Cuando un albañil y comerciante fue atacado con seis tiros en un kiosco de Santa Lucía en agosto de 2023, su familiares se fueron del barrio. Hacía semanas que los disparos sonaban a toda hora y antes de partir instalaron dos cámaras: una que apuntaba al fondo y otra hacia el frente del local. Con la mirada atenta al celular que reproducía las imágenes, a menos de 24 horas del atentado se sorprendieron al observar que un hombre de lentes y con algo que parecía ser un arma en un bolsillo se asomaba a la ventana. Al rato advirtieron que el comercio estaba rodeado de policías. En ese momento, exactamente, las cámaras dejaron de funcionar.
Sin perder tiempo, los allegados al comerciante se acercaron hasta el kiosco. Allí comprobaron que los efectivos habían entrado a la propiedad a la fuerza: la puerta trasera estaba destrozada, habían roto un vidrio y sustraído el monitor con el sistema de comando de las cámaras. En medio de una discusión las víctimas anotaron los nombres de tres policías. Entre ellos figura el de Luis Pais, jefe de tercio del Comando Radioeléctrico que la semana pasada fue imputado en catorce casos de allanamientos ilegales. Entre ellos, la irrupción a esa casa del barrio Santa Lucía.
¿Qué buscaban los policías al escudriñar la vivienda a escondidas, a horas de un crimen fallido? ¿Por qué se apropiaron de la memoria de las cámaras? El trasfondo no está claro aún, pero alimenta la sospecha de una posible connivencia con Pablo Camino, líder en prisión de una violenta banda ligada a Los Monos y a quien, al parecer, respondían los autores de la balacera. Esa noche, cuando se iban del barrio, las víctimas vieron a los mismos uniformados conversando en la calle con Rodrigo “Nenuco” Seguino, un joven de 23 años que cuatro meses más tarde fue imputado por el intento de homicidio.
El oficial Luis Alberto Pais es uno de los diez policías del Comando Radioeléctrico que la semana pasada fueron imputados en casos reiterados de invención de causas con armas plantadas y personas detenidas de manera ilegal para allanar sus viviendas y sustraer bienes o dinero. Era jefe del tercio implicado en esas prácticas. En la investigación de los fiscales José Luis Caterina y Karina Bartocci surge que el grupo tenía además una aceitada conexión con la Brigada Motorizada, otra tropa de calle que recientemente quedó en la lupa por operativos fraguados.
En el caso del barrio Santa Lucía Pais fue imputado por los delitos de allanamiento ilegal y robo agravado por ser miembro de una fuerza de seguridad. La incursión ocurrió antes y después de la medianoche del 3 de agosto de 2023. El día anterior habían baleado con seis tiros al comerciante Carlos C. cuando estaba por cerrar el local que atendía su pareja en la calle Débora Ferrandini al 2000.
"Nenuco" Seguino y su pareja al ser detenidos en una casa de Venado Tuerto. Los dos fueron imputados por el ataque a tiros al que sobrevivió un comerciante de Santa Lucía.
“Apareció un muchacho con una gorrita a comprarme tres cigarrillos y cuando se los di apareció otro. Me pegaron entre ocho o nueve tiros. Uno en la cara y otro en la espalda mientras me cubría”, contó el hombre de 40 años, que estuvo dieciséis días internado en terapia intensiva con heridas en la cara, el abdomen y una pierna.
Santa Lucía, bajo fuego
La familia no reportó haber sufrido amenazas ni reclamos extorsivos, pero en el barrio las balaceras a comercios se repetían: “Algunos eran amenazados y otros no, pero todos recibían disparos”. Los vecinos decían que los atacantes eran soldaditos de Pablo Camino, preso por entonces en la cárcel federal Rawson, condenado a 40 años de prisión y acusado de organizar bandas desde el encierro, además de atentados como la balacera al súper de los suegros de Lionel Messi y el crimen al azar del músico Lorenzo “Jimi” Altamirano en el marco de una pelea con otra facción de Los Monos.
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“Esa noche estuvieron a los tiros en el barrio y al día siguiente pusimos las cámaras”, contaron familiares del comerciante, que primero se instalaron en las casas de parientes y luego se fueron a vivir a otra ciudad. En ese clima, miraban a cada rato las imágenes del monitoreo desde un celular. “En eso veo que las cámaras toman a un hombre mayor, de lentes, que se asoma a la ventana del kiosco, mira para adentro y se retira, me parece que tenía algo en el bolsillo pero no se llega a ver bien si era un arma”, contó uno de ellos.
Eso ocurrió a las 21 del 3 de agosto. Apenas pasada la medianoche advirtieron más movimientos: “Estaban todos los policías en la cuadra del kiosco. Mientras me cambiaba para ir a ver qué pasaba me doy cuenta de que las cámaras dejaron de funcionar”, contó una de las víctimas, que al llegar se encontró con siete uniformados frente al local.
“Ellos me dicen que querían entrar al kiosquito, entonces los dejo pasar por la puerta de adelante. Cuando me abro me doy cuenta de que otros oficiales habían entrado por la puerta de atrás, que la habían reventado. También habían roto el vidrio. Les pregunté por qué habían hecho eso y me dicen que estaban en una persecución. Me pongo a discutir y uno de los patrulleros se va. Nos trataban mal, nos gritaban. Después me doy cuenta de que faltaba el monitor de las cámaras”, amplió.
Tres policías, un papel
Otros familiares se acercaron a la casa y en un papel que entregaron a la Fiscalía como prueba alcanzaron a anotar los nombres de tres policías, agrupados por una llave con la referencia “Comando Radioeléctrico”. El nombre de Pais figura con otra caligrafía: según las víctimas lo anotó él mismo. Contaron que al salir del barrio, en Provincias Unidas y 27 de Febrero, vieron al móvil que se había retirado antes junto a un auto negro con vidrios polarizados. Un vehículo similar al Peugeot en el que los testigos habían visto a Nenuco dando vueltas por el barrio el día del ataque: “El que estaba hablando con los agentes era Nenuco, no llegué a ver quiénes eran los acompañantes”.
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Rodrigo Luján Seguino, alias Nenuco u Oreja, de 23 años, fue detenido a los tres meses junto a su pareja en Venado Tuerto. A fines de diciembre de 2023 el fiscal de Homicidios Gastón Avila lo imputó junto a Marisol Ever, de 31, como coautores del atentado. La mujer como quien pasó antes por el kiosco a realizar “inteligencia” y comprobar quién atendía. En el caso de Oreja, como autor de los disparos. Sumó la portación ilegal del arma Taurus calibre 40 usada en el ataque y un episodio de extorsión.
Una semana antes había sido implicado también como coautor, en el rol de quien pidió los cigarrillos, un medio hermano de Seguino, Mario Federico Bouvier. Es también hermano de Nicolás “Tío Lucas” Bouvier, un preso de la cárcel de Coronda que cumple condena por homicidio y acusado de extorsionar a un empleado de Prefectura para que entregara su casa, también del barrio Santa Lucía, que fue blanco de una balacera.
Si bien no llegó a comprobarse una relación de los policías con la banda de Camino, los fiscales plantearon en la imputación que se sigue investigando a qué obedecía el interés de Pais por las cámaras: con el robo del DVR y del monitor el material fílmico se perdió. Una hipótesis de la acusación es que intentara encubrir el ataque contra el comerciante, quizás en la creencia de que el monitoreo había sido instalado antes de la balacera. Otra es que se tratara de una “investigación paralela” con fines extorsivos para chantajear a los coautores.
