La defensa de Aldair Edilson C. P., el joven de 23 años imputado por asesinar de un disparo a Nahuel Ciarroca para robarle el teléfono celular en agosto de 2016, solicitó la nulidad de la pruebas y de la investigación, así como una declaración de inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio críminis causa. Precisamente ese encuadre, que otorga una pena máxima a quien mata para asegurarse la impunidad en otro delito —en este caso el robo previo— es el que impulsa el fiscal del caso, quien insiste con la acusación.
Ambas posturas quedaron bien definidas en la audiencia preliminar al juicio realizada días atrás. El juez dio por formalizado el acto, pero se tomará el plazo legal para resolver los planteos, por lo que se espera para los próximos días una resolución de su parte.
Días atrás se celebró en Tribunales la audiencia preliminar al juicio oral y público que se prevé para el final del proceso judicial abierto a partir del conmocionante crimen de Ciarroca, ultimado de un balazo mientras caminaba por Dorrego y Amenábar. Su asesinato, el 15 de agosto de 2016, fue consecuencia de un asalto en el que lo despojaron de su celular Samsung blanco modelo J7.
Eran cerca de las 20 de ese día cuando Nahuel caminaba rumbo a su casa desde lo de sus padres, en Italia al 2700. El joven de 28 años hablaba por su celular cuando, según la hipótesis fiscal, al llegar a la esquina de Amenábar y Dorrego se topó con Aldair Edilson C. P. Este lo persiguió unos 50 metros hasta alcanzarlo y exigirle su teléfono.
La víctima no se resistió y entregó el aparato. Pero en un acto reflejo y tras ser desapoderado, Nahuel extendió la mano para tomar al ladrón de la capucha de su campera. Entonces el asaltante se dio vuelta y le gatilló con un revólver calibre 32 un proyectil que impactó en el pecho de Ciarroca, que murió en el acto.
El asaltante huyó corriendo por Dorrego hacia el sur. En ese marco advirtió que una automovilista había observado la secuencia, por lo cual también disparó contra el vehículo en cuyo tanque de nafta quedó alojado un proyectil.
Tres días después, Aldair quedó en prisión preventiva luego de ser detenido en un allanamiento en el departamento de su novia, en Mendoza y Castellanos, y quedó señalado por el fiscal Rafael Coria como el principal sospechoso del homicidio.
Audios
En la audiencia preliminar al juicio, el fiscal expuso ante el juez Juan Andrés Donnola, el acusado y su defensora Nora Gaspire las evidencias en las cuales sustentó la acusación. Mencionó una cadena de mensajes de Whatsapp que el propio sospechoso inició en los cuales él mismo hacía referencia al robo, audios que luego comenzaron a circular entre sus allegados.
En ese sentido, recordó que hubo al menos tres personas cuyos teléfonos se pudieron peritar y así constatar la legitimidad de los mensajes. Incluso uno con un audio que fue cotejado con la voz de imputado con resultado positivo. Los usuarios de los teléfonos, por ahora en reserva de identidad, fueron ofrecidos como testigos para el juicio.
En uno de esos mensajes que emitió el acusado el mismo día del hecho a las 20.17 dice: "Un J7, recién por Dorrego, escuchaste los dos corchazos". Diez minutos más tarde mandó otro mensaje donde dice: "Nah, si le di un cañazo". Y a las 20.20 otro más elocuente: "Forcejeamos. Era más alto que yo. No quedó otra. Si no le tiraba perdía".
Imágenes
El fiscal hizo alusión también a un mensaje que el acusado remitió a un contacto con la foto del celular robado sobre un colchón de su casa, así como otros elementos secuestrados en varios allanamientos, entre ellos una campera del Real Madrid con la que antes, durante y después del crimen fue visto por testigos.
Coria también sumó como evidencia incriminante los informes del cotejo de las imágenes de los domos de videovigilancia de una casa ubicada en la ochava noreste de Amenábar y Dorrego donde se puede ver el ataque, y de otra ubicada frente a la vivienda del acusado, en Gaboto al 1600. Además, la dueña del auto baleado aportó rasgos fisonómicos de la persona que disparó que coinciden con Aldair.
Entre las pruebas que pidió incorporar el fiscal también figura un cotejo balístico entre los proyectiles hallados en cuerpo de Ciarroca y el tanque de nafta del vehículo, que fueron coincidentes: se trató de un arma calibre 32 largo. Sumó además una pericia psiquiátrica del acusado de la cual se desprende que comprendió la criminalidad de sus actos.
Con ese cúmulo de pruebas, Coria solicitó la pena de prisión perpetua para el imputado como autor del delito homicidio críminis causa (matar para asegurarse la impunidad del robo), portación y abuso de arma de fuego de uso civil.
Invalidez
A su turno, la defensora del Servicio Público de la Defensa Penal (SPDP) Nora Gaspire expuso su estrategia de atacar la validez de la pesquisa. Con sólidos argumentos citó jurisprudencia, tratados internaciones y legislación que respalda su postura. Así, solicitó que se rechace la acusación y se declare la invalidez de las pruebas porque su parte no tuvo acceso ni la pudo controlar.
En ese sentido Gaspire reclamó el sobreseimiento y la inmediata libertad de su asistido. O que subsidiariamente se le morigere la prisión preventiva por una domiciliaria en casa de sus padres con control a través de una tobillera electrónica. Y también pidió la declaración de inconstitucionalidad de la pena máxima que impulsó la fiscalía.
La defensora cuestionó que toda la construcción de la hipótesis fiscal se inició a partir de un llamado anónimo al 911 ya que en las primeras medidas "sólo se podía ver a un hombre con campera clara", dijo la abogada en referencia a las imágenes de los domos. "No pueden tener validez esas declaraciones y las subsiguientes porque la defensa nunca pudo controlar la prueba", indicó Gaspire, que impulsó la "ineficacia de la evidencia y todos los actos que pendan de ella".
Al citar doctrina que alude a la teoría del "árbol venenoso" (pruebas de un delito obtenidas de manera ilegítima) y articulado del Código de Procedimiento Penal, solicitó directamente la "exclusión probatoria".
"Nos enteramos un año y medio después de quiénes son los testigos de identidad reservada", argumentó. Y al reclamar la inconstitucionalidad de la pena, la abogada mencionó pactos internacionales que prohíben "penas crueles" que "atentan contra la resociabilización. ¿Condenarlo a prisión perpetua no es lo mismo que una pena de muerte para un chico que tiene poco más de 20 años"?, preguntó Gaspire en la audiencia.
Finalmente la defensora solicitó que en caso de que no se haga lugar a sus pedidos, analice modificar el encuadre legal por el de homicidio en ocasión de robo. "No hay constancia de dolo, Nahuel lo trae de la capucha y el disparo se efectúa por temor, por la supremacía física".
Plazo
El juez Donnola dio por celebrada la audiencia preliminar, pero dejó pendiente de resolución si admite o rechaza la incorporación de la prueba hasta evaluar los planteos. Para ello se tomó los cinco días de plazo legal que establece el Código de Procedimiento Penal, lo que implica que en los próximos días podría conocerse su resolución.
bronca y dolor. El crimen de Nahuel, de 28 años, originó una serie de marchas en reclamo de justicia.
