Ariel Máximo "Guille" Cantero, considerado líder de la banda Los Monos y preso en la cárcel federal de Marcos Paz, busca que la Justicia revise y revierta las condiciones de detención a las que está sujeto en el marco del programa que controla a los reclusos calificados como de alto riesgo. Su abogado defensor, Leonel Iesari, presentó un habeas corpus que también incluye un reclamo para Luciano Uriel "Lucho" Cantero, sobrino de "Guille" e hijo del asesinado Claudio "Pájaro" Cantero. " No son medidas para garantizar seguridad afuera, son para que sufran y padezcan", cuestionó.
A fines de enero pasado la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentó el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo. Un esquema de control sobre los internos vinculados a delitos graves y redes criminales complejas y que, por lo tanto, alcanza a rosarinos presos en cárceles federales por causas relacionadas al narcotráfico.
"Las personas privadas de libertad de alto riesgo son propensas a comportamientos violentos, manipulativos y de extorsión", explica la resolución 35/2024 publicada en Boletín Oficial el 23 de enero pasado. "El concepto de 'alto riesgo' hace alusión a la participación de las personas privadas de la libertad en organizaciones criminales, a las posibilidades fácticas que tienen de fugarse, ya sea por sus propios medios o con ayuda de terceros; de ejercer violencia hacia la comunidad o de daño a la misma en caso de fugarse; de dirigir actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios con impacto en la sociedad; de intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, y de entorpecer investigaciones judiciales en curso", desarrolla el documento que fundamenta dicha resolución.
"Ni poder ni privilegios"
Suficientes investigaciones judiciales determinaron que líderes criminales continúan delinquiendo estando en prisión. Que a su vez, por connivencia o intimidaciones, agentes penitenciarios facilitan el acceso a determinados privilegios como el ingreso de elementos prohibidos. Que, por el poder que supone el liderazgo de organizaciones criminales, ejercen control sobre otros internos. En definitiva, que aún estando bajo custodia del Estado tienen la capacidad de infringir la ley hacia dentro de las cárceles y hacia afuera.
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Pero, más allá del necesario control de esta problemática, este sistema comenzó a repercutir en el día a día de los internos, habituados hasta antes de la puesta en marcha de estas medidas a un cronograma diario que incluía llamadas con familiares, actividades deportivas, recreativas y educativas. Derechos que, explican los defensores, comenzaron a verse seriamente limitados.
Foto: Virginia Benedetto/ La Capital
En ese marco fue que el 10 de julio se dispuso que los reclusos que integran la categoría de alto riesgo vistieran un uniforme específico, lo que motivó una serie de protestas que incluyeron huelgas de hambre en la cárcel federal de Ezeiza. La ministra Bullrich ensayó su respuesta en su cuenta de X: "Los que asesinaron, torturaron y dominaron Rosario durante años, ahora piden 'abrazar a sus seres queridos'. Los narcoterroristas ya no tienen ni poder ni privilegios. Ni dentro ni fuera del penal".
Los Monos
La reciente presentación de un habeas corpus de parte de Leonel Iesari, representante legal de Ariel Máximo "Guille" Cantero y su sobrino "Lucho", ambos vinculados a la banda Los Monos, apunta a que la Justicia revise las presuntas irregularidades que padecen los internos por decantación de la puesta en vigencia del nuevo sistema. "Les pedimos a los jueces porque son ellos los que tienen que garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. La pena privativa de la libertad hace perder la libertad, ningún otro derecho, después hay que garantizar los otros derechos, y estamos viendo que cada vez es más restrictivo", analizó Iesari.
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"Los únicos que tienen incomunicación absoluta son Luciano y Ariel Máximo. No tienen llamadas telefónicas, solamente con los abogados. Tienen una visita semanal de tres horas, si son mayores pueden pasar por el scanner y tener contacto físico y si no pueden pasar por el scanner se ven a través de un blindex", explicó el abogado. Tal es el caso de embarazadas y niños, que por sugerencia vinculadas a la salud no pueden someterse a esa tecnología.
El Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, donde está alojado el líder de Los Monos, Ariel Máximo "Guille" Cantero.
En el caso de los Cantero esa situación repercute en la falta de contacto con sus hijos más chicos. "Queremos que pasen por el scanner. Los padres autorizan que un médico vea cada cuánto pueden pasar, para que tengan contacto una vez al mes", indicó Iesari. "¿Cuánto mal les hace no tener contacto con sus padres o verlos a través de un blindex?", cuestionó.
"Para que sufran"
Para Iesari la reciente decisión de distinguir a los reclusos de alto riesgo con una vestimenta particular también afectó a los derechos de sus defendidos. "La semana más fría les sacaron la ropa y los dejaron con un buzo de trabajo y una manta. Si los quieren tener identificados está perfecto, que les den un uniforme para cuando circulen por dentro de la unidad. ¿Pero por qué tienen que dormir con una manta y no con un acolchado que se los dio la familia?", apuntó.
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En ese sentido el abogado consideró que no se tratan de decisiones que apuntan a la seguridad hacia adentro o fuera de las cárceles, sino de "verdugueos". "Empiezan a tomar otros tintes las medidas. No son para garantizar seguridad afuera, son para que sufran y padezcan", sostuvo. "¿Hasta cuándo pueden tener a Cantero, que hace desde 2022 que está solo y aislado, sin tener contacto con otros presos?", preguntó en relación a Guille, que acumula condenas por más de 100 años de cárcel en causas por homicidios y narcotráfico.
Formalmente la presentación del habeas corpus plantea: "La finalidad de las medidas no obedecen a ningún tipo de control en seguridad, peligro de fuga o de poseer elementos prohibidos. Sino hacerles sentir padecimiento en su integridad física, violando toda la normativa constitucional y tratados internacionales respecto a las personas privadas de la libertad". La solicitud se debatirá en una audiencia el próximo viernes.
