donde las viviendas son más frágiles e inestables", agregó. La dificultad para dar un diagnóstico sobre las fragilidades de esa zona, según fuentes oficiales, deriva de un déficit histórico de la política pública: ningún agente del Estado entraba allí.

Expectativas y escepticismo

Hubo una impresión compartida entre los empleados del MPA que ayer conversaron con vecinos. Todos captaron una expectativa positiva ante la intervención pero matizada con cierto escepticismo. "Yo puedo hablar de lo que pasa en mi barrio pero ustedes se van y nosotros nos quedamos solos", repetían los residentes. La idea fuerte que se llevaron los fiscales es que los vecinos conocen cabalmente los problemas de su zona y que aspiran a vivir en paz.

La perspectiva de investigación centralizada de hechos que tienen la común ocurrencia en el barrio fue tomada como valiosa. "La mayoría de los hechos como tiroteos y homicidios se trabaja en legajos aislados. Una intervención así en el barrio permite un manejo unificado y no segmentado de las investigaciones", sostuvo Vallarella.

"Esta forma de trabajo posibilita un conocimiento más específico de la situación general, de la conformación de las bandas, de actores de la violencia, de reacciones en el territorio. Tener esta información colabora en el esclarecimiento de los hechos. Es una lógica poco usual pero auspiciosa. Sin duda hay una dimensión de novedad que implicará aprendizaje sobre la marcha. Si el Estado logra permanecer en el territorio con una línea de trabajo el efecto que prevemos es que los vecinos recuperen la confianza en las instituciones y la convicción de que las cosas pueden solucionarse".