Sábado 07 de Enero de 2017
El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, pidió al fiscal del mismo fuero en esa ciudad que investigue si el gobernador de Corrientes, Horacio Ricardo Colombi, cometió algún delito cuando intentó impedir que la policía santafesina realizara allanamientos y detenciones en una causa por narcotráfico en una ciudad correntina. Los procedimientos habían sido realizados hace dos semanas en Goya por efectivos de tres divisiones de la policía santafesina, quienes intervinieron siguiendo instrucciones y órdenes del propio juez Alurralde.
"Inicié una causa para que se investiguen todos los hechos que ocurrieron en Goya, que no sólo tuvieron como progatonista al gobernador de Corrientes sino también a la policía de esa provincia", informó Alurralde desde Reconquista.
La decisión del magistrado federal se suma a la denuncia judicial realizada por el jefe de la Dirección de Control y Prevención de Adicciones de la policía de Santa Fe, José Mario Moyano. Este oficial es quien estaba al frente de los allanamientos ordenados por Alurralde en Goya y fue demorado por la policía correntina junto a otro efectivo bajo su mando. La presentación de Moyano hasta ahora no había tomado estado público.
Justamente eso es lo que quiere Alurralde que se investigue ya que, al ser demorado, Moyano recibió la explicación de la policía de Corrientes de que lo hacía "por orden del gobernador Colombi".
Estas iniciativas, la de Moyano y ahora la de Alurralde, judicializan el grave episodio ocurrido en la ciudad correntina el 21 de diciembre pasado.
Un episodio grave
Ese día, una brigada compuesta por efectivos de la ex Drogas Peligrosas, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) y la Unidad de Trata de Personas de la policía santafesina llegó hasta Goya para realizar allanamientos y detenciones en una causa relacionada con el tráfico de estupefacientes. La investigación se había iniciado un año antes, con el secuestro de un cargamento de marihuana y quedó a cargo de Alurralde. Tras las primeras pesquisas, todos los indicios comenzaron a apuntar a narcos correntinos afincados precisamente en Goya, ciudad situada al otro lado del río Paraná, frente a Reconquista.
El día de los procedimientos, Colombi se trasladó 160 kilómetros, desde la ciudad de Corrientes hasta Goya, para tratar de impedir que la policía santafesina practicara los allanamientos y detenciones. La policía correntina, en tanto, obedeció sus órdenes directas e incluso llegó a demorar durante varias horas al jefe del operativo, el comisario Moyano, y a otro integrante de la brigada.
En las horas posteriores, el grave episodio desencadenó una serie de declaraciones públicas y acusaciones cruzadas entre el propio Colombi y las autoridades políticas de Santa Fe, incluidos el gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Ambos defendieron la legitimidad de la actuación de la policía santafesina en la vecina provincia, que actuó en Goya siguiendo órdenes de un magistrado federal que investigaba a una organización de traficantes. Además, destacaron ambos, actuaron amparados por la ley.
Ayer Alurralde explicó que esa investigación continuó adelante pese a la insólita intervención del gobernador Colombi. Dijo que en estos días se realizan pericias sobre el material probatorio incautado en los allanamientos en Goya, y reveló que los detenidos en esos procedimientos fueron trasladados a la cárcel de Coronda.
Sin prejuicios
El magistrado explicó además que al ordenar una investigación contra Colombi no parte desde ningún prejuicio. Sin embargo, aseguró con énfasis que como funcionario judicial no puede dejar de investigar la conducta del gobernador y de los jefes policiales que respondieron a sus insólitas órdenes. "Existe la posibilidad de que hayan cometido delitos de acción pública y debemos averiguarlo", sostuvo.
Formalmente, lo que hizo Alurralde es abrir un proceso penal y pedirle al fiscal federal de Reconquista, Bruno Ojeda, reemplazante temporal de la fiscal federal Viviana Bruno, que investigue a Colombi y los uniformados correntinos que trataron de impedir los allanamientos y las detenciones de personas sospechadas de participar de una red narco con base en Goya y puntos de distribución y venta en distintas ciudades y localidades santafesinas y otras dos provincias.
Alurralde aclaró expresamente además que su pedido de investigación no termina en Colombi sino que incluye "a todos los protagonistas" del episodio del 21 de diciembre en Goya, y eso incluye a los jefes policiales de esa ciudad.
Más allá de que el investigado sea la máxima autoridad política de una provincia, el juez Alurralde explicó que cualquier ciudadano puede ser sujeto de una investigacion respecto de sus actos, razón por la cual no hay motivos para no poner bajo la lupa a Colombi por el solo hecho de ser goberandor. "Nadie está por encima de la ley, ni siquiera los funcionarios públicos y los magistrados", aseguró.
Vehículos con drogas
La investigación que condujo a Alurralde y la policía santafesina a Goya se había iniciado un año antes, pero en los días previos al escandaloso allanamiento del 21 de diciembre la interceptación de una lancha cargada con droga proveniente de esa ciudad aceleró el procedimiento.
Sin embargo, la irrupción en el escenario de la policía correntina primero, y de Colombi después, complicó las cosas. El gobernador quiso justificar su insólita intervención en la defensa de los testigos, trasladados de Corrientes a Goya por la policía de Santa Fe. Tanto en la estructura de la Justicia federal como en el poder político de la provincia de Santa Fe, en cambio, hay sospechas solapadas de que detrás de ese gesto puede esconderse algo más, como la intención de proteger a alguien e impedir que fuera detenido.
El procedimiento finalmente se hizo y hubo diez arrestados, entre ellos Javier Oscar López. Según sospechan los investigadores judiciales y policiales santafesinos, el "Cabezón" López trafica periódicamente unos 200 kilos de marihuana desde Goya a Chaco, Santa Fe y Entre Ríos. Alurralde llevaba seis meses investigándolo y López es una de las personas que terminaron detenidas en la ciudad correntina. Ahora está preso en Coronda, como los otros presuntos narcos que cayeron ese día.
Colombi, en tanto, ya es parte de una investigación judicial "por enriquecimiento ilícito, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, evasión tributaria agravada y abuso de autoridad". La denuncia es del año pasado y está a cargo de Carlos Schaffer, uno de los fiscales federales de Corrientes.