Las cámaras que registraron ataques incendiarios de autos en las últimas tres semanas captaron en varios casos el paso de un utilitario Fiat Fiorino blanco modelo viejo, con tubo de gas, una calcomanía con el número 110 en el vidrio trasero y un picaporte caído. Entre los 4000 vehículos que circularon por Rosario en la madrugada del último sábado de abril, cuatro eran de esa marca. Uno, en las fotos de multas de tránsito, era idéntico al que había sido filmado en las escenas. Así llegó la investigación a las tres personas allegadas al preso Alan Funes que fueron imputadas este martes por esa saga de 21 hechos con amenazas al gobernador y a su ministro de Seguridad.
El utilitario Fiorino fue secuestrado el 13 de mayo pasado, cuando se hicieron allanamientos en los que además se incautaron bidones de nafta y celulares. Ese día fue detenida Leila Daiana Schmitt, de 27 años y presentada por la investigación como pareja de Alan Funes, aunque ella afirma ser su amiga. Además fueron apresados Yamila Elisabeth A., de 26 años, y Carlos Luciano C., de 24. El fiscal Pablo Socca los imputó como coautores de amenazas coactivas calificadas por el propósito de obtener concesiones de un poder público, intimidación agravada por el uso de explosivos e incendios. Delitos por los que el juez Hernán Postma dictó la prisión preventiva de los tres por el plazo de dos años.
Según planteó el fiscal en la audiencia, tres días antes de la saga incendiaria el Ministerio de Seguridad de la Nación había restringido el régimen de comunicaciones del que disponía Alan Funes en la cárcel federal de Marcos Paz. Hasta ese momento tenía libre acceso al teléfono público antivandálico de un salón de usos múltiples del pabellón. En ese aparato estaban los números de sus familiares directos y defensores, cargados con previa autorización, a quienes podía contactar sin restricciones y sin que quedara registro.
El 24 de abril se comenzó a aplicar el protocolo de comunicaciones destinado a los considerados internos de “alto riesgo” que limita las llamadas a una sola persona. En el caso de Alan la elegida fue su hermana, que lo visitó al día siguiente en la unidad penitenciaria y volvió a tener contacto telefónico el 1º y el 8 de mayo. El 27 de abril comenzó la saga incendiaria en la que Funes no fue imputado aún, aunque está en el centro de las sospechas.
Señalado como el referente de una banda de barrio Tablada, el joven perdió a su madre y a dos hermanos asesinados en disputas por la venta de drogas. Cumple en la cárcel federal condenas por un homicidio y por narcotráfico que suman más de 44 años de cárcel. El 13 de enero pasado la provincia derribó un inmueble de Ayacucho al 4300 sindicado como un histórico búnker de su organización.
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La seguidilla de incendios comenzó el sábado 27 de febrero cuando un grupo que se movía en el Fiorino prendió fuego a doce vehículos estacionados entre las 2 y las 4 de la madrugada. Los ataques fueron en Coulin al 1800, Santiago al 3800, Italia entre Presidente Quintana y Doctor Rivas, Wagner al 1200, La Paz al 3300, Gutenberg al 1500 y Laprida al 6300.
La saga se reiteró el viernes 3 de mayo con cinco nuevos incendios en White al 7600 y Forest al 7500. En este caso, dijo el fiscal, los atacantes partieron de la casa de Leila de Ayacucho al 4300 en un Volkswagen Gol. Con tres ocupantes no identificados en la parte de atrás fueron hasta Mendoza y Donado y desde allí recorrieron la zona a pie con envases con combustible. Esta serie, según la acusación, contó la colaboración de Yamila A., quien “se encargó de la parte logística gestionando el traslado y transporte de los autores al lugar del hecho, siendo esencial para la organización, la planificación y la ejecución del hecho”.
El domingo 12 se sumaron cuatro hechos en Santa al 7400, Gambartes al 2500 y Pasaje Hutchinson al 3700, cometidos “por Carlos C. y personas no identificadas que se trasladaron a bordo de la camioneta Fiat Fiorino”.
En todos los atentados los atacantes dejaron notas escritas con referencias a condiciones de detención en cárceles provinciales y federales y amenazas dirigidas al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni. “Haganse cargo de las muertes de inocentes que va a haber”, “queremos nuestros derechos”, “esto es culpa de ustedes por meterse con los derechos de los presos”, decían los mensajes. El fiscal remarcó que uno de ellos decía “queremos de nuevo las visitas y las llamadas”. Algunos carteles estaban firmados por “Los rosarinos”, una firma criminal hasta ese momento desconocida.
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Socca explicó en la audiencia que una primera pista fue la Fiorino blanca filmada en algunos de los ataques. A partir de ese dato se consultó el listado completo de patentes captadas por cámaras de tránsito del sistema provincial y del municipal la madrugada del 27 de abril. De los casi 4 mil vehículos que circularon entonces, cuatro eran unidades de esa marca y una coincidía en los detalles: el tubo de gas en la parte trasera, una calcomanía con el número 110, el picaporte caído y dos bultos o cajas que se distinguían tras los vidrios.
Un testigo de un ataque dijo que ese utilitario frenó delante de su ventana, bajaron tres hombres corriendo y mientras uno gritaba “dale, dale, dale”, una mujer permaneció dentro del auto, fumando y mirando un celular. “Vi que tenía una calcomanía redonda grande con el número 110 en color negro, pasó todo muy rápido”, dijo. Otro testigo vio “una Fiorino blanca, modelo viejo” que estacionó en la puerta de su casa y de la cual bajaron tres hombres de la parte trasera. Mientras una mujer fumaba en el asiento del acompañante rociaron dos autos con una jarrita y les prendieron fuego.
Los tres detenidos fueron acusados de haber intervenido junto a otras personas no identificadas en “la organización, planificación y ejecución” de la seguidilla de incendios. Para el fiscal, la camioneta era conducida por Carlos C., detenido en la calle cuando iba al volante de la Fiorino junto a otro hombre que lo asistía con tareas de reparto y recuperó la libertad. Según la investigación, C. era quien disponía del vehículo, captado en horas de madrugada en la cuadra de Ayacucho y Arijón donde vive Leila.
Al dato de la chata se sumó una denuncia anónima al 911. Una persona dijo saber que los autores de los incendios habían salido de Ayacucho al 4600. “Dijeron que eran de los Funes”, aportó. También mencionó a la "novia de Funes" en supuesta referencia a Leila, que ya había sido imputada por amenazar al personal de seguridad que el 12 de enero pasado se ocupaba de la demolición del búnker. “Ustedes no saben lo que les va a pasar. Esta es la casa del Alan Funes", dijo entonces. Estaba en libertad con prohibición de acercarse a ese lugar.
La mujer sumó ahora otra imputación por amenazas coactivas, intento de extorsión y privación ilegal de la libertad por haber amenazado a dos personas para que abandonen una vivienda de Ayacucho al 4300 que le alquilaban. El hecho fue el 1º de octubre pasado cuando se presentó en la casa con dos jóvenes, le reclamó a una de las víctimas que le pagaran lo que le debían y la golpeó en la cabeza. Luego, en una estación de servicios de San Martín y Uriburu interceptaron a la otra persona que vivía en la casa. La llevaron contra su voluntad en un auto hasta la vivienda y le exigieron un millón de pesos. Estuvo retenida hasta que llegó un móvil policial tras un llamado al 911.
En el caso de Schmitt el juez hizo lugar a un pedido especial del fiscal y dispuso la suspensión total de las vistas, salvo las de sus hijos menores de edad, y de las comunicaciones con el exterior de la cárcel.
